Nacional > Parlamento
Tensión, caos y "crónica de un desastre anunciado": las miradas sobre lo que pasa en Inisa
Un joven con patologías psiquiátricas internado en Instituto Nacional de Inclusión Social (Inisa) fue derivado este lunes por atención a la Colonia Etchepare. Iba custodiado por un policía y una cuidadora de la institución. Al verse liberado de los grilletes, salió corriendo, escaló un muro y se fugó.
Casi al mismo tiempo, en el Centro MD de la Colonia Berro, varios internos ingresaron en un celda y agredieron a otro joven, que resultó con un corte profundo en una pierna. Algunos trabajadores trataron de intervenir y fueron agredidos. El incidente fue controlado por el equipo de seguridad de la institución.
En los dos casos, se trató de jóvenes mayores de edad, pero que cumplen en el Inisa penas por delitos cometidos cuando eran menores. Con todo, los sucesos tuvieron una derivación impensada: la suspensión de una sesión en la Cámara de Diputados.
Allí habían concurrido las autoridades de la institución, convocadas en régimen de comisión general para responder sobre los señalamientos de la oposición política por considerar la gestión deficiente y, sobre todo, por los problemas de relacionamiento en la propia dirección. Esto sucedió tres días después de que el gobierno decidiera hacer un enroque y sacar de allí a la nacionalista Sandra Etcheverry, enfrentada con la presidenta del instituto, Rosanna De Olivera (Cabildo Abierto).
La decisión trasmite un "claro mensaje político" pero para los trabajadores, resulta insuficiente, dijo a El Observador Víctor Mango, integrante de la mesa sindical del Inisa. "No existe ningún lineamiento claro y, desde la presidencia para abajo, hay indudables problemas de gestión", afirmó. Mango "no se anima" a pedir la renuncia de De Olivera. "Si lo hacemos, prácticamente la presupuestamos", ironizó.
El dirigente dijo que en lo que va de diciembre, 20 funcionarios tuvieron que pasar por sanatorio del Banco de Seguros del Estado al resultar heridos durante sus tareas. Otros tantos optaron por certificarse, producto de lesiones o estrés. Eso hizo que en lugares como el Hogar Piedras, uno de los más conflictivos, en los últimos días solo dos trabajadores quedaran a cargo de 20 internos. A eso se le agrega la existencia de conflictos en casi todas las áreas de la institución. La mayoría por mejores condiciones de trabajo.
"No hay un baño digno, no tenemos equipamiento para accionar en situaciones complicadas, sin chalecos anticorte y sin coderas", mencionó. También por una situación polémica en la División Jurídica, en donde los funcionarios denuncian a De Olivera por "maltratos" y por "manipular expedientes".
La situación se da, recordó Mango, en el marco de un mínimo histórico de internos: 265 a este lunes. A su juicio, la situación debería ser aprovechada para dar un giro a la gestión y enfocarse en las "cosas buenas" que, apuntó, también se logran en el Inisa.
En el Parlamento
La sesión de este lunes había sido convocada por el Frente Amplio, que consideró la situación insostenible desde el punto de vista institucional y reclamó la remoción de De Olivera. Para la diputada Bettiana Díaz, los hechos que derivaron en la suspensión del llamado representan la "crónica de un desastre anunciado".
Díaz junto a varios legisladores de su bancada vienen de recorrer el jueves pasado las instalaciones de la Colonia Berro. Lo de este lunes, afirmó, "es lo cotidiano". Díaz lo atribuyó a las carencias en la gestión, el aumento del encierro y la precarización con la que deben convivir adolescentes y trabajadores. "La situación es de tensión total, no se aguanta más", advirtió.
El Frente Amplio habló de la carencia de un plan concreto de gestión, al sostener que la remoción de Etcheverry "no cambia una coma" la situación planteada en el organismo. Allí, apuntó contra De Olivera, a la que acusó de "maquillar números" y así disimular "metas que no se cumplen".
Fuente de problemas
Del otro lado, De Olivera reivindicó su gestión y sostuvo que debió enfocarse en atender el "caos organizacional" y las "deficiencias edilicias" que heredó de las administraciones frenteamplistas.
"La realidad que se recibió es pésima", aseguró. "Podríamos decir que varios de los centros no cumplen con los requisitos mínimos para poder ejecutar las medidas socioeducativas como es debido y mucho menos para garantizar los derechos de los jóvenes que deben permanecer en el sistema".
La jerarca enumeró allí una serie de vicisitudes que debió afrontar en algunos y lugares y que, por cierto, había remarcado cuando le tocó ir al Parlamento para exponer sobre la Rendición de Cuentas: agua que se filtraba al interior de los locales y que, entre otros problemas, derivaba en que los championes de los jóvenes estuvieran "flotando" en las habitaciones, una realidad que, garantizó, "hoy no está más".
Los diputados de Cabildo Abierto apoyaron en todos sus términos la gestión de su dirigente y llamaron la atención sobre la "gran casualidad" de que se produjeran hechos violentos en simultáneo con el llamado a sala. Y propusieron directamente el cierre de la institución. Así, Álvaro Perrone habló de un organismo caracterizado históricamente por el "amiguismo, el despilfarro y la desidia". También por "varios cientos de familiares trabajando juntos".
Perrone apeló a los recursos que se le asignan anualmente al organismo: US$ 54 millones, destinados a atender a una población de casi 600 jóvenes, entre los sometidos a medidas privativas y alternativas. Así, cada uno le "cuesta" al Estado unos US$ 16.000 al año. "Vamos a proponer su cierre, y hacer un llamado para una gestión por iniciativa privada", indicó.
En diálogo con El Observador, sostuvo que "hay que buscarle una salida de fondo" ya que la institución "ha sido siempre fuente de problemas, con cada vez más dinero y funcionarios". Perrone propuso para el Inisa un modelo de participación pública privada, similar al que se aplica en la cárcel de Punta de Rieles.
Con respecto a los funcionarios, habló de "pasarlos a disponibilidad" y derivarlos a otro lugar en el Estado. También cortar con "todos" los contratos de la institución con organizaciones no gubernamentales.
Su postura fue apoyada por su correligionario Eduardo Lust. Según sus cifras, los 265 jóvenes internados en la institución, el personal y la guardia, un total de 600 personas, reciben por mes 1.100 kilos de fideos, 1.350 kilos de carne, 900 litros de pulpa de tomate y 700 kilos de harina.
En el Partido Nacional se optó por un perfil conciliador. En diálogo con El Observador el diputado Álvaro Viviano adjudicó la fuga y el intento de motín de este lunes a "cuestiones normales en tiempos de fiestas, más cuando el sistema se tensiona tanto por el grado de exposición que el organismo ha tenido en estos días".
"Todo lo que pasa afuera llega irremediablemente a los gurises", dijo. "Por eso, hay que tener mucho cuidado en cómo se discuten y exponen las cosas".
Viviano reivindicó la actitud de su partido de "cambiar" a su directora, en atención a que uno de problemas planteados era, justamente, la "mala comunicación" entre las jerarquías. "Reconociendo que hay alguna inestabilidad en el funcionamiento y subsanada una de las supuestas condicionantes, es lógico abrir un compás de espera procurando la vuelta a un clima de armonía y resolución de problemas", concluyó.
