Antes de la crisis de 2002 y 2003, la agricultura en Uruguay era una mala palabra. La falta de tecnología, los vaivenes del clima y las señales poco alentadoras del mercado condicionaban la actividad agropecuaria a la producción animal. Pero hace poco más de una década que eso cambió y la agricultura se posicionó a la cabeza de la actividad económica del país. La soja en particular se despegó y lideró la cruzada hasta ubicarse como principal producto de la temporada estival.
Sin embargo, el actual cultivo estrella, que ocupa más de un millón de hectáreas y genera divisas anuales por más de US$ 1.000 millones, viene provocando un debate profundo y un conflicto de intereses. La ingeniera agrónoma Mariana Hill, directora de Recursos Naturales y Renovables (Renare) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sostiene que la erosión de los suelos es el problema ambiental más importante de Uruguay. Y la soja no es ajena a ese asunto.
Para la buena conservación del suelo resulta fundamental el rastrojo –restos de tallos y hojas que quedan luego de la cosecha–, porque cubre la tierra y minimiza la erosión que provoca la lluvia. La soja tiene una particularidad: una vez que se extrae de la tierra no deja residuos. Eso es contraproducente si los productores abusan del cultivo y no aplican la rotación o secuencia apropiada intercalando soja con otra plantación.
Algunos suelos uruguayos, los de menos calidad, no tienen las condiciones necesarias para tolerar más de dos cosechas de soja seguidas. Por esta razón, el gobierno se propuso racionalizar la producción agrícola y buscar un equilibrio entre la generación de divisas y el cuidado del suelo.
Para la directora de Renare, lo fundamental de aquí a 50 años es “cómo meter la soja en el sistema y no basar el sistema en la soja”. La herramienta para alcanzar la meta se implementará a partir del invierno de 2013. El Plan de Uso y Manejo de Suelos llega para reordenar la normativa vigente y atacar de raíz a la producción cortoplacista. El objetivo es planificar los cultivos en función de la calidad de las tierras. En la primera etapa, se exigirá una declaración jurada a los productores de trigo o cebada que siembren más de 100 hectáreas. El plan consiste en comprometerse con una sucesión de cultivos y una forma de trabajo que no genere pérdidas por erosión mayores a lo que tolera cada pedazo del territorio.
“Hay que ordenar la agricultura del país teniendo criterios, además de económicos, de cuidado del recurso. Eso va a implicar enfocar diferente a la soja. No para hacer un cultivo todos los veranos, sino para rotarlo con sorgo, maíz o lo que sea necesario”, explica Hill, quien no duda en afirmar que si el cultivo de soja continúa tal como se viene haciendo, “tendrá un límite”.
El tema de fondo es que la agricultura intensiva en suelos no propicios agota uno de los recursos naturales más importantes del país. Incluso en los mejores campos, un mal uso del suelo puede traer consecuencias muy negativas en la mediano y largo plazo.
El ingeniero agrónomo Marcos Martino, responsable de investigación y desarrollo de producción vegetal en El Cimarrau SRL, apunta que Uruguay está “en una situación de riesgo” y la producción de soja debería “entrar en una etapa de retroceso y reasignación de áreas para intentar que las especies que se están combinando con la soja sigan teniendo un retorno atractivo”.
“Debemos ser inteligentes para que no sea solo una coyuntura. Y si eso significa no poder seguir haciendo un millón de hectáreas de soja, tendrán que ser las que deban ser, pero tienen que ser sostenibles en el tiempo”, dice Martino.
La nueva normativa de uso de suelos “va a propiciar un buen diálogo entre el que está usufructuando el suelo y el dueño de la tierra”, dijo Martino, haciendo referencia al sistema de arrendamiento para la explotación agrícola, fenómeno predominante en la producción nacional. Esta característica es relevante porque “es muy común ver casos de propietarios que han acordado un ingreso fijo o sujeto a las ganancias y se han mantenido bastante al margen de qué se hace y cómo se hace la agricultura en su campo”, explica el especialista.
A partir del próximo invierno, el responsable del plan de uso y manejo es el dueño del campo, y eso supone que le despertará interés y lo obligará a un intercambio fluido con el arrendatario para acordar un equilibrio entre el retorno económico y el deterioro del suelo. El plan será progresivo y alcanzará a todas las unidades productivas. En esta primera etapa, se prevén multas de hasta 10 mil unidades reajustables (más de $ 6.100.000).
