Una justificación peligrosa

Aunque sean augurios apocalípticos por el ardor electoral, en el marco de la puja por cada voto de cara al balotaje, nunca se deben lanzar dardos envenenados para la estabilidad institucional, y mucho menos políticos de amplia trayectoria.

El pasado 15 de octubre, el senador saliente Rafael Michelini escribió en su cuenta de Twitter: “Si ganara @LuisLacallePou, ajuste fiscal y ley de urgente consideración mediante, sería inevitable un enfrentamiento social”.

La vicepresidenta Lucía Topolansky, en una entrevista con la agencia rusa de noticias Sputnik el 31 de octubre, proyectó “una enorme movilización social” durante el primer año de un eventual gobierno de “una coalición de derecha” liderada por Lacalle Pou. "Me parece muy dudoso que esa coalición pueda resistir, eso va a generar mucha inestabilidad en Uruguay, en un momento en que la región está inestable”, dijo y adelantó que, ante el riesgo de que la oposición gane el balotaje del domingo 24, saldrá "a recorrer todo el país para poder explicarle a la gente con claridad" esos asuntos.

Hasta el candidato oficialista, Daniel Martínez, un hombre con ideas moderadas y a quien presentan como un tendedor de puentes, en mensajes difundidos en redes sociales advierte que si gana Lacalle Pou podría aprobarse “un ajuste salvaje que despierte la crispación y rompa la estabilidad lograda”.

“Toda la región está temblando. Miren lo que pasa en Argentina, miren lo que pasa en Chile, en Brasil, en Ecuador; la región cruje, se mueve, y se mueve por decisiones drásticas tomadas por gobiernos parecidos a lo que el apellido Lacalle piensa para el Uruguay”, opinó.

Es una estrategia de corto vuelo, que termina siendo funcional a relatos perniciosos como el de la “grieta” que fomentó la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, muy difícil luego de erradicar. La "grieta" empieza siendo una metáfora sobre la rotura infranqueable de la sociedad que desemboca en conductas crispadas, fomenta la polarización y la fragmentación.

El próximo gobierno, cualquiera sea el signo político victorioso en la segunda vuelta, deberá resolver con urgencia el creciente déficit fiscal –a una gota del 5% del PIB–, que está afectando enormemente el desarrollo del país y cuya persistencia arriesga el grado inversor.

Uruguay está en la puerta del comienzo de una etapa muy compleja que requiere de un sistema político que esté a la altura de las circunstancias. La discusión y eventual aprobación de una reforma que signifique una baja estructural del gasto público ocurriría en un contexto de una desaceleración de la economía, un fenómeno que afecta también al resto de una región envuelta en el enojo y en la protesta, sin cuidado del signo ideológico en el poder.

Uruguay no está inmune al descontento social y los políticos deberían tener mucha aprensión en no alimentar focos ígneos con el potencial de incendiar toda una pradera.