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Sigiloso embate tributario
El proyecto de ley para crear un nuevo impuesto al sector productivo privado, pergeñado en penumbroso sigilo para ocultar su improcedencia, aduce asegurar que el personal de una empresa quebrada cobre sus haberes. Pero es, en realidad, solo otro embate de la recurrente ofensiva del PIT-CNT y algunos dirigentes del Frente Amplio para aumentarle la ya pesada carga impositiva al sector privado. Un cúmulo de razones impone el rechazo de la iniciativa. En primer lugar, el presidente Tabaré Vázquez se comprometió públicamente, durante la campaña, a no establecer más impuestos. Su posición como jefe del gobierno se fragmentaría si legisladores de su fuerza política, al impulso de la central sindical, lo dejaran en blanco.
Tanto o más importante es el error conceptual de los promotores del proyecto. Un aumento tributario a las empresas no ayuda a los trabajadores, sino que los perjudica. Una firma que ve afectada su ecuación económica tiende naturalmente a reducir sus costos de personal, amenazando con mayor desempleo en momentos en que este índice va aumentando por impacto de la difícil coyuntura económica del país. Es cuestionable, además, la necesidad de una nueva ley para asegurar que los empleados de una firma caída en insolvencia cobren lo que les adeuda. Una ley de 2008 ya establece que, en estos casos, los haberes de los trabajadores son créditos privilegiados, lo que les confiere prioridad en el cobro.
El propuesto castigo al sector productivo privado busca simplemente sacarles más dinero a las empresas para una eventualidad de insolvencia que es infrecuente. Todo huele más a concretar un viejo reclamo síndico-partidario sin fundamento económico. Todas estas razones tornan irrelevante, por otra parte, el argumento del diputado Luis Puig, uno de los propulsores del proyecto, de que el nuevo impuesto es de escaso volumen, con un aporte empresarial del 0,5% de “todos sus rubros”, a ser volcado al Banco de Previsión Social como fondo de garantía de créditos laborales. Simplemente no corresponde, así sea de alto o bajo costo.
Y no es de gravedad menor la forma solapada con que se manejó el proyecto, redactado por el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y algunos diputados de extracción sindical. Después que El Observador reveló su existencia en la comisión de Legislación del Trabajo, Puig implicó que era respaldado por la bancada oficialista de diputados. Pero fuentes de ese bloque legislativo informaron que nunca trataron el tema y que se les pasó “desapercibido”. Los comentarios de estas fuentes crean dudas sobre el respaldo parlamentario a la iniciativa, especialmente teniendo en cuenta que la exigua mayoría oficialista de una banca en Diputados ya fue quebrada por tres legisladores rebelados durante los tironeos presupuestales.
Dirigentes de las cámaras empresariales tampoco tenían noticia alguna del proyecto, que consideran tan inconveniente como innecesario. Es ahora responsabilidad del gobierno asegurarse de que no prospere esta nueva movida del PIT-CNT y sus aliados parlamentarios contra el sector privado, cuyo funcionamiento en condiciones de cierto equilibrio impositivo es esencial para capear las agravadas perspectivas del crecimiento económico en el mediano plazo. No solo está en juego el compromiso asumido públicamente por Vázquez de no crear nuevos impuestos. Está también en juego el ejercicio realista de la razón en el área tributaria y de mantener un clima favorable a la inversión, como predica Vázquez en su viaje por Francia y Japón.
