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Tribunal de Cuentas mantuvo observaciones a compras millonarias de ASSE a ITHG y pidió intervención de Defensa de la Competencia
El Tribunal de Cuentas (TCR) mantuvo las observaciones a las dos licitaciones millonarias de ASSE que fueron ganadas por la empresa ITHG a comienzos de año y que tenían como objetivo regularizar la contratación de traslados de pacientes del SAME 105.
Las resoluciones fueron tomadas en la sesión del 2 de agosto y no obtuvieron unanimidad porque uno de los ministros del Frente Amplio, Enrique Cabrera, votó discorde ya que pretendía llevar el tema a la Justicia.
“Resultaba de aplicación el Artículo 49 del TOCAF, en tanto se constataron razonablemente varios hechos que implican el direccionamiento hacia ITHG por una cuantía millonaria, sin perjuicio de otras medidas de comunicación de las irregularidades constatadas”, señaló.
En las sentencias, a las que accedió El Observador, el Tribunal de Cuentas sí consideró pertinente derivar las actuaciones a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, dado que algunas disposiciones de ASSE pueden ser violatorias de la normativa en beneficio de la empresa ganadora.
Tras haber realizado durante 2021 y 2022 adjudicaciones mediante compra directa que fueron observadas por el TCR, el SAME 105 dispuso a comienzos de este año la realización de dos licitaciones, una para contratar automóviles con chofer y otra de móviles tripulados para traslados terrestres no medicalizados.
Las licitaciones, por montos millonarios, fueron ganadas por ITHG, una empresa nueva en el rubro que era la que venía siendo contratada en los dos años anteriores, lo que provocó el reclamo de empresas del sector, tal como informó Búsqueda meses atrás.
A su vez, produjeron diversos cruces políticos, ya que desde el Frente Amplio se alertó por una cercanía entre los referentes de la empresa con algunos jerarcas, algo que fue negado por el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, en el Parlamento, donde expresó su satisfacción con la empresa y aseguró que la contratación había permitido bajar los costos sin afectar la calidad del servicio.
Pero estas nuevas licitaciones también fueron observadas por el TCR a fines de junio, lo que motivó que ASSE enviara “reconsideraciones” con el objetivo de levantarlas (dejarlas sin efecto).
Contrario a los intereses que tenía ASSE, el TCR mantuvo las observaciones.
Automóviles con chofer
La primera licitación supuso la contratación, por alrededor de US$ 20 millones, de hasta 50 automóviles con chofer que operarán en todo el territorio nacional con un máximo de hasta 250.000 horas anuales de vehículos con chofer a disposición y/o uso. La adjudicación se extenderá por dos años y es prorrogable automáticamente por hasta tres periodos de un año cada uno.
En sus consideraciones, el TCR señaló que había restricciones incluidas en el pliego que contravenían la normativa y excedían el objeto del llamado, por ejemplo una serie de exigencias a los choferes.
“El requisito impuesto a los oferentes de acreditar entrenamiento con certificación expedida por UNASEV, ETUM o ASSE, vulnera el principio de concurrencia previsto en el artículo 149 del TOCAF, en la medida que configuran una limitación injustificada en cuanto a la capacitación, restringiéndolo a tres instituciones”, dice uno de los considerandos.
Otro de los considerandos rechaza que ITHG haya presentado una planilla de trabajadores confidencial, algo que no está permitido en este tipo de licitaciones, ya que impide “cotejar” la información a los oferentes.
A su vez, señaló que debido a que algunas de las decisiones de la administración podían ser violatorias de la normativa específica, era necesario trasladar el tema a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.
Ambulancias
La segunda licitación refirió a la contratación de “móviles tripulados para traslados terrestres no medicalizados”. Fue por dos años prorrogables automáticamente por hasta tres periodos de un año cada uno, y tuvo un costo del entorno de los US$ 26 millones.
Al igual que en la anterior, el TCR discrepó con las exigencias establecidas y le señaló que el margen de discrecionalidad para elaborar los pliegos no podía contravenir la normativa.
“No es la exigencia de mayor preparación a los oferentes para el uso del desfibrilador externo automático (D.E.A), sino la acotación a tres institutos de formación, lo que restringe y limita la concurrencia”, mencionaron los ministros.
A su vez, señalaron que “la administración actuante (ASSE) no aporta elementos que ameriten su reconsideración y el subsiguiente levantamiento de la observación oportunamente formulada, manteniéndose inalteradas las razones de legalidad por las cuales se observó el gasto de referencia”.
