La aceleración de la inflación registrada en los últimos meses no estaba en los planes de nadie cuando se negociaron los acuerdos salariales de la mayoría de los trabajadores del sector privado en la segunda mitad de 2021, aun cuando, primero desde los sindicatos, y luego desde las empresas, se pusieron en duda las metas oficiales, punto que se reflejó en una gran cantidad de convenios por fuera de los lineamientos dados por el Poder Ejecutivo.
Tras el período puente que se acordó para atravesar lo peor de la pandemia, la última ronda de negociación puso sobre la mesa ajustes basados en inflación proyectada más un componente de recuperación parcial del poder de compra perdido entre mitad de 2020 y 2021 (4,1%).
El compromiso del Poder Ejecutivo es que la recuperación comenzará a darse en 2022 y se completará en la siguiente ronda de negociación a partir de la segunda mitad de 2023, es decir, antes de finalizar el período de gobierno. Esa hoja de ruta es una fuerte apuesta del Poder Ejecutivo a que la inflación consolide su trayectoria a la baja y converja a las metas establecidas para los próximos años, lo que hoy luce difícil. De eso depende que se consolide el crecimiento del poder de compra en los sectores para los que se propuso recuperación.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que hay que buscar la manera de que los objetivos de recuperación salarial “sigan estando arriba de la mesa” y “se puedan cumplir”. Consultado por El Observador el jerarca sostuvo que la aceleración de la inflación “genera un problema” que hay que “estudiar” y “analizar”.
“Está claro que hay una aceleración de la inflación y veremos cómo lo manejamos. Tampoco está claro cómo va a continuar este escenario. Por ahora nuestra línea de trabajo va por el lado de buscar la manera de que los precios no se disparen más (…) Tenemos que sentarnos y analizar esto a nivel del gobierno en conjunto. Creo que tenemos delante un tema nuevo, está claro. No es el escenario que estaba planificado”, reconoció el ministro. La inflación se volvió a acelerar en marzo y se ubicó en 9,38% en el acumulado de los últimos 12 meses, desde un 8,85% previo en febrero.
Aproximadamente la mitad de las mesas de negociación del sector privado establecieron porcentajes en torno a los lineamientos del Poder Ejecutivo y la otra mitad lo hizo con porcentajes de incremento superiores.
Así hubo casos en los que se pactaron para los próximos dos años porcentajes de recuperación salarial mayores al sugerido por el gobierno (1,6%). Otra de las diferencias está en la periodicidad de los correctivos por inflación pasada. Hay acuerdos que tienen un blindaje más fuerte porque prevén dos correctivos, uno que se paga al 30 de julio de 2022 y otro al final del convenio en julio de 2023.
En cambio, hay grupos que tienen estipulado un único correctivo por inflación recién para mitad del año que viene al cierre del acuerdo, y en los papeles serían los más complicados. Si se tiene en cuenta el escenario actual demorarán más tiempo en corregir el desfasaje en los salarios.
El tema no solo es una dificultad para los trabajadores que pierden poder de compra, sino también para las empresas que luego deben hacer frente a aumentos de costos para saldar los correctivos.
El compromiso del gobierno es llegar al final del período con un nivel de salario real similar al que existía antes de la pandemia. La economista del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Alejandra Pico, dijo el martes a radio El Espectador que las presiones inflacionarias que se están viendo “tienen un componente importante” y se espera que en los próximos meses “por lo menos se mantengan”. (…) Eso va a comprometer la recuperación del salario real que estaba pensada que comenzara durante este año”, apuntó.
A modo de ejemplo, mencionó que hay sectores cuyos trabajadores en este semestre tienen ajustes de entre 3,5% y 3,7%, y añadió que solo en los primeros tres meses del año la inflación acumulada es de 4,4%. Según Pico, en la medida que el correctivo se activará recién a mitad de 2023, se está “posponiendo la recuperación” y también condicionando a que se cumpla en su totalidad durante el actual período de gobierno.
En los papeles, cualquier parte de la negociación colectiva, sean trabajadores o empresarios podría solicitar la convocatoria de su Consejo de Salarios para analizar la situación y hacer modificaciones en acuerdo de partes, ya sea en la periodicidad de los correctivos para adelantar el pago o en los porcentajes de ajustes salariales. En general, este tipo de convocatoria por variaciones sustanciales de las condiciones económicas en las que se suscribió el convenio no está contemplada en cláusulas específicas dentro de los acuerdos vigentes.
Los convenios vigentes que tienen cláusulas de salvaguarda son una pequeña minoría, y prevén convocatorias para rever la situación en casos que la inflación superara el 12%. Por ejemplo, en el acuerdo de la industria de la bebida que es a cuatro años de plazo se establece un ajuste inmediato adicional al mes siguiente por la diferencia entre la inflación acumulada en el año móvil y los ajustes otorgados. En el convenio del sector autopartes también a cuatro años de plazo hay una clausula gatillo similar que se activa si la inflación supera el 10%.
Para Pico, una instancia en la que el gobierno podría hacer alguna propuesta podría ser a mitad de año, cuando se vuelva a convocar para negociaciones salariales. En ese caso de sectores muy afectados por la pandemia (hoteles, restaurantes y agencias de viajes, entre otros), y para los que el año pasado se dispuso un nuevo acuerdo puente que vence el 30 de junio y con un único ajuste de 3% en enero pasado.
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