Un atavismo anacrónico

Es un hecho que los cambios en Uruguay requieren tiempos geológicos. Nuestra civilización guarda relictos de tiempos remotos como fósiles en el hielo, pero seguramente entre ellos el Instituto Nacional de Colonización(INC) constituye nuestra “Cueva de Altamira”.

Para comenzar, su funcionamiento constituye una flagrante violación a la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Mientras algunos deberán ahorrar su vida entera para adquirir una parcela de tierra, ésta será asignada como hasta hoy a personas “elegidas” sin ahorro alguno, con solo “demostrar” idoneidad y vocación por el tema agrario. Concepto que podría extenderse a quienes tienen aptitud e idoneidad por el mar y reclaman por lo tanto una embarcación.

Al momento de su promulgación en 1948, la ley de creación del INC ya se encontraba 100 años atrasada en el diagnóstico sobre la distribución de la riqueza. Se habría entendido en el Uruguay previo a Lorenzo Latorre como colonización de la campaña y sobre todo en aquel siglo donde aún podía medirse el poder y la riqueza mediante la posesión fundiaria. Pero esa época ya fue y vivimos un siglo XX donde el quehacer industrial definía el poder y un  siglo XXI en el que la tecnología e información hacen la diferencia.

El INC con sus 610.000 hectáreas (un departamento entero) adjudicadas en 3.642 unidades de producción ostenta el mayor patrimonio físico de todos los organismos del Estado, con un valor de US$ 2.000 millones.En promedio, ha cedido a cada colono un patrimonio de US$ 500 mil con un valor de arrendamiento subsidiado y fuera de mercado. Aún así debería ser un organismo próspero, como cualquier productor uruguayo que arrienda su campo, pero sin embargo y como era de esperar, el tiempo lo volvió un yacimiento de burocracia tal que todo lo que recauda por arrendamiento lo gasta en la administración y sus centenas de cargos inútiles.

En su artículo primero, la ley fija como objetivos centrales “el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural”. Sin embargo, como todos sabemos, su productividad está por debajo de la media y la radicación constituye el gran “castigo” que tienen que sufrir los adquirentes.

Pero el más flagrante incumplimiento es el último. Otorgar 150 hectáreas a un potencial productor es hoy condenarlo a muerte, ya que recibirá un tercio de los ingresos que recibiría siendo un simple capataz de una estancia. Los trabajadores rurales son los únicos del Uruguay cuya capacidad de ahorro es igual a sus sueldos en la medida que no tienen gastos por cuenta propia. La comparación lineal de salarios con los trabajadores urbanos no es más que un alarde de ignorancia.

El INC habrá de desaparecer más tarde o más temprano, ese no es el punto. La forma de hacerlo es bastante más importante, contemplando derechos adquiridos y sin traumas.

En lo personal, mi propuesta es la transferencia de la propiedad de la tierra a los actuales colonos, mediante un financiamiento de largo plazo que dé viabilidad a la adquisición, digamos un plan soñado. Este no debería chocar con problema alguno en materia de garantías, ya que la tierra supera a cualquier activo en esta cualidad. Tan o más importante que su confección es la existencia de un mercado secundario que permita a cualquier uruguayo “comprar” el plan financiero en un mercado público y transparente y tomar el lugar del productor.

Habrá colonos que preferirán ceder el crédito y hacerse de un monto de dinero contado, habrá otros que lo harán parciamente recibiendo un socio para su emprendimiento y habrá por supuesto los que llegarán hasta el final del pago.

Del otro lado un innumerable contingente de uruguayos de clase media competirán por el acceso y en el caso de que ello ocurra esa área dará un salto productivo, de inversión, de requerimiento de servicios y empleo de mano de obra. 

Ojalá que esta propuesta genere algo más que la urticaria ideológica tan apreciada por mis compatriotas.