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Un quinto manifestante murió durante las movilizaciones contra el gobierno de Lasso
A doce días de iniciadas las protestas de comunidades campesinas contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso, una nueva muerte eleva a cinco el número de fallecidos en Ecuador.
La nueva víctima fue identificada como Henry Quezada Espinosa y según la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) su muerte se debió a un trauma penetrante de tórax y abdomen por heridas de perdigones recibidos cuando participaba de la movilización en el parque El Arbolito, en Quito.
Los enfrentamientos con la policía se produjeron en las inmediaciones de la Casa de la Cultura y se extendieron durante toda la tarde hasta bien entrada la noche.
La movilización campesina actual no es la primera con consecuencias institucionales relevantes que se produce en Ecuador. De hecho, en tres oportunidades anteriores las protestas han tenido como resultado el apartamiento de tres presidentes, Abdala Bucaram en 1997, Jamil Mahuad -que fue quien decretó la dolarización de la economía ecuatoriana- en el año 2000 y Lucio Gutiérrez en 2005.
El presidente Lasso cumple un año en el cargo y su presidencia está marcada por el crecimiento del desempleo, la falta de remedios y deficiencia en la salud pública, masacres en prisiones, aumento de la violencia ligada al narcotráfico, la inflación que deteriora los ingresos populares y los precios de los combustibles en alza.
La dimensión y la dinámica de las protestas que comenzaron con bloqueos de rutas y siguieron con marchas sobre el centro histórico de Quito y otras localidades, motivaron la represión policial que, a la fecha suma, además de los cinco fallecidos, más de doscientos heridos y un número indeterminado de detenidos.
Si bien el presidente Lasso expresó su voluntad de abrirse al diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), motor decisivo y conducción de las protestas, terminó estableciendo el estado de emergencia mediante los decretos 455 y 459 que permiten la participación de elementos de las fuerzas armadas en las tareas represivas, limita el derecho de reunión y además implanta el toque de queda de 22 a 05 horas en Quito al principio y en cinco provincias más en días subsiguientes.
Para cumplimentar en parte las demandas campesinas, Lasso anunció algunas medidas de alivio como un aumento en la ayuda social, la condonación de deudas bancarias y la congelación del precio de los combustibles, que fueron rechazadas por insuficientes por Leónidas Iza, presidente de la Conaie quien ha insistido en que el diálogo con el gobierno sólo se puede concretar si se levantan las medidas de emergencia y cesa la represión.
Para el sociólogo Decio Machado, la situación actual es producto de la aplicación de un plan económico de corte liberal, focalizado en la reducción del déficit fiscal y el pago de la deuda externa y no en los programas sociales que demanda una población empobrecida.
En un mensaje difundido por televisión, el presidente Lasso alertó sobre “un intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador” y acusó a Leónidas Iza, principal dirigente de la movilización, de “buscar el derrocamiento del gobierno”.
En el plano institucional, los legisladores de la bancada que responde al expresidente Rafael Correa buscan activar el mecanismo que permita destituir al presidente y llamar a elecciones anticipadas. El mecanismo está previsto por la Constitución Nacional, se lo conoce popularmente como “muerte cruzada” y consiste en la facultad que tanto el presidente como la Asamblea Nacional tienen para interrumpir el mandato de legisladores y del presidente y convocar a elecciones generales para cubrir los cargos en acefalía. La iniciativa del correísmo no cuenta aún con los votos necesarios para concretar el quorum necesario.
