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Una de soldados y bandidos

El control de las cárceles pone a los militares ante la tentación de la corrupción

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02 de mayo de 2012 a las 00:00

El tema de la corrupción vinculada con las Fuerzas Armadas se planteó en los últimos tiempos con denuncias acerca de qué hicieron con los dineros públicos algunos generales y almirantes. Pero en el imaginario popular e institucional no es habitual vincular al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y sobre todo a sus soldados que no manejan dinero, con actos de corrupción. Entre los cuerpos armados del Estado, ese lugar, el de estar bajo sospecha -y dos por tres confirmarla- de ser corrupta, lo ocupa la Policía.

Mientras los militares están en los cuarteles, los policías andan en la calle, presuntamente buscando bandidos y contactándose con bandidos. En el caso de los guardia cárceles están entre bandidos.

No es casualidad que este cuerpo policial esté entre los que más denuncias de corrupción tiene.

Seguramente no en vano, los generales, almirantes y brigadieres han rechazado que sus fuerzas hagan tareas policiales, primero porque lo sienten como un demérito, y luego porque saben que existe el riesgo de que la corrupción se mezcle en sus filas.

En Uruguay una de las reparticiones militares que tiene mala fama es la Prefectura, que es una parte de la Armada, y que hace las veces de Policía fronteriza, lugar por donde pasan mercaderías de contrabando, entre ellas las drogas.

Esta historia de corrupción es la historia de todas las Fuerzas Armadas de la región que, a falta de un enemigo externo al que combatir, se mezclaron en “la guerra a las drogas” impulsada por Estados Unidos contra los grandes carteles del narcotráfico.

Algunos integrantes de esos carteles están entre los presos que se amotinaron en estos días, aunque parece una excusa inexcusable decir que fueron ellos los que provocaron el estallido.

Ahora, por el lugar quizás menos pensado por los oficiales militares, les tocará el turno a los soldados de estar en contacto directo con los delincuentes.

Algunos informes sociales encargados por el Ejército señalaron que el 90% de los soldados estaba rozando la línea de pobreza y una buena parte vivía en asentamientos irregulares. Viven en los mismos barrios que suelen vivir, y a veces operar, la mayoría de los presos. De hecho, en Montevideo la mayoría de los cuarteles del Ejército están ubicados en esos mismos barrios. Entrar un arma al penal se paga $ 25 mil pesos, el triple del sueldo de un soldado.

¿Que ganen poco significa que se van a corromper?; en modo alguno. Pero hay evidencia como para afirmar que una nueva etapa comienza en las Fuerzas Armadas. (gpereyra@observador.com.uy/ Twitter: @gabrielHpereyra)l

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