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Uno de cada cuatro funcionarios en el Poder Ejecutivo tiene edad de jubilarse

En cinco años podría retirarse el 40% de la actual plantilla de la Administración Central

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20 de julio de 2019 a las 05:02

Si en 2018 todos los funcionarios públicos en edad de jubilarse se hubieran acogido a ese derecho, la Administración Central –excluyendo los ministerios del Interior y Defensa y los cargos políticos– habría perdido 4 mil trabajadores en un total de menos de 18 mil.

Aproximadamente uno de cada cuatro (23,6%) funcionarios del Poder Ejecutivo estaba en condiciones de jubilarse al cierre del año pasado, según un análisis del Laboratorio de Datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) al que accedió El Observador.

El estudio puso la lupa en Presidencia de la República y 11 de los 13 ministerios que completan la Administración Central. Interior y Defensa quedaron fuera del análisis ya que la mayoría de sus funcionarios están comprendidos por regímenes especiales de jubilación. Los cargos políticos y de confianza (escalafones P y Q) tampoco entraron en consideración. 

Los datos indican que en los próximos cinco años el 40% (dos de cada cinco) de los funcionarios abarcados por el estudio estaría en condiciones de retirarse. 

Esto no quiere decir que todos ellos efectivamente se jubilen. Según explicó el director de  la ONSC, Alberto Scavarelli, la edad media de jubilación en el Estado “está en la misma línea” que la población en general, es decir, en torno  a los 63 años. 

En la función pública, el trabajador se puede jubilar al cumplir los 60 años, pero puede continuar hasta los 70. “Ahi se tiene que ir aunque no quiera”, dijo Scavarelli. 

En 2018, de hecho, el Poder Ejecutivo tuvo 2.128 bajas por jubilación. En todo el Estado, esa causal provocó 7.228 bajas (26% del total de desvinculaciones). 

Cuestión de edad

Según los números de la ONSC, al cierre de 2018 había 17.752 funcionarios en la Administración Central –exceptuando Defensa, Interior y los cargos políticos o de confianza–. De ese total, 4.182 (23,6%) tenía 60 o más años.  Si se acumula el personal que en los próximos cinco años tendrá 60 o más años, los funcionarios en edad de jubilarse casi que se duplican (39,2%).

En 2018, los ministerios con mayor proporción de funcionarios con 60 o más años fueron Ganadería (32,6%), Transporte (31,5%) y Cancillería (31,0%). Si se mira cinco años hacia adelante, la mitad de las actuales plantillas de Transporte y Ganadería estarán en edad de jubilarse. 

La plantilla más joven es la del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), creado en 2005 con la llegada del Frente Amplio al poder. En ese inciso solo el 4,4% llegaba a los 60 años al cierre de 2018 y solo el 6,9% de su plantilla actual tendrá esa edad en 2022. 

Le siguen en juventud el Ministerio de Vivienda (13,4% con 60 o más años en 2018) y Presidencia (18,73%).

A juicio de Scavarelli, los números marcan que hay que tener “cuidado” y “prudencia” cuando se habla de no reponer vacantes por jubilación, ya que ello podría “afectar rápidamente” los cometidos políticos y los compromisos de gestión. 

“Es un dato que todos los candidatos deben tener en cuenta”, advirtió. Los candidatos Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) y Ernesto Talvi (Partido Colorado), quienes manejan la idea de no reponer vacantes como forma de bajar el costo del estado. Ambos señalan que esa medida no repercutiría en el funcionamiento del estado, algo en lo que Scavarelli no coincide.

Por otra parte, el jerarca dijo que las eventuales conversaciones por una reforma de la seguridad social –como ya plantean casi todos los candidatos– podrían estimular el retiro temprano de los trabajadores. “En la provisión de las vacantes que van quedando, en algunos casos se puede vivir con la vacante, pero en otros no podés funcionar sin reponerla”, manifestó Scavarelli. 

El informe de 2018 de la ONSC marca que el 29,4% de las bajas por jubilación se dieron en el Poder Ejecutivo, el 37,4% en los organismos del artículo 220 de la Constitución (organismos de contralor y otros entes y servicios descentralizados como ANEP, Udelar y ASSE), el 17,7% en los entes industriales y comerciales, el 14,4% en los gobiernos departamentales y el 1,1% en el Poder Legislativo.

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