Javier Conde
Es periodista de la sección Mundo de El ObservadorMundo > ¿Causa Justa?
Un colectivo panameño de periodistas rescata la memoria de la invasión de EEUU en 1989
Treinta años después, el 20 de diciembre de 1989 resucita de los escombros y el olvido.
La madrugada de aquel miércoles aciago, siguiendo órdenes del presidente George Bush, Estados Unidos desplegó “11.000 soldados adicionales a los 13.000 ya presentes legalmente en Panamá” —como consta en el Informe 121/18, Caso 10.573, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— con el objeto de “proteger las vidas de los ciudadanos estadounidenses, restaurar la democracia en Panamá y reivindicar los derechos del Estado acordados en el Tratado del Canal y sus documentos posteriores”.
La operación militar sometió en muy pocos días la resistencia de las Fuerzas de Defensa Panameñas, capturó al General Manuel Antonio Noriega, dictador acusado de narcotráfico y fraude y un montón de canalladas, instaló en una base de Estados Unidos en la zona del Canal al nuevo presidente, Guillermo Endara, y comenzó, desde el 28 de diciembre, al retiro progresivo de sus fuerzas militares.
Una eficiente labor de profilaxis social y política. Una “Causa Justa”, como se bautizó, como lo recoge la historia conocida. Hasta ahora.
Sus acciones, sostuvo el Estado, como se identifica a Estados Unidos en el informe de la CIDH, “estuvieron limitadas a lo que era necesario y proporcionado, y estuvieron específicamente diseñadas para minimizar, en la medida de lo posible, las lesiones y pérdidas de vidas civiles y de bienes”.
La invasión
Lo que se resolvió en menos de 60 días –el último soldado estadounidense “de las tropas adicionales” se retiró el 13 de febrero de 1990, siempre según el informe de la CIDH– ha tardado 30 años en emerger, aunque desde el 10 de mayo de 1990, los abogados José Luis Morín, puertorriqueño, y Gilma Camargo, panameña, en representación del Centro por los Derechos Constitucionales presentaron una petición ante la CIDH en la que alegaron “la responsabilidad de los Estados Unidos de América en perjuicio de las personas identificadas como presuntas víctimas de la invasión militar iniciada por los Estados Unidos” en la madrugada de aquel miércoles.
El informe citado en esta nota comenzó a fraguarse entonces y solo fue en octubre del año pasado cuando la CIDH concluyó “que el Estado (es decir, Estados Unidos) es responsable por la violación de los artículos I (derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona), VII (derecho de protección a la infancia), XXIII (derecho a la propiedad) y XVIII (derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en perjuicio de las personas que se individualizan en los Anexos del presente informe de fondo respecto de cada una de las violaciones respectivas”.
“El gran problema de la invasión era que no había como muchas certezas, todo era discutible, porque no había habido verdad, ni justicia, la justicia nunca se encargó de un proceso serio en relación a la denuncia de las víctimas hasta el año 2016 que el gobierno panameño crea la Comisión 20 de diciembre para investigar cuántas víctimas hubo, porque ni siquiera hay una cifra oficial de muertos”, afirma desde Ciudad de Panamá la periodista Sol Lauría, integrante de un colectivo de periodistas que en ese diciembre de 2019 ha puesto en acceso público más de 600 documentos relativos a la operación “Causa Justa”. A la invasión.
“Es un gran agujero”, casi titula Lauría.
El informe de la CIDH aportó las primeras certezas sobre aquellos hechos que en 1989 los panameños, en general, asumieron con alivio.
“No hubo consenso sobre el nivel brutal del despliegue porque la invasión vino a ponerle fin a la dictadura. Antes, en 1988, Estados Unidos había hecho un bloqueo económico, no había dinero circulante, Noriega era un dictador, vinculado a hechos de corrupción, al lavado de dinero, que reprimía, que había hecho fraude, la gente estaba muy mal y muy insatisfecha, y celebró el fin de la dictadura”, continúa Lauría.
Pero fue un proceso traumático, con memorias en conflicto como ha ocurrido a lo largo y ancho de América Latina desde la década del 70. La élite panameña, apunta Lauría, intentó borrar, quizás de una forma inconsciente, la invasión de la memoria histórica de Panamá. “La invasión no se da en las escuelas, no está en los programas escolares”. No existió, o casi.
Pero esas memorias de la resistencia, insiste Lauría, pervivieron y fueron retomadas por las nuevas generaciones que empatizaron con las víctimas. “Toda esa fuerza por borrar la memoria empieza a quebrarse con el informe de la CIDH y probablemente con estos documentos que ahora ven luz pública”, confía la periodista.
Los documentos
En la víspera del 30 aniversario de la invasión de Panamá, el diario El País de España, el más leído en la lengua castellana, destacó el hallazgo de este grupo de periodistas del que Lauría forma parte, y que se identifican con una palabra muy local: Concolón, una expresión popular que refiere a ese resto de la cocción arroz que queda adherido al fondo de la olla. Y ellos se propusieron ir hasta el fondo, donde está lo mejor.
Concolón surgió en 2016 con la idea de contar las historias jamás contadas de Panamá “porque veíamos que dentro del periodismo había temas importantes para el país que se trataban superficialmente o no se trataban y había muchas deudas del periodismo con la sociedad”, explica Lauría, nacida en Argentina, residencia desde hace casi una década el país del itsmo.
El año pasado, el colectivo publicó el especial “Duelo, memorias de la invasión”, en la revista online que mantienen, que obtuvo el Gran Premio Nacional de Periodismo.
“Hicimos una investigación de un año, muy sesuda, que incluyó conversatorios cerrados con especialistas”, y luego dieron otro paso más: establecieron una alianza con la Comisión 20 de diciembre creada por el gobierno panameño y con el Centro para los Derechos Humanos de la Universidad de Washington. Los movía la idea de hallar documentos oficiales sobre la invasión de 1989. Y esos documentos estaban en Estados Unidos, que así como despliega marines en las madrugadas, también registra y con profusión lo qué hace. Y deshace.
“Hicimos dos procesos: primero, rastrear los archivos ya desclasificados sobre la invasión, muchos estaban online en redes, en páginas de universidades que hacen proyectos de clasificación, y otros estaban desclasificados pero aún no eran públicos”
Recurrieron al National Archives donde hay documentación de todo tipo. “Tenían unas cajas de Panamá sobre la invasión y fuimos a hacerles copia porque no estaban digitalizadas”, señala Lauría.
En paralelo empezaron a pedir documentos a través del Freedom of Information Act (FOIA), la Ley por la Libertad de Información, para obtener informes que aún no están desclasificados, y de cuyas peticiones aún hay varias en proceso, que se van a demorar más. En total han podido rastrear, revisar y publicar 600 documentos que constituyen la memoria más sólida y completa sobre el 20 de diciembre de 1989 y que pueden ser consultados en la siguiente dirección https://panamafiles.revistaconcolon.com/el-proyecto/
Los documentos aportan la mirada estadounidense sobre la invasión y contribuirán, junto con el informe del CIDH, a consolidar las responsabilidades.
El trabajo del colectivo Concolón está lejos, sin embargo, de concluir. Hay más documentos en trámite y que irán subiendo a las redes en la medida en que los vayan recibiendo. Por su parte, la Comisión gubernamental 20 de diciembre va a elaborar un registro único de víctimas y está previsto que en febrero, cuando cesen las lluvias y comience la temporada seca en este país caribeño, se exhumarán fosas comunes, además de realizar pruebas de ADN a familiares de las víctimas.
El 20 de diciembre de 1989 resucita de los escombros y el olvido. Treinta años después.
