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Si la policía es atacada, ¿debe retroceder? Lo que dice la ley de procedimiento policial

Mario Layera y Jorge Larrañaga expresaron posturas antagónicas. ¿Quién tiene razón? 

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08 de diciembre de 2019 a las 05:01

"La policía no va a retroceder, que no se confunda la aplicación de la ley con ejercicio autoritario". El futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga, hizo esta declaración después de reunirse este jueves con el presidente electo, Luis Lacalle Pou, para definir los detalles de su administración, e hizo énfasis en "la necesidad de terminar con la impunidad" de los delincuentes que, a su entender, es consecuencia del "fracaso del Estado".

Al ser consultado, Larrañaga se referió a cómo actuaron dos policías en el barrio Mónaco de Carrasco, en Canelones, cuando dos vecinos atacaron el patrullero a palazos y ellos se fueron del lugar, sin poder cumplir con su tarea: encontrar al delincuente que había robado una moto. El futuro ministro dijo que el procedimiento "fue inadecuado".

Sin embargo, el director nacional de Policía, Mario Layera, aseguró que los oficiales no podrían haber actuado de otra forma. Cuando el policía está "sobrepasado por la fuerza a la que se enfrenta, debe alejarse y preservar su integridad física, a los efectos de pedir apoyo y que las unidades especializadas que están preparadas para responder concurran y actúen", explicó en el programa de radio Carve Así nos va, y se refirió a la ley de procedimiento policial que regula la actuación de los uniformados. 

Layera cree que "hay un relato contrario, diferente, que tiene una interpretación totalmente diferente en cuanto a los protocolos que se deben aplicar", aunque dijo que no corresponde al Ministerio del Interior responder. Para el jerarca, "cuando se opina, se interpreta y se hace un relato que busca afectar el honor de una institución o de los policías", les están faltando el respeto.

Como su nombre lo indica, la Ley de Procedimiento Policial prevé cómo los policías deben actuar. El artículo tres señala cinco fases: "la observación, la prevención, la disuasión y, excepcionalmente, la represión". El uso de la fuerza debe ser "moderado, racional, progresivo y proporcional". 

La norma expresa que "en todo momento solamente se adoptarán las medidas de seguridad defensivas u ofensivas estrictamente necesarias" y que "el personal policial debe llevar a cabo cualquier detención en forma eficiente y con el menor riesgo posible para su vida o integridad física o la de los efectivos que participen en el procedimiento, sin aplicar la fuerza en forma innecesaria u ostentosa".

El abogado del sindicato policial, Washington Abdala, entiende que los policías actuaron "con prudencia, tino y mesura" en el caso de Canelones. "Si hubieran actuado de otra forma, hubieran incumplido la ley", aseguró. 

No obstante, a diferencia de lo que planteó Layera, Abdala no cree que los oficiales actuaran así porque tuvieran presente la normativa que regula el procedimiento policial. "No tenían otro margen, cualquier otro procedimiento hubiera sido una barbaridad. Si se quedaban iban a tener que usar un arma de fuego", indicó. 

Para el abogado, dos discusiones pendientes subyacen este episodio: la formación de los policías y las leyes que los amparan a ellos y a la ciudadanía. 

Abdala planteó que muchos policías "no tienen la formación mínima de las normas que rigen su actividad". El marco normativo, a grandes rasgos, está definido por la Ley Orgánica Policial, la Ley de Procedimiento Policial, las instrucciones de Fiscalía y apartados del Código del Proceso Penal que refieren a su actividad. 

No obstante, señaló que el "nudo gordiano" al hablar sobre represión policial es el uso de la fuerza que permite la ley en contraposición al argumento de la legítima defensa, amparado en el artículo 26 del Código Penal. Según dijo, no siempre los jueces y fiscales se guían por el mismo criterio. 

"En los últimos años la policía no está siendo sancionada por su actuación, pero hace tres años esto no era así", indicó el abogado del sindicato policial. Por lo tanto, además de mejorar la formación de los futuros oficiales, Abdala cree que se debería "mejorar el arco jurídico" para que no haya lugar a dobles interpretaciones cuando del uso de la fuerza se trata. 

Estos temas estuvieron presentes en la campaña electoral y fueron dos ejes del debate sobre seguridad pública. En el acuerdo que firmaron los partidos que integrarán la coalición liderada por Lacalle Pou, hay un apartado que refiere a medidas que, supuestamente, permitirán tener "una policía respetada" y una "sociedad pacífica".

El texto indica que el próximo gobierno va a "introducir la presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales", para que puedan "ejercer plenamente la autoridad atribuida por la Constitución". También señala que va a "profundizar y ampliar la formación policial en todos sus niveles y tareas" y revisar la Ley de Procedimiento Policial en lo que refiere al uso de armas de fuego, registros, identificación y detenciones. 

En mayo, el entonces precandidato Lacalle Pou criticó que hubiera policías que retrocedieran al intentar entrar en barrios de contexto crítico. "¿Sabés cuáles son las cosas que a mí más me rebelan de este gobierno? Que se escudan detrás de las zonas rojas. Yo vi videos, ustedes los vieron, de policías retrocediendo", dijo en el programa En La Mira, de VTV.

El subdirector de la Policía, Hugo de León, cuestionó el planteo de Lacalle Pou y dijo que había gente que quería que los policías dieran "palo". "Esa no es la filosofía de la policía", afirmó. Además, consideró que la aprobación de la presunción simple de legítima defensa podía ser "muy peligrosa" y llevar a los oficiales a la "confusión".

"¿Qué sucedería aquí? Se habla muchas veces del gatillo fácil. Y eso es cierto. ¿Y qué significa el gatillo fácil? Significa que en vez el arma de ser el último recurso pasaría a ser el primero. Y eso es muy peligroso y eso no puede concebirse de ninguna manera", concluyó De León. 

El presidente electo remarcó durante la campaña que, a su entender, los gobiernos del Frente Amplio no lograron controlar la inseguridad por una cuestión “ideológica”. Cuando en el debate presidencial Daniel Martínez, el candidato oficialista, afirmó que la legítima defensa presunta solo iba a “asegurar más violencia y más muerte”, Lacalle Pou dijo que hoy en día son los delincuentes quienes tienen "el gatillo fácil".  

Sobre este punto volvió en la entrevista que dio a Telemundo después del balotaje, aunque dijo que "debe ser prevenida" la posibilidad de que esta medida se preste al "gatillo fácil". 

 

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