En épocas de alta polarización y tensión social y de muchos grupos de interés con agendas propias, la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna desde cero no suele ser una buena idea. Salvo para los autócratas de turno a quienes muchas de esas constituciones se les redactan a medida, y se aprueban de forma mesiánica, como ocurrió en la Venezuela de Chávez, en la Bolivia de Evo Morales o en el Ecuador de Rafael Correa.
Eso quedó más que visto con el proyecto que surgió de la Asamblea Constituyente votada en Chile con enorme fervor como solución a las protestas de fines de 2019. El plebiscito que la convocó tuvo una apoyo del 80% de la población. El producto de la convención convence a bastantes menos. Y no son pocas las encuestas que van marcando la posibilidad del triunfo del rechazo.
Las semillas de este proyecto se vieron apenas quedó constituida la Asamblea con enorme dispersión del origen de sus integrantes y con ideas muy radicales. Parecía la panacea de la izquierda y de la cultura woke (con la súper agenda de derechos de última generación) que tenía la posibilidad de plasmar en ella una batería de disposiciones que hicieran retroceder derechos y libertades constitucionales válidas en cualquier otra parte del mundo.
El proyecto que finalmente vio la luz el 4 de julio no fue tan malo como lo que se dijo durante el proceso constituyente ni recogió todos los disparates propuestos, como la nacionalización de la mineria. Pero sí es lo suficientemente malo como para desaconsejar su aprobación en el plebiscito del 4 de setiembre.
El expresidente Ricardo Lagos (2000-2006), socialista, fue uno de los primeros en expresarse. Fue durante su gobierno que se llevó a cabo una de las mayores reformas a la Constitución de 1980. Tanto fue así, que reemplazó la firma de Augusto Pinochet por la suya. El pasado 5 de julio, un día después que se hizo público el proyecto constitucional, se mostró partidario del rechazo y de estar “convencido de que el desafío político relevante es encontrar la manera de abordar la continuidad del debate constitucional hasta alcanzar un texto capaz de concitar un alto grado de aceptación ciudadana”.
Sin dudas dio en el clavo dado el escaso apoyo que concita el nuevo proyecto, que no representa el nuevo pacto social que buscan los chilenos. Se pasa de un Estado subsidiario a un Estado de bienestar donde se otorgan muchos derechos socioeconómicos pero no se indica como se financiarán o se ejecutarán. Se perjudica la separación de poderes diluyendo la independencia del Poder Judicial al crear un nuevo consejo que regula todos los nombramientos. También se quita la “justa y previa” indemnización en las expropiaciones, dejando en manos del Congreso la fijación de su valor. Se reservan escaños en el Parlamento a las comunidades indígenas, y también se les da mayor autonomía y un sistema de justicia propio, en competencia con el general. Se otorgan nuevos poderes a los sindicatos, no solo referente a la defensa de sus derechos sino a la intervención en la conducción de las empresas. Y se asegura una suerte de genérico “derecho al trabajo” que haría muy difíciles los despidos.
La Constitución de 1980 tiene defectos. Quizá el mayor de ellos es que fue aprobada durante la dictadura de Pinochet. Y hoy por hoy eso es intolerable para muchísimos chilenos. Pero hay formas y formas de cambiar eso. Un camino fue el de las reformas, de las cuales ya ha habido 60. Otro, si esta nueva Constitución se rechaza, es conseguir una mayoría especial en el Congreso para modificar la política educativa o para garantizar mayores derechos a los ciudadanos sin tener que hacer una incumplible lista de “pedidos ya”. Dado el cambio político generado por el triunfo de Gabriel Boric, hoy la sociedad chilena parece estar menos necesitada de una nueva Constitución y más de un buen gobierno. Boric, gran impulsor de la reforma constitucional, no ha empezado bien su mandato y su aprobación ha caído rápidamente cuando se topó con las realidades del poder. Pero puede aprender en el camino. Para mucha gente, es una garantía que esté al frente del gobierno. También es una garantía que no tenga a mano una Constitución que no le ponga los habituales pesos y contrapesos de una República.
Las asambleas constituyentes en estas épocas de polarización política y fragmentación social no son la mejor solución. Lo hemos visto en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Ojalá no lo veamos nuevamente en Chile. Chile ha tenido la capacidad de crecer como nadie en América Latina y triplicar el PBI per cápita en 40 años. Necesita urgentemente mejorar la equidad social. Pero no hay que echar por la borda los logros conseguidos
