Hay 285 defensores de oficio en Uruguay

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Tras el sí del presidente de la Corte, FA presenta proyecto para independizar a los defensores de oficio

Tras el sí del presidente de la Corte, presentan proyecto para atender reclamo histórico del sistema de Justicia
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01 de agosto de 2022 a las 05:00

Cuando lo logró la Fiscalía General de la Nación, fue un hito que cambió el sistema de Justicia. Más de cinco años después, los Defensores de Oficio se embarcan con fuerza en la misma batalla: convertirse en un servicio descentralizado. En el caso del Ministerio Público, dependían de un Ministerio de Educación y Cultura que los olvidaba y los defensores entienden que lo mismo les sucede con el Poder Judicial. Denuncian que no son retribuidos con el presupuesto que necesitan y que es contradictorio que sus contrincantes en el proceso –los jueces– sean quienes luego los tienen que calificar para ascender. 

Esta propuesta, que ya tiene unos años, encontró una voz con poder que la apoye hace pocos días, cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, sostuvo en el Parlamento que, a título personal, creía que sería beneficioso que la Defensoría funcione en forma independiente del Poder Judicial. A la luz de eso y de la insistencia de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu), la bancada de Senadores del Frente Amplio presentó un proyecto de ley para hacer el reclamo realidad. 

Pretenden que el servicio descentralizado lo encabece un Director Nacional de la Defensa Pública quien sería designado por el Poder Ejecutivo previa venia del Senado. Las condiciones serán conocer de la materia y tener 35 años cumplidos. El proyecto, al que accedió El Observador, establece que los mandatos sean de cinco años con opción a una única reelección por un período más. Sería el encargado de realizar las designaciones, promociones y establecer los lineamientos básicos de acción. 

La semana pasada, directivas de la asociación comparecieron a la comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores para dar su parecer sobre un proyecto de descentralización y acceso a la Justicia que propuso el senador Carlos Camy (Partido Nacional), y en ese contexto volvieron abogar por la independencia de la Defensoría. "Entendemos que se debe compatibilizar la necesidad de una defensa pública autónoma e independiente, de acuerdo con las convenciones internacionales, en las que ya se consagra la necesidad de nuestra autonomía como la forma de acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad", señaló la directiva Victoria Muraña.

La Defensoría de Oficio viene abogando por su independencia hace más de una década. Entienden que ellos son contrincantes de los jueces en el marco del proceso y, sin embargo, tienen las mismas autoridades. Incluso, son los mismos jueces los que los califican en los concursos que les permiten ascender.

En 2021, Joaquín Gamba, presidente de la Asociación de Defensores de Oficio, dijo a El Observador que la independencia lograría "el fortalecimiento de la defensa pública" a través de "políticas claras". 

La exposición de motivos del proyecto del FA, señala que "la efectiva autonomía técnica de quienes hoy ejercen la Defensa Pública debe necesariamente complementarse con la correspondiente autonomía en otras áreas, como la administrativa, presupuestal, la referida al ingreso y a la carrera funcional, la referida al régimen sancionatorio y similares".

A su vez, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó esta semana un informe sobre Uruguay en el que advertía su "preocupación" por la falta de independencia de la Defensoría. Instó al Estado a "garantizar que la defensa pública sea independizada del Poder Judicial jerárquica y presupuestariamente; cuente con los recursos financieros, técnicos y de personal adecuados para llevar adelante su labor de manera oportuna e idónea en todo el territorio de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de debido proceso y juicio justo". 

La inclinación a favor de Graciela Bianchi

La senadora blanca Graciela Bianchi manifestó en comisión que había habido un desequilibrio grande entre los recursos que se le otorgó a la Fiscalía cuando se impulsó el nuevo Código del Proceso Penal (2017) con lo que se volcó al resto del sistema. "Durante quince años el Poder Judicial no recibió un centésimo de incremento (...) En definitiva, aquellos vientos trajeron estas tempestades", valoró.

Respecto de la posibilidad de apoyar una posible descentralización, sostuvo que está transitando un camino similar con los peritos del Instituto Técnico Forense, con quienes busca crear un organismo descentralizado que permita administrar mejor los recursos y dijo que podrían hacer algo similar con los defensores. 

"Podemos organizarlo. No solamente hay que darle forma jurídica, sino también organizar la gestión para maximizar los recursos, porque no se trata de gastar por el hecho de gastar. En primer lugar, no hay demasiado para gastar y, además, en la medida de lo posible, se busca brindar excelencia. Eso dependerá, fundamentalmente, de lo que aporten ustedes –sin ninguna duda–, además de la gestión", expuso.

"Somos una especie en extinción": las carencias de la Defensoría

"Somos una especie en extinción", respondió Yamila Cabrera, otra directiva de Adepu, cuando se les preguntó cuántos defensores de oficio había en todo el país. Son 285 y se dividen entre la materia penal, civil y de familia. 
Argumentaron que es una gran diferencia, por ejemplo, comparado con los fiscales. En Montevideo hay 84 fiscales penales y solo 31 defensores públicos. 
A su vez, advirtieron la grave crisis que hay en la materia Familia. Informaron que cada defensor tiene entre 10 y 15 audiencias por día. 

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