La bancada de ediles de la Coalición Republicana propuso este martes que la Intendencia de Montevideo cree una “Guardia Departamental” para “coordinar y apoyar” la aplicación de las normas departamentales de convivencia, entre ellas, la fiscalización de los cuidacoches.
Esta es una de las 83 medidas que los ediles blancos y colorados presentaron como aditivos al proyecto de presupuesto que este miércoles fue aprobado en comisión en la Junta Departamental. Las propuestas podrían ser incluidas cuando se vote el proyecto en el plenario de la Junta, el próximo miércoles.
La “Guardia Departamental” que se propone estaría integrada por personal policial retirado, policías eventuales a través del sistema 222 y trabajadores de empresas de seguridad.
Los funcionarios estarán abocados a la “prevención de situaciones de alteración de la convivencia ciudadana en el espacio público”.
Entre estos puntos, está “la fiscalización de las personas que ejercen el rol de Cuidadores de Vehículos y en ella el correcto desempeño de la función y la no alteración de la convivencia en el espacio público”.
La situación de los cuidacoches volvió a la agenda política en las últimas semanas a raíz de la decisión de la Junta Departamental de Colonia de prohibir su actividad en el departamento. Se trata del primer departamento en penalizar la actividad. El intendente de Montevideo Mario Bergara descartó por el momento esta posibilidad para la capital: "Lo discutiremos seguramente, pero no es algo que hoy tengamos como prioridad sobre la mesa para tomar una decisión al respecto", dijo.
Pese a que esta propuesta fue elevada por toda la coalición, dentro de los partidos hay distintas posturas. En los últimos días, por ejemplo, dos ediles presentaron proyectos de decretos sobre el tema. El blanco Diego Rodríguez propuso que se prohíba la actividad en todo el territorio y el colorado Fernando Paganini que la Policía retire de la vía pública a los cuidacoches no registrados.
Según supo El Observador, además, existe una negociación entre oficialismo y oposición departamental para que se destinen más recursos a la fiscalización de los cuidacoches. El pedido de la coalición es que la IM pase la fiscalización del departamento de Movilidad al de Convivencia y que se destinen $50 millones anuales más.
Inspectores y multas
Otro de los aspectos que la coalición incluyó en su paquete de medidas son modificaciones al cobro que reciben los inspectores de tránsito por las multas que se aplican.
Actualmente los funcionarios perciben hasta un 40% del total de las sanciones aplicadas en el tránsito. En 2024, según informó El País semanas atrás, los inspectores cobraron en total $ 170.621.091.
La coalición propone que el porcentaje se reduzca progresivamente, pasando a un 30% del total en 2026, un 20% al año siguiente, un 10% en 2028 y, finalmente, el 5% desde el 2029 en adelante.
Además, otro artículo propuesto establece que no perciban ingresos en este sentido los “funcionarios que registren sanciones disciplinarias firmes que dispongan una suspensión superior a 20 días”.
Más dinero para calles
La coalición también presentó una propuesta para fortalecer el área de reparación de calles redistribuyendo fondos del presupuesto. El gobierno departamental prevé $400 millones anuales en su presupuesto, esperanzado de que se apruebe el préstamo de US$ 50 millones para complementar este monto.
Desde la coalición -que aún no ha debatido qué postura tomará con respecto a los cinco posibles préstamos- apuntan a aumentar el trabajo que se realiza con fondos propios de la comuna.
Uno de los artículos planteados es la reducción del 50% de los gastos derivados en concepto de "Becas" en todos los departamentos de la IM. Con esto, indicaron, se podría conseguir alrededor de $260 millones extras por año para obras viales, para un total de $1.042.678.871 en los próximos cuatro años.
