Opinión > EDITORIAL
Una cuestión de velocidad
La noticia de que bajaron los tiempos que los delincuentes se toman para robar en supermercados debido a talleres que brindó el Ministerio del Interior a los empleados genera un sabor agridulce. Lo mismo que la idea de ubicar los cajeros automáticos dentro de las comisarías para evitar que los vuelen por los aires para robar el dinero que contienen.
La solución que ha planteado el Poder Ejecutivo es la de continuar cediendo terreno. Si bien el fin es loable
–salvaguardar la vida de funcionarios y clientes–, la solución evidencia que el Estado retrocede todos los días ante la delincuencia.
En los talleres para los empleados se enseña cómo se comportan los delincuentes y los sentimientos que tienen al momento de entrar a robar. “No razonan, cualquier estímulo puede ser interpretado de mala manera. Mucho más si están drogados. No intenten dialogar con ellos”, les explicó a los trabajadores de una firma de plaza un negociador del Ministerio del Interior.
También les exhortó a entregar el dinero en el menor plazo posible, nunca mirarlos a los ojos, no mentirles, tener los celulares apagados o en silencio y sin vibrador, jamás insultarlos y menos intentar fugar. Las tácticas presentadas se realizan con el objetivo de otorgar seguridad a los funcionarios.
De acuerdo a cifras de 2017 un asalto promedio a los supermercados demoraba dos minutos y medio. En 2018 ronda los 30 segundos. Cifra fría de cronómetro que marca el drama que vive Uruguay ante la ola de delincuencia. Aún se lloran casos de jóvenes empleados asesinados este año a sangre fría durante los atracos. Es el caso de Florencia Cabrera, de 26 años, muerta por la espalda en La Blanqueada, o el de Nicolás Pereira, de 22 años, en Pocitos. El gobierno se agarra de lo que puede para intentar minimizar el drama que día a día padecen los uruguayos.
De acuerdo a cifras de 2017 un asalto promedio a los supermercados demoraba dos minutos y medio. En 2018 ronda los 30 segundos. Cifra fría de cronómetro que marca el drama que vive Uruguay ante la ola de delincuencia.
Según informó Daniel Menéndez, presidente de la Asociación de Supermercados del Uruguay, en 2018 se duplicaron los asaltos comparados con el año anterior, pero bajaron las muertes.
Imposible no asociar esta noticia con lo manifestado por el gobierno tras reunirse con el experto en seguridad Rudolph Giuliani. Asesor del flamante Partido de la Gente, el exalcalde de Nueva York, célebre por haber disminuido los crímenes en esa ciudad, vino a Uruguay y presentó una serie de medidas bastante obvias. El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, destacó que se trata de la primera propuesta seria en materia de seguridad que llega de la oposición, algo que es falso.
La población no aguanta más. El juego perverso de no tomar el problema de la seguridad en serio y de sostener contra viento, marea y evidencia a Eduardo Bonomi al frente del Ministerio del Interior suena a esta altura a un capricho de Viejo Vizcacha.
El problema de la seguridad en un país de poco más de 3 millones de habitantes, sin regiones impenetrables, que se jacta de la fortaleza de sus instituciones y su apego a las reglas democráticas no tiene perdón. Lo dramático es que seguimos retrocediendo ante el delito sin siquiera buscar grandes acuerdos nacionales. Es obvio que, pese al aumento del presupuesto y la estabilidad inédita en el ministerio, el gobierno fracasó en materia de seguridad y le queda agarrarse de datos menores, como que los ladrones ahora son menos violentos porque roban más rápido que antes.
