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Los ministros del Tribunal de Cuentas votaron divididos

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Tribunal de Cuentas observó contrato de Intendencia de Paysandú con la fundación A Ganar

Los tres ministros del Frente Amplio objetaron el fallo por considerarlo incompleto y señalaron otras irregularidades

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13 de julio de 2021 a las 05:02

El Tribunal de Cuentas observó en mayoría el gasto de la contratación de la Intendencia de Paysandú a la Fundación A Ganar. El organismo alegó que se vulneraron principios legales (normas del Tocaf) y constitucionales de la contratación administrativa. Sin embargo, los tres ministros frenteamplistas del organismo entendieron que la observación "es genérica e insuficiente" y plantearon sus discordias en las que argumentaron razones más graves.

En la resolución del 9 de junio, el Tribunal de Cuentas objetó que debido al monto de la erogación la contratación debió realizarse por licitación pública, y no por licitación abreviada como se hizo, y darse cumplimiento a las normas inherentes a ese procedimiento, incluyendo las publicaciones del llamado y su plazo. Dado que el monto de la contratación el trámite debió tener una publicidad de 15 días hábiles.

La mayoría integrada por la presidenta Susana Díaz (independiente) y los ministros blancos y colorados Álvaro Ezcurra, Francisco Gallinal y Darwin Machado, afirmó que se incumplió con las normas que obligan a que el pliego evite las indefiniciones, contradicciones y cláusulas ambiguas.

Además señaló que las prestaciones objeto de la contratación comenzaron a ejecutarse sin la intervención previa de este tribunal. El artículo 211 de la Constitución de la República dispone que el tribunal debe “Intervenir preventivamente en los gastos y los pagos, conforme a las normas reguladoras que establecerá la ley y al solo efecto de certificar su legalidad, haciendo, en su caso, las observaciones correspondientes". 

Por último el tribunal apuntó como fundamento para la observación del gasto que se omitió enviar al tribunal la información contable de la contratación con lo que se incumplió una ordenanza del TCR.

Por otra parte, opinó que no se incumplió con el acuerdo firmado con INAU por dejar la gestión de los CAIF en manos de la Fundación A Ganar. Los ministros frenteamplistas habían pedido información al respecto.

Los tres ministros del Tribunal de Cuentas por el Frente Amplio, redactaron discordias en las que hicieron hincapié en la gravedad de algunos de los señalamientos del TCR y señalaron otros aspectos que consideraron irregulares que no fueron tenidos en cuenta por la mayoría. Los ministros Miguel Aumento, Enrique Cabrera y Diana Marcos apuntaron a que la resolución de la mayoría del TCR "esgrime razones genéricas y por tanto insuficientes".

Aumento se refirió a que la contratación se debió hacer por licitación pública, y planteó que también se violó lo dispuesto por el Tocaf en relación a la licitación abreviada puesto que dicho mecanismo permite acortar el plazo a 5 días hábiles si se fundamenta debidamente la urgencia, "y con la obligación de invitar como mínimo a seis firmas del ramo, todo lo que no ocurrió" en ese caso. La intendencia publicó el llamado 3 días hábiles antes de resolver contratar a A Ganar.

El ministro opositor objetó también que los servicios técnicos del TCR debieron analizar lo afirmado por el contador auditor, quien con fecha 29 de enero de 2021 informó que “la compra no ingresó al sistema Siab (sistema de abastecimiento de compra) sino que ingresó por expediente por Resolución del intendente”, lo que evitó que el TCR tomara conocimiento previamente. 

Además planteó no estar de acuerdo con el juicio de que no se violó el acuerdo con INAU y dijo que "se careció de profundidad en el análisis". A su juicio se está al menos en una "cogestión de los centros CAIF

Por último, Aumento señaló que el contador Diego Thomasset, quien era el contador delegado del TCR fue designado director general de Administración de la Intendencia de Paysandú el 26 de noviembre de 2020 y recién cesado como delegado del TCR el 28 de diciembre, por lo que durante un mes fue controlante y controlado. En su opinión el tribunal debió "hacer saber la inconveniencia".

Por su parte, Cabrera además de coincidir en todos los puntos planteados por Aumento, agregó que llama la atención que el objeto de la Fundación A Ganar sea promover el desarrollo económico, social, cultural del ser humano, con particular atención en los jóvenes en riesgo social, o en situación de vulnerabilidad, y el personal que se contrató en la primera semana de funcionamiento, que era el que trabaja en los Caif, no estaba en esa situación, más bien al contrario, eran personas que tenían un vínculo laboral estable con la IDP desde hacía años. 

También coincidió en que las observaciones planteadas por el TCR son insuficientes y que faltó información porque no se cumplió con los requerimientos del organismo.

Por último, Marcos afirmó que el 13 de enero ante notas de prensa solicitó a los servicios del tribunal información para a la Intendencia de Paysandú que aún no ha sido respondida en su totalidad.

Además de suscribir todo lo afirmado por sus colegas, la ministra planteó que el objeto de la licitación es demasiado amplio, ya que se pide el gerenciamiento de áreas ambientales, sociales, culturales, deportivas, productivas... "hubiera correspondido un procedimiento que no quedara limitado a fundaciones u organizaciones no gubernamentales".

Con respecto al tema de INAU dijo que el tema merece un análisis más profundo y que para ello se debería enviar la información que se pidió al organismo y no se entregó.

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