Mundo > Aborto
Una red mexicana provee de píldoras abortivas a mujeres en Estados Unidos
Desde que la Suprema Corte de los Estados Unidos anuló el fallo Roe vs. Wade, reinstalando así la prohibición sobre el aborto, una red furtiva de más de 30 organizaciones ha estado transportando, a través del territorio mexicano, más de 200 dosis por día de píldoras abortivas para ser ingresadas a territorio norteamericano.
Las pastillas, compuestas por dos drogas aprobadas por la Administración de alimentos y medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) estadounidense, son transportadas por mujeres de mil maneras creativas, dijo Verónica Cruz Sánchez, una abogada mexicana activista pro derechos femeninos al aborto, cuyo grupo Las Libres colabora en la operación de la red.
En el estado de Texas, fronterizo con México, la distribución de medicamentos abortivos está prohibida desde el fallo de la Suprema Corte, motivando que el instituto Whole Woman’s Health, el principal proveedor de esos medicamentos y operador de la última clínica en el valle de Río Grande, anunciara el cierre de sus centros médicos en el estado para reabrirlos en el vecino estado de Nuevo México.
Dados los costos y las dificultades operativas que deben enfrentar las mujeres texanas para trasladarse a otro estado para abortar, la operación -ilegal- de la red mexicana emerge como una de las pocas vías para solucionar las necesidades de las mujeres del sur texano que desean recurrir a la práctica, siguiendo un modelo de organización por el activismo pro aborto que ya existe en México.
Sandra Cardona, cuyo grupo Necesito Abortar es parte de la red, dijo que, en la semana siguiente al fallo de la Suprema Corte, recibió más de 70 pedidos de mujeres norteamericanas.
En México, el misoprostol y el mifepristona, las drogas cuyo uso simultáneo está aprobado como práctica abortiva, han sido por mucho tiempo una forma accesible de aborto para las mujeres que viven en regiones donde no se tiene acceso a otros métodos.
El modelo usual para la administración de las drogas es el de “acompañamiento”, por el cual trabajadoras de salud comunitarias, habitualmente relacionadas con grupos defensores de derechos reproductivos, apoyan a las mujeres a través del proceso del tratamiento abortivo, con asesoramiento médico, virtual o personal y, a veces, proveyendo las píldoras.
En un documento con líneas directrices específicas, la Organización Mundial de la Salud (WHO por sus siglas en inglés) ha delineado las mejores prácticas para la aplicación del modelo de acompañamiento y otras redes de servicios similares alrededor del mundo, afirmando que los abortos auto administrados “deben ser reconocidos como un potencial empoderamiento y extensión del sistema de salud”.
En México, la Suprema Corte estableció en 2021 que las leyes estatales que criminalizaban el aborto eran anticonstitucionales, por lo que las píldoras abortivas pueden ser llevadas legalmente de un estado a otro.
