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Un sistema de Justicia lleno de agujeros por donde a veces se escapa la vida

El caso del Kiki enfrentó a Policía, fiscal y Justicia y no se sabe quién tiene la razón

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06 de marzo de 2018 a las 05:00

Nada le devolverá la vida a Florencia Cabrera, la cajera de supermercado de 26 años que el 17 de febrero fue asesinada de un balazo por el delincuente Christian Pastorino (Kiki). Pero algunas características de la investigación que se había montado desde diciembre cuando Pastorino asesinó a su pareja, revelan que el sistema de Justicia tiene más agujeros que un queso. Nadie podrá saber nunca si ese "sistema" hubiese funcionado con mayor eficiencia hoy no estaríamos lamentando la muerte de Cabrera, pero conocerlos parece un imperativo porque hoy o mañana cualquiera puede convertirse en víctima, rodeado de funcionarios carentes de pasión por su trabajo, mecanismos de investigación que fallan y que es imposible determinar en quién recayó la responsabilidad porque no quedan registros o medidas que pretenden buscar pruebas que nunca se aplicaron porque la autorización para llevarlas a cabo se perdió en un agujero negro en el que pueden seguir cayendo si no se toman recaudos y se cambian formas de trabajo entre el Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía.


Como consecuencia de declaraciones de la fiscal Salvo a El Observador, en las que señalaba una serie de responsabilidades de mal manejo policial, el Ministerio del Interior abrió una investigación interna.

Más allá de eso, la sucesión de hechos, declaraciones y notas periodísticas en torno e este caso dejaron expuestas una serie de falencias en la investigación en torno al Kiki. Además, reflejan que las formas de actuar de la Fiscalía y el Poder Judicial parecen tan arraigadas que será difícil que se modifiquen en el contexto del nuevo Código del Proceso Penal (CPP).


En el caso de la Policía sus autoridades machacan sobre los oficiales que lideran las investigaciones que ahora los jefes de esas operaciones son los fiscales. Se hace lo que los fiscales dicen, y punto.

Trabajar cuando corresponde

Desde el Ministerio del Interior (no solo de la Policía), se explica que la cultura que impera entre los uniformados generalmente es que los oficiales de caso, cuando están ante la inminencia de la aclaración de un asesinato, no descansan. Ellos empezaron con la investigación, ellos la quieren terminar.
Quizás por eso, el 11 de febrero, cuando la Policía tenía el dato de que Kiki estaba refugiado en una vivienda y necesitaban que se tramitara una orden de allanamiento, pensaron en recurrir a la que sus superiores les habían machacado que era su jefa en la causa: la fiscal Diana Salvo.

Pero era domingo previo a semana de carnaval y no pudieron pedirle a ella esa orden. El hecho de que Salvo no estuviera presente ante un hecho considerado importante llevó al asesor del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el sociólogo Gustavo Leal, a afirmar en entrevista con en El Observador el sábado pasado: "Se pidieron órdenes de allanamiento y hay gente que en carnaval no trabaja. Hay gente que en carnaval no trabaja pero la Policía trabaja".

En su despacho de las fiscalías de la calle Cerrito, Salvo se enoja y mientras habla golpea con su mano sobre el escritorio: "En vacaciones actúa un fiscal de flagrancia. Yo también trabajé en enero como fiscal de flagrancia. Por lo tanto, cuando me toque trabajar voy a trabajar y cuando no me toque no voy a trabajar. Y punto".

Más allá de las intenciones que la Policía pueda aspirar a que tengan el resto de los funcionarios, las normas del sistema amparan a la fiscal. Y punto.

Pero posiblemente la mayor reacción de la Policía y la Justicia tras el fin del caso con el suicidio del homicida, estén originadas en unas declaraciones realizadas por la fiscal Salvo que ponían en tela de juicio la eficacia policial y la celeridad judicial.

Salvo había declarado a El Observador que estaba "frustrada" con la investigación y que las explicaciones que le dieron los policías no le convencían. Y agregó: "Encuentran y desbaratan a varias bandas internacionales pero no pueden encontrar a un delincuente que se mueve en el ámbito doméstico. Es extrañísimo".

Como la fiscal aludió a ciertas demoras en los trámites, la Suprema Corte de Justicia se sintió aludida y emitió un comunicado que decía: "En relación a trascendidos de prensa sobre dichos de la Fiscal Letrado Penal de Montevideo, Dra. Diana Salvo, referidos a inconvenientes en los procedimientos de allanamiento en la búsqueda de Christian Pastorino por el homicidio de Alison Pachón, los registros de la tramitación de dichas actuaciones en la OPEC evidencian su diligenciamiento en tiempo y forma. En el caso específico de las órdenes de allanamiento, todas se resolvieron de forma inmediata, no obstante fueron solicitadas como procedimientos a realizarse al día siguiente, no urgentes".

Este último aspecto de allanamientos que no se hicieron con urgencia se convirtió en uno de los señalamientos críticos que se le han hecho y se le siguen haciendo a Salvo.

Pero antes Salvo quiere referirse a sus palabras: "No critiqué a la Policía, si interpretaron mal lo lamento mucho. No critiqué a la Corte. Dije que demoraban tres o cuatro horas en hacer el oficio.Han malinterpretado mis palabras de todos lados".

El polémico allanamiento

La alusión de la SCJ a un allanamiento que no se pidió como urgente refiere a un pedido que la Policía le hizo a salvo el 14 de febrero (martes de carnaval). Tenían el dato de que el Kiki estaba refugiado en una vivienda y la Policía quería entrar por la fuerza.

Efectivamente la fiscal dio la orden pero no para que se hiciera ese día sino el 15, como aconteció con resultado negativo.

¿De quién es la responsabilidad de pedir la urgencia en un allanamiento? Se trata de una medida extrema, la violación de la propiedad privada, que puede poner fin a un caso.
"Es la Policía la que me tiene que decir a mí si lo precisa urgente o no", exclama Salvo, y agrega: "El allanamiento lo hacen ellos, no yo".

Pero ¿no cae de maduro que si se pide un allanamiento es porque se necesita agarrarlo lo antes posible?

"Así no me lo pidió la policía.Yo no hago el allanamiento. No me lo pidieron urgente y si no me lo piden urgente yo no lo pido nunca urgente", agrega la fiscal y exhibe todos los documentos que muestran que los allanamientos que la Policía le pidió, ella los habilitó.

Interrogada acerca de si, ahora que con el nuevo CPP ella es la jefa de la investigación, no le correspondería definir medidas como esta, de la urgencia de un allanamiento, Salvo responde: "Pero si cuando dicen que los critiqué lo que hice fue pedir un cambio de estrategia. ¡Y se ofendieron! ¿Y ahora quieren que sea yo quien defina eso? Los que saben eso son los policías, no yo".

Consultado por El Observador sobre este punto, el jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Pérez, tiene otra versión: "Es muy difícil que nosotros pongamos que es urgente. Quizás se lo transmitamos verbalmente, pero un allanamiento siempre es urgente".

La jefa de la investigación y su brazo ejecutor no se ponen de acuerdo acerca de las características de una de las medidas más radicales en una investigación criminal. El sistema.

La interceptación perdida

Si el allanamiento es una medida radical que viola la propiedad privada de las personas, qué decir de las interceptaciones telefónicas que se meten en la intimidad de los ciudadanos en procura de aclarar un delito.

En la Policía había un extendido malestar porque Salvo, que salió a criticar la acción policial en el caso Kiki, no habilitó una interceptación telefónica sobre el teléfono de la cuñada del delincuente, que lo estaba ayudando. Todo indicaba que la fiscal no había dado cuenta de esa medida.

¿Por qué? Los oficiales que estaban al frente de la investigación nunca recibieron el ok para pedir esa interceptación. El jefe de Policía y el director Nacional de Policía tenían la misma información, porque cuando vieron que ese pedido no se había ejecutado se comunicaron con la última barrera de contención que está obligada a saber si un teléfono está intervenido o no: la Unidad de Apoyo Tecnológico de la Policía (Unatec). El oficial Carlos Noria, jefe del Guardián y de todas las herramientas tecnológicas que utiliza la Policía, les dijo que ese número de teléfono nunca había sido interceptado.

Sin embargo, en su despacho, Salvo exhibe un documento que dice en su encabezado "Solicitud al juez". "Yo lo pedí, yo pedí esa interceptación", enfatiza, como si el documento no fuera suficiente.

¿Y confirmó que la Policía se enterara? "Eso no me corresponde, la Policía se entera porque un policía, aunque a veces sí lo hace un funcionario de la fiscalía, es el que levanta la orden", explica la fiscal.

Funciona así: La Policía le pide al fiscal que tramite ese pedido de interceptación telefónica. Si lo cree acertado, la fiscal se lo pide el juez. Si lo cree acertado, le dice a la fiscal que accione. La fiscal debe comunicarlo a la Policía, pero ¿cómo se hace?

Tal como dijo Salvo, un funcionario de fiscalía a veces pero casi siempre de la Policía, pasa a buscar la aceptación y firma con una birome que lo recibió.

¿Con una birome? ¿Y si está colaborando con los delincuentes y luego de levantarlo lo tira en el camino? ¿Y si pone un gancho que nadie entiende quién lo levantó? ¿Y si firma con otro nombre?

"Bueno", dice Salvo, "por eso yo todo lo tramito por acá", y señala el monitor de su computadora. "Pero en el Poder Judicial se ve que no, que lo siguen haciendo a la manera antigua y yo ahí no puedo hacer nada".

¿Qué rayos pasó con esa orden de allanamiento que la Policía pidió, que se la dieron pero cuyo ok nunca les llegó y por tanto no se implementó? Nadie lo sabe. Un agujero negro. La Policía iniciará una investigación para determinar qué ocurrió.

Policías que esperan que sus jefes, los fiscales, actúen como ellos pero estos tienen sus normas y formas de actuar; medidas investigativas como órdenes de allanamiento que nadie sabe a quién corresponde poner si son o no urgentes; pedidos de pinchazos telefónicos que la fiscalía tramita electrónicamente y la Justicia a lapicera, que pueden ser recogidos por un funcionario en moto que puede o no ser funcionario y que nadie sabe qué pasa con semejante autorización para hurgar en la vida íntima de la gente. El sistema. A Florencia Cabrera nadie le devolverá la vida. Pero por los que quedamos vivos sería conveniente que el sistema se depure, sea más eficiente, porque su ineficiencia, a veces, se paga con vidas.

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