El Gobierno de Italia presentó un nuevo proyecto de ley sobre inmigración centrado en los menores, que podrán ser acogidos temporalmente en estructuras para adultos, a quienes se harán pruebas médicas para determinar su edad.
Conforme al proyecto aprobado por el Consejo de Ministros, los menores no acompañados de más de 16 años podrán ser enviados, durante 90 días como máximo, a espacios reservados en establecimientos de acogida para adultos.
La iniciativa todavía tiene que ser aprobado en el Parlamento, donde el gobierno de la ultraderechista primera ministra Giorgia Meloni tiene mayoría absoluta, una medida que calificó como “preocupante” el portavoz de Unicef en Italia, Andrea Iacomini. "No los podemos meter con los adultos", denunció.
Normalmente, los menores no acompañados, como así también las madres con niños o mujeres embarazadas, son trasladados a centros de acogida con servicios sociales y sanitarios, con vista a una integración, como cursos de idioma o de formación profesional.
El objetivo principal del proyecto de ley son los jóvenes migrantes que aseguran tener menos de 18 años para evitar ser expulsados. Con el objetivo de impedirlo, el decreto autoriza "medidas antropométricas" y “exámenes médicos”, entre ellos “radiografías óseas”, para determinar su edad.
Desde principios de 2023 han desembarcado 133.005 migrantes en Italia, según los datos informados por el Ministerio del Interior del país; cifra un 90% superior a la registrada en el mismo periodo de 2022, cuando desembarcaron 69.806 personas, y un 197% más elevada que la de 2021, cuando llegaron 44.702 personas, casi todas a través del mar Mediterráneo.
"Con estas nuevas reglas, ya no será posible mentir sobre vuestra verdadera edad", lanzó a modo de advertencia Meloni en una declaración de tono similar a lo expresado por el ministro de Inmigración británico, Robert Jenrick, quien además evaluó que, la iniciativa que debe ser aprobada por el Parlamento, será “un paso crucial” en “la lucha contra la migración ilegal".
Según los funcionarios del gobierno del primer ministro Rishi Sunak, la importancia de la evaluación, básicamente radiografía de la estructura ósea y duramente criticada por organizaciones civiles, radica en su potencial para prevenir que adultos se hagan pasar por menores y accedan a beneficios que no les corresponde según las normas vigentes, que garantizan a los menores una atención adecuada.
En Italia, sin embargo, este tipo de exámenes ya están autorizados desde 2017, con la ayuda de otros métodos de verificación. "En lo concreto, no cambia nada", advirtió el vocero de Unicef, recordando que muchos menores vienen de países donde es imposible determinar la edad en base a documentos oficiales.
La evaluación de la edad, sobre todo con pruebas médicas, es un tema muy polémico. "No existe actualmente ningún procedimiento que permita estimar la edad con exactitud y todos los métodos comportan un margen de error importante", alertó el Consejo de Europa.
El Gobierno británico, sin embargo, anunció que empleará las controvertidas pruebas en el marco de la denominada Ley de Migración Ilegal sancionada en 2023 y destinada a detener la entrada de migrantes por mar, que arriban al territorio insular mayormente a través del Canal de la Mancha.
Janrick dijo que el gobierno “dará así continuidad a su firme compromiso de combatir la inmigración ilegal” y confirmó que en octubre iniciará consultas con autoridades locales y organizaciones especializadas para implementar las pruebas, a las que calificó como “un herramienta científica”.
"Las evaluaciones científicas de la edad también son vitales para descartar a los adultos que explotan el sistema", argumentó el funcionario, al tiempo que precisó que el gobierno evaluará la capacidad del Reino Unido para recibir y asistir a quienes ingresen por vías legales y seguras, rutas que serán especificadas en un informe que se publicará en enero próximo.
Un punto crucial en el caso de la iniciativa británica es que será el Ministro del Interior, y no ya los tribunales, el que decida cuánto tiempo se considerará razonable detener a alguien por motivos de inmigración. Una modificación que, según sus impulsores, fortalecerá la respuesta contra la inmigración ilegal, ya que los tribunales tendrán que tener en cuenta los resultados de las pruebas cuando se cuestione la duración de una detención.
Según el gobierno conservador de Sunak, la decisión de aplicar los test óseos se hará siguiendo las recomendaciones del Comité Asesor Científico de Estimación de la Edad (AESAC), que brinda asesoría al Ministerio del Interior sobre métodos para la evaluación de la edad y consideraciones éticas asociadas.
"Estamos abordando esta cuestión en todos los frentes, incluido el trabajo preliminar con socios internacionales, la lucha contra las bandas criminales intensificando la aplicación de la ley y la colaboración con los franceses para evitar más cruces", concluyó el ministro.
Según los registros oficiales, sólo durante el último fin de semana, más de 800 inmigrantes cruzaron el Canal de la Mancha desde las costas de Francia en un total 13 embarcaciones precarias, una situación que pone bajo una presión sin precedentes al sistema de asilo del país.
(Con información de agencias)
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