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Una decisión apresurada

El gobierno de Tabaré Vázquez, antes de aprobar un decreto que cambia unilateralmente reglas de juego al sector de la alimentación, debió ser más sensible a los puntos de vista del empresariado

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17 de septiembre de 2018 a las 05:02

Nadie en su sano juicio se opone a que un Estado adopte medidas que contribuyan a atacar el problema del sobrepeso y la obesidad, dos males de estos tiempos en países desarrollados y no desarrollados, asociado a malos hábitos alimenticios y estilos de vida no saludables. Es un problema de salud con impacto en la economía, que todo buen gobierno debería tener como prioridad en su agenda. Pero eso no significa que, para atacar este mal, haya que promover medidas legales unilaterales que provocan problemas a las empresas nacionales y, además, contravengan acuerdos internacionales con el potencial de afectar negocios, particularmente en la región.


Eso es justamente lo que acaba de ocurrir en nuestro país con un decreto gubernamental de fines de agosto que regula el etiquetado de alimentos dañinos para la salud si se consumen en exceso, una iniciativa promovida por el Ministerio de Salud Pública y que tiene todo el beneplácito del presidente Tabaré Vázquez.  


El decreto exige a las empresas de la alimentación un nuevo etiquetado en forma de octógonos negros, y en grandes letras de color blanco, en el que se debe advertir si el producto en cuestión contiene exceso de azúcares, grasa, grasa saturada o de sodio, según los casos. La norma en vigencia concede un plazo de 18 meses para que se cumpla con las nuevas disposiciones.


Técnicos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aplaudieron públicamente el nuevo etiquetado porque entienden que el decreto obliga a las empresas a ofrecer un claro contenido informativo.


Sin embargo, el gobierno de Vázquez, antes de aprobar un decreto que cambia unilateralmente reglas de juego al sector de la alimentación, debió ser más sensible a los puntos de vista del empresariado y, además, haber puesto el tema a consideración del Mercosur. La nueva normativa se aparta de las exigencias regulatorias que rige el comercio de los países socios, y en un momento en que el tema, además, está en discusión en el bloque regional.


Aunque la Cámara Industrial de Alimentos decidió no recurrir el decreto, varias empresas del sector –del comercio y de la industria– tienen decidido presentar una acción legal porque consideran que representa una “barrera paraarancelaria” que dañará sus negocios porque contraviene normas y directrices regionales e internacionales.


En ese sentido, el gobierno de Paraguay acompañó la queja de su sector industrial en el entendido de que la nueva norma de etiquetado de Uruguay se aparta de acuerdos del Mercosur –que estableció una regulación inspirada en propuestas de la FAO– y advirtió que el decreto “unilateral” “representa una traba comercial y puede generar confusión en los consumidores”. Aunque más tibiamente, representantes de Argentina también plantearon inquietudes similares.


Es de esperar que Uruguay reconsidere el criticado decreto y así lo informe en próximas reuniones del Mercosur. Tan importante como atacar el sobrepeso y la obesidad –que puede provocar enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastornos del aparato locomotor y algunos cánceres– es respetar a rajatabla los acuerdos y compromisos firmados de puño y letra. Una decisión en el buen camino termina mal si no se respetan las formas.

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