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Tras pedido del Ministerio del Interior, jueza dejó sin efecto traslado de narco a su casa de campo
La jueza Natalia Alessandre revisó su decisión de aceptar un pedido de la defensa del líder narco de Minas, Martín Acuña, para que el delincuente se mude a su casa de campo tal como había aprobado este lunes la representante del Poder Judicial en primera instancia.
Así lo confirmó la magistrada a El Observador, quien agregó que resolvió dejar sin efecto su resolución luego de escuchar a los representantes del Ministerio del Interior, quienes argumentaron que la casa a la que pretendía mudarse no permitía mantener un control adecuado de su detención.
Este viernes se llevará adelante una audiencia para definir si Acuña podrá o no mudarse a la casa de campo. Se espera que el narcotraficante exponga sus argumentos para solicitar el cambio de residencia, al tiempo que el Ministerio del Interior explicará por qué considera inconveniente que el delincuente que ya violó la prisión domiciliaria en el pasado, sea trasladado a ese lugar.
Acuña fue detenido en enero de 2019 en una camioneta en la que iba junto a su esposa y un conocido con tres kilos de cocaína, algo por lo que fue condenado a cuatro años de cárcel por un delito de transporte de estupefacientes. Debido a que Acuña quedó parapléjico en febrero de 2018, luego de que un integrante de la familia con la que se disputa el merado de la droga le disparara por la espalda, la Justicia había dispuesto el arresto domiciliario.
Sin embargo, tiempo después la policía constató que el delincuente violaba la restricción de abandonar su casa, por lo que se resolvió trasladarlo a la cárcel de Campanero.
En ese centro de reclusión, en el que se le armó una celda adaptada para su discapacidad, duró apenas un mes. Su defensa pidió que otra vez fuera enviado a su casa a cumplir arresto domiciliario ya que, a juicio de la abogada, las condiciones de reclusión seguían sin ser las adecuadas para una persona parapléjica.
En junio de 2019 la Justicia hizo lugar al pedido de la defensa, algo a lo que tampoco se opuso la fiscal Gabriela Sierra. Sin embargo, a raíz de aquel incumplimiento, la jueza dispuso mayor control de la prisión domiciliaria y ordenó que tuviera custodia policial.
Según advirtió el Ministerio del Interior, la nueva solicitud de la defensa de Acuña de un traslado a una casa de campo podría limitar la capacidad de control de esa custodia policía. La vivienda está ubicada justo en el medio de un campo, a más de 200 metros de la portera de acceso, en el que deberían hacer guardia los efectivos. Además, en horas de la noche, la oscuridad es absoluta, según señalaron fuentes.
El Observador informó este martes que el lunes la jueza había aceptado el pedido de la defensa del narcotraficante. Sin embargo, tras la reunión con representantes del Ministerio del Interior, la magistrada reconsideró su decisión.
Alessandre dijo a El Observador que Acuña argumentó que quería mudarse por razones familiares, sin dar mayor detalle de cuáles eran esas razones.
La abogada de Acuña, Karen Pintos, explicó que “las personas pueden vivir dentro del territorio nacional sin problemas, siempre y cuando cambien de domicilio informando a la Justicia, como corresponde”.
La guerra de Minas
El 16 de febrero de 2018, parte de la familia Acuña miraba un corso de carnaval de la ciudad cuando le dispararon por la espalda. Martín Acuña, que por ese entonces tenía 33 años, fue internado y quedó parapléjico.
Nadie vio al atacante, aunque los investigadores sospechan de la familia Virches. Según información que maneja la Policía, en diciembre 2014 Acuña había ordenado matar a los hermanos Anastasio "Piraña" Virches y Gustavo "Pancho" Virches. Sin embargo, aquel crimen, nunca se aclaró y Acuña nunca pudo ser acusado.
Tras el ataque contra Martín Acuña, se produjeron una serie de incidentes en la ciudad que volvieron a enfrentarlo con los Virches. El manejo del mercado de la droga en Minas terminó con la vida de varios integrantes de ambas familias. Sin embargo, pese a que Martín Acuña es uno de los líderes de una de esas bandas, desde que salió de la cárcel en 2016, donde se encontraba por un delito de tenencia de droga, hasta principios de 2019, la policía no había podido vincularlo a ningún otro hecho similar, más allá de tener la convicción de que tenía que ver con cada gramo de cocaína que se vendía en la capital de Lavalleja.
