Suman 165.000 los haitianos desplazados por la violencia y otros 13.000 por las inundaciones

Las cifras surgen de la información actualizada por la oficina de la Naciones Unidas (ONU) en Haití, según las cuales alrededor de 1.630 personas fueron asesinadas, heridas o secuestradas desde principios de año, un 30% más que en el mismo período de 2022. “Estamos profundamente alarmados por la escalada de la crisis”, dijo el jefe de la misión, Philippe Branchat.

Según la delegación con sede en Puerto Príncipe, la capital del país, casi la mitad de la población, de aproximadamente 5,2 millones de personas, necesita con urgencia ayuda humanitaria. "La seguridad y el bienestar de las poblaciones desplazadas, pero también la de nuestro personal, es la máxima prioridad en este momento”, agregó Branchat, quien subrayó la necesidad de buscar soluciones a largo plazo.

El funcionario precisó que también es apremiante la situación presupuestaria de la misión de la ONU, que solo cuenta con un financiamiento asegurado del 20% del total presupuestado, lo que amenaza con paralizar el suministro de ayuda alimentaria y sanitaria, pero también la capacidad para ofrecer refugio a los desplazados por las tormentas y bienes de primera necesidad, como ropa, artículos de higienes y utensilios de cocina, entre otros.

"Seguimos al lado del pueblo de Haití y nos comprometemos a permanecer y prestar ayuda siempre y cuando sea posible", advirtió Branchat en un contexto en el que los enfrentamientos entre bandas fuertemente armadas, los secuestros extorsivos, la violencia de género, las ejecuciones extrajudiciales y las actividades de los grupos parapoliciales ya son parte de la vida cotidiana de los haitianos.

La creciente ola de violencia se suma ahora a la presión adicional derivada de las inclemencias meteorológicas. Desde el comienzo de la temporada ciclónica el 1 de junio, más de 46.000 personas se vieron afectadas y 13.000 tuvieron que abandonar sus hogares a raíz de las graves inundaciones ocasionadas por las lluvias torrenciales y el terremoto de magnitud 4,9 en la escala de Richter registrado el pasado 6 de junio, fenómenos que agravaron todavía más la situación humanitaria, explicó la OIM.

El terremoto de esta semana en el sur del país se produjo menos de dos años después de otro de magnitud 7,2 en la escala de Richter, que acabó con la vida de 2.200 personas y destruyó los hogares de unas 1.500 familias que desde entonces viven en condiciones de desplazados en campamentos administrados por la ONU, pero también en otros improvisados en condiciones deplorables y sin acceso a los servicios más básicos.

“En estas circunstancias se acrecienta la preocupación por el acceso a agua limpia y segura, dada la recurrencia de los brotes de cólera en los lugares de desplazamiento”, advirtió la OIM, organismo que lidera el Grupo Sectorial de Coordinación y Gestión de Campamentos y que aboga por una respuesta internacional y multisectorial para enfrentar una crisis que se agrava por el retorno desde inicios de este años de unos 61.6000 nacionales haitianos expulsados de República Dominicana.

Pese a los reiterados pedidos del secretario general de la ONU, António Guterres, y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, para que la comunidad internacional concrete una "respuesta firme y urgente" ante la situación de emergencia mediante el envío de una misión multinacional, el Consejo de Seguridad del organismo se limitó una vez más a expresar su “preocupación” por el agravamiento de la situación.

"Los miembros del Consejo de Seguridad están muy preocupados por el deterioro de la seguridad y la situación humanitaria ", indicó mediante una declaración el órgano que integran Rusia, China y Estados Unidos, entre otros países; texto que menciona los secuestros, la violencia sexual, la trata de personas, las ejecuciones extrajudiciales y el reclutamiento de niños en grupos armados, al tiempo que afirma que "los responsables de estos crímenes atroces sean llevados ante la justicia".

Lejos de las intenciones, los hechos señalan que no se han realizado elecciones desde 2016 y que el primer ministro Ariel Henry, designado en julio de 2021, 48 horas antes del asesinato del último presidente, Jovenel Moïse, carece de legitimidad y hace imposible celebrar comicios en condiciones seguras, según los analistas y las oenegés que trabajan en el territorio.

(Con información de AFP)