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Tiempo de un Parlamento más beligerante

Cómo aprobar reformas en medio de una mayor radicalización, paridad entre bloques y fragmentación política

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25 de noviembre de 2019 a las 05:01

En la Cámara de Representantes, en 1905, un año después de la última revuelta del caudillo Aparicio Saravia, un diputado del Partido Colorado le dijo a Luis Alberto de Herrera, del Partido Nacional:

—Los nacionalistas se sientan en el Parlamento por una concesión del gobierno de Batlle y Ordóñez.

Herrera, de sólo 32 años, quien había acompañado a Saravia como secretario en las revoluciones de 1897 y 1904, respondió:

—Se equivoca; estamos en este recinto traídos por Aparicio Saravia y Diego Lamas.

Pedro Manini Ríos, un diputado de 26 años entonces muy cercano al presidente José Batlle y Ordóñez, que en la guerra civil del año anterior había sido capitán y secretario del general colorado Pablo Galarza, le reprochó:

–Traídos por las turbas.

Herrera le respondió:

—Sí, traídos por las turbas, es decir, por el pueblo. Prefieroeso a ser traído por la tropa de línea.

A 114 años de ese duelo verbal, el general retirado y senador electo Guido Manini Ríos, nieto de aquel Pedro, y el presidente electo Luis Lacalle Pou, bisnieto de aquel Herrera, ahora en posiciones relativas muy diferentes a las de 1905, integran una inusual coalición de gobierno. Es otra de las mordaces vueltas de la vida política uruguaya, que suelen remontarse más lejos de lo que indica una mirada superficial.

Juego entre siete partidos

La fragmentación política, la paridad entre dos bloques y las nuevas alianzas deberían hacer que, en los próximos cinco años, el Parlamento uruguayo pase a un primer plano, más diverso y discutidor, con un Poder Ejecutivo más reverente, en procura de acuerdos.

Pero no debe exagerarse su destaque: en parte porque el Poder Legislativo reflejará los acuerdos previos entre los líderes de la coalición gobernante —al menos mientras esa alianza permanezca, pues contiene serias fuerzas centrífugas—, y en parte porque Uruguay tiene un régimen semi-presidencialista.

La Constitución de 1967 adjudicó cierta preponderancia al presidente de la República y sus ministros, con la idea de favorecer la ejecutividad, y de frenar las tendencias demagógicas del Poder Legislativo, proclive a aumentar gastos y a conceder privilegios.

A partir del 15 de febrero habrá siete partidos políticos con representación parlamentaria, un récord histórico. Cuatro de ellos son agrupaciones grandes: el Frente Amplio, una coalición de izquierdas con casi medio siglo de antigüedad; El Partido Nacional y el Partido Colorado, dos de las colectividades más antiguas del mundo (en pie de igualdad con el Partido Conservador británico y el Partido Demócrata estadounidense); y el novísimo Cabildo Abierto, fundado este año, que gira en torno al general Guido Manini Ríos.

Y habrá tres sectores pequeños: el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), el Partido de la Gente y el Partido Independiente, con un diputado cada uno. (La ultraizquierdista Unidad Popular perdió el suyo, Eduardo Rubio).

La nueva coalición de gobierno, que encabezará el presidente Lacalle Pou, tendrá 18 senadores en 31 (incluyendo a la vicepresidente de la República, Beatriz Argimón), y 56 diputados en 99.

Más volcados a izquierda y derecha

El Parlamento será también más radical, al menos según las definiciones ideológicas convencionales. Es un reflejo del voto del 35% de los uruguayos, que se volcó hacia sectores de los extremos del abanico. Cabildo Abierto, el debutante que combina ideas nacionalistas, conservadoras y populistas de derecha, será un socio decisivo para blancos y colorados. Mientras tanto, la bancada de 42 diputados del Frente Amplio tendrá 33 representantes de los sectores más a la izquierda (24 del MPP, seis del Partido Comunista y tres del Partido Socialista liderado por los “ortodoxos”), y eventualmente otros cooperantes, como el de la lista 711 de Raúl Sendic.

Esa bancada: el 80% de los diputados amontonados en la izquierda, dejó al Frente Amplio casi sin posibilidades de alianzas, y tal vez contribuyó a liquidar sus chances para el balotaje. Como contrapartida, la izquierda tendrá ahora casi todas sus personas más experimentadas en el Parlamento, desde Danilo Astori a Eduardo Bonomi.

Habrá brega desde el principio, en la medida que el nuevo gobierno desea introducir reformas urgentes, sin esperar a la ley de presupuesto, una norma crucial que debe enviarse recién el 31 de agosto y que regirá en esencia recién en 2021. La Constitución prevé los proyectos de ley “de urgente consideración”, que dan plazos breves al Parlamento; y, que, si no se pronuncia, se considera aprobación ficta. Todos los gobiernos entre 1985 y 2015 recurrieron a proyectos de urgencia, aunque algunos fueron rechazados.

Lacalle Pou se propone preparar y negociar en el verano un proyecto urgente extenso y decisivo, con centenares de artículos: derogación de la inclusión financiera obligatoria, cambios en la legítima defensa policial, reforma de la dirección de las empresas públicas y la educación, una regla fiscal, reorganización del Mides, entre otros.

Presidencialismo y parlamentarismo

Que senadores y diputados pasen a tener una importancia mayor no significa que Uruguay posea un sistema parlamentarista: ese en el que el Ejecutivo surge del Parlamento, incluido el jefe de gobierno o primer ministro. El parlamentarismo es el sistema de casi todos los Estados de Europa occidental y central, salvo Francia; que explica, por ejemplo, que Ángela Merkel se mantenga como canciller de Alemania durante casi 15 años, y otros gobiernos sean efímeros.

La Constitución uruguaya de 1967, que, con algunas enmiendas, es la que rige hasta hoy, reintrodujo el cargo de presidente de la República. Se procuró contrarrestar el asambleísmo y la presunta inoperancia del Poder Ejecutivo colegiado (Consejo Nacional de Gobierno de nueve miembros), creado por la Constitución de 1952.

El presidente, por ejemplo, puede vetar un proyecto del Parlamento, que sólo puede levantarlo con mayorías especiales; y tiene la prerrogativa exclusiva para una serie de decisiones, como exoneraciones de impuestos, o fijar salarios mínimos, o precios de las empresas públicas.

Se requieren mayorías especiales para censurar un ministro; e incluso, si un ministro es censurado por una mayoría especial del Parlamento, el presidente puede respaldarlo y desencadenar elecciones parlamentarias anticipadas.

Ese mecanismo draconiano, previsto en el artículo 148, jamás se practicó. Jorge Pacheco Areco amagó con utilizarlo en 1969, mientras Julio Sanguinetti prometió algo parecido en octubre de 1985, cuando una interpelación a su ministro del Interior, Carlos Manini Ríos —tío del general Guido Manini—, pero la oposición no aceptó el reto.

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