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Toma: tres investigaciones y una incógnita en juicio de Roma por Plan Cóndor

El presidente Luis Lacalle Pou aseguró que si ocupara un cargo de confianza política ya lo habría destituido; Toma dijo al fiscal Rodrigo Morosoli que no se podía agregar nuevas pruebas en el juicio

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24 de septiembre de 2020 a las 05:04

Miguel Ángel Toma, el hombre de mayor confianza de Tabaré Vázquez en el último período, camina por un pretil. Dos viajes a Roma por el juicio del Plan Cóndor junto a una contadora de la secretaría antilavado lo pusieron en la mira y desataron tres investigaciones simultáneas que buscan esclarecer si cometió una falta ética, un delito contra la administración pública y si puede ser sumariado, dado que hasta el 6 de agosto de 2022 es funcionario público y está al frente de la Fiscalía de Gobierno de 2° turno.

Este miércoles, el presidente Luis Lacalle Pou, que ya había dicho que tenía “dudas legales, no morales” acerca del desempeño del funcionario, aseguró que si ocupara un cargo de confianza política ya lo habría destituido.

“Si fuera un funcionario de confianza, Toma no estaba más en el cargo. Es un funcionario público, por lo que para destituirlo, ya no solo se requiere la voluntad del Poder Ejecutivo”, expresó.

—¿No le tiene confianza?
—Personal, no.

El mandatario dispuso, el viernes 18 de setiembre, que se realice una investigación administrativa –etapa previa obligatoria a un sumario– para “esclarecer” lo ocurrido en las misiones oficiales a Roma en las que participó Toma. El plazo de sesenta días empezó a correr el lunes y el instructor será Ariel Sánchez, el subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC).

Sánchez explicó en una rueda de prensa que puede citar a "cualquier ciudadano" durante la indagatoria, y que el expresidente Tabaré Vázquez –que fue quien autorizó los viajes– puede ser uno de los que comparezcan.

En paralelo a este proceso, el fiscal de Delitos Económicos, Ricardo Lackner, analiza si Toma no incurrió en algún delito contra la administración pública –como abuso de funciones o conjunción de interés personal y público– en los viajes. 

A su vez, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) también decidió reabrir el caso, tras haberlo archivado de forma exprés a principios de año. “A modo personal, pienso que deberíamos pedir más información a Presidencia de la República, sobre todo respecto a la vuelta de la misión oficial; por lo general, todos los funcionarios debemos hacer un informe de lo que se actuó en el exterior, y esos informes no fueron proporcionados”, dijo la presidenta del organismo, Susana Signorino, a radio Monte Carlo.

La incógnita

El caso fue informado inicialmente por el programa Así nos va de radio Carve.

Uno de los puntos clave a determinar en las tres investigaciones, y que hoy en día es una incógnita para autoridades actuales, exjerarcas, abogados y víctimas que participan y participaron en el juicio en Roma, es si Uruguay finalmente presentó un recurso de casación tras la sentencia del 8 de julio de 2019 que condenó con cadena perpetua a 12 militares uruguayos –entre ellos Jorge Tróccoli, Gilberto Vázquez y José Nino Gavazzo– y al excanciller Juan Carlos Blanco.

Toma viajó específicamente a Italia para recibirla en nombre del Estado uruguayo. La contadora también participó del viaje, aunque ninguna de las víctimas, ni otro abogado que participó de la lectura de la sentencia recuerda haberla visto. “Nunca apareció por ningún lado”, dijo uno de ellos, mientras otro funcionario uruguayo agregó que le “llamó la atención” su presencia en la delegación oficial. 

En su respuesta a la Jutep, publicada por Búsqueda, Toma dijo que la contadora fue quien se dio cuenta de que esa condena con penas “pecuniarias” a los exmilitares, no incluyó entre los damnificados a Uruguay, y señaló que gracias a que tomó nota de ese aspecto, el Estado iba a presentar un recurso de casación “en esa porción de la sentencia” para conseguir un resarcimiento económico.

La sentencia condenó a los militares a pagar 65 mil euros a Uruguay pero por los gastos en "honorarios" del juicio.

El prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, a cargo de los juicios internacionales en el gobierno de Lacalle Pou contestó ante una consulta de El Observador que no tenía conocimiento de si el Estado presentó el recurso ante la Corte de Casación, equivalente a la Suprema Corte de Justicia. 

Dos fuentes de la Cancillería que encabezaba Rodolfo Nin Novoa y estaban a cargo –en Montevideo y en Italia– de seguir el detalle procesal del juicio también dijeron desconocer si efectivamente ocurrió y recalcaron que en ningún momento se mencionó la ruta de dinero del Plan Cóndor. El entonces titular de la secretaría antilavado, Daniel Espinosa, había dicho a Búsqueda que su oficina “no colaboró en la investigación de ningún presunto delito económico vinculado al Plan Cóndor”.

El Observador intentó comunicarse con Toma y con el abogado del Estado uruguayo en el juicio, Andrea Speranzoni, pero no atendieron a los llamados ni contestaron los mensajes. 

Los fundamentos de la sentencia –unas 120 páginas escritas en italiano– se conocieron el 27 de diciembre de 2019. Desde ahí, comenzó a correr un plazo de 45 días para que todas las partes presentaran recursos en la Corte de Casación.

Las fuentes consultadas por El Observador expresaron dudas acerca de la posibilidad de agregar o presentar nuevas pruebas ante la Corte de Casación.

Los abogados de los militares condenados sí presentaron recursos, y el fallo se esperaba para junio de este año, pero se postergó debido a la pandemia por el coronavirus.

Según supo El Observador, ahora se espera el fallo para junio de 2021.

Más allá de lo expresado en la respuesta a la Jutep, el 29 de mayo de 2019 –antes que se conociera la sentencia en Roma–, al declarar ante el fiscal Rodrigo Morosoli en el marco de la investigación por las revelaciones de José Nino Gavazzo respecto al asesinato y la desaparición de Roberto Gomensoro en un Tribunal de Honor del Ejército, Toma se refirió al juicio del Plan Cóndor.

El entonces secretario de la Presidencia le contó al fiscal que cuando recibió el fallo del tribunal –20 de febrero de 2019– se enteró también de que había un pedido de acceso a la información pública que solicitaba acceder a las actas con las declaraciones y enseguida pensó en los problemas que eso le podía traer en Roma, aunque después se quedó tranquilo porque recordó que no se podían agregar más pruebas. 

“Si se ventila lo que dicen los tribunales de honor en cuanto a que en Uruguay la Justicia no funciona, es una justicia para el enemigo… ¿qué van a creer en Roma, a miles de kilómetros, cuando tienen a Siria ahí al lado, de hechos acontecidos hace cuarenta años? Yo pensé que me podía perturbar eso, pero enseguida me bajó la ansiedad, porque no iba a ver alterada mi prueba en Roma por la sencilla razón de que la prueba estaba cerrada y el tribunal ya había cerrado todas las pruebas y no admitía nada, ningún comentario que no estuviera en el expediente en Roma. Quiere decir que me quedé tranquilo. Y entonces qué hice: que el tema referido al acceso lo trabajáramos en Jurídica”, dijo.

Toma y la contadora también viajaron en diciembre a “audiencias y reuniones relacionadas a los delitos perpetrados en aplicación del Plan Cóndor”, de acuerdo con la misión oficial publicada en Presidencia.

Este viaje llamó la atención del expresidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, porque el fallo ya se había publicado aunque faltaba que se divulgaran los fundamentos.

Según la respuesta de Toma a la Jutep, este viaje significó “el comienzo de la investigación, en los últimos casos, de la ruta de dineros que pudieran llegar a Roma para financiar actividades de los represores del Plan Cóndor”.

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