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Tres delincuentes ligados al Primer Comando de la Capital están libres por desacuerdo entre juez y fiscal

Los hombres, vinculados al grupo criminal brasileño, quedaron libres porque el juez entendió que se había vencido el plazo constitucional en que puede estar detenida una persona 

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12 de diciembre de 2019 a las 15:24

Los delincuentes, que cumplían órdenes del grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital (PCC), habían asaltado este domingo una estación de servicio ubicada en la ruta 11 y detenidos tras una persecución policial que culminó en Progreso, Canelones.

Sin embargo, cuando fueron trasladados al juzgado al día siguiente, el juez Luis Sobot consideró que el plazo constitucional de 24 horas en que puede estar detenida una persona había vencido.

Los cuatro delincuentes que participaron del asalto alegaron que la policía los había capturado entre la hora 18 y 18.30, cuando la audiencia en que la fiscalía iba a pedir el inicio de la investigación penal había comenzado sobre las 19.30 horas.

La fiscal del caso, Mónica Castro, podía haber dicho que la policía tenía entre las pruebas que la rapiña había sido realizada a las 18.18 horas, porque hay un video tomado por una cámara de vigilancia del lugar que muestra que el asalto ocurrió en ese momento, dijeron fuentes de la investigación. Pero no lo hizo, como lo confirmó a El Observador el juez Sobot y admitió la propia fiscal a El Observador.

La fiscal añadió que el juez no le dio oportunidad de hacerlo porque dio por finalizada la audiencia, aunque el magistrado negó esa versión y dijo que sí le dio la chance para realizar su descargo. Castro tampoco pidió una prórroga de otras 24 horas para los detenidos, algo que también está habilitada a hacer.

La banda estaba liderada por un directo integrante del PCC, que fue detenido a solicitud de la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero esta semana, y fue finalmente imputado este jueves con prisión preventiva por asociación para delinquir.

El asalto y la audiencia

El grupo criminal llegó a la estación en un Nissan robado, de acuerdo a la teoría de la fiscalía.

Tres de ellos se bajaron del auto encapuchados e ingresaron a la estación, mientras el otro se quedó esperando en el coche. Al salir con el botín –$ 80.000– rapiñaron a un conductor de otro auto, y salieron en huida hacia la zona de Las Violetas donde los esperaba un tercer auto Toyota de color gris. Allí un testigo amigo de un policía informó que vio a los cuatro sospechoso cambiar todos a ese vehículo y que se detuvieron en Progreso, en lugar en el que fueron detenidos.

Lo que se discutió en la audiencia de este lunes fue a qué hora ocurrió esa detención. Según la versión de Sobot, la fiscal dijo que tomaba como referencia el momento en que fueron conducidos a la comisaría, algo que para el magistrado es incorrecto, porque entiende que el plazo para tener detenida a una persona empieza a regir en cuanto es privada de su libertad.

La audiencia fue "caótica", según contaron a El Observador fuentes del caso. El juez debió golpear la mesa varias veces para poner orden, porque los delincuentes protestaban a viva voz que eran inocentes.

Así transcurrió hasta que el magistrado determinó que el plazo estaba vencido y les preguntó directamente "si querían quedarse o irse porque no podía sujetarlos más al proceso", dijo Sobot a El Observador. "Les previne que a partir de ese momento quedaban en libertad", agregó, y entonces los que iban a ser imputados tomaron la decisión evidente: se levantaron y se fueron.

"A mí me interesa ver si se vulneraron las garantías institucionales. Dos de los imputados a esa hora no habían tenido la posibilidad de hablar con su defensor publico", dijo Sobot también, cuando fue consultado este miércoles sobre ese desentendido con la fiscal.

Ante la nueva consulta de El Observador este jueves, el juez dijo que si Castro le hubiera informado que había un video que desmentía la versión de los imputados, "hubiera admitido" el inicio del proceso penal.

Las fuentes de la investigación que lograron desarticular esta semana una primera célula del PCC que operaba en Uruguay desde hacía varios meses, indicaron que los que actuaron en la rapiña bajo las órdenes del hoy imputado eran delincuentes considerados"aptos" por la dirección de la organización criminal. 

Esos hombres "aptos" hoy se encuentran prófugos de la Justicia, ya que la fiscal Castro solicitó que Sobot emitiera una orden de detención, y así lo hizo, dijo el magistrado.

La fiscal, por su parte, apeló la decisión del magistrado de no imputar a los delincuentes, y aseguró a El Observador que el video y otras evidencias que demuestran que los hombres estuvieron detenidos dentro del tiempo constitucional, serán presentados ante el Tribunal que tome el caso.

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