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Unos 200.000 salvadoreños tendrán 18 meses para regularizar situación o dejar EEUU

Gobierno de Trump revocó protección para ciudadanos que fueron recibidos luego del terremoto de 2001

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08 de enero de 2018 a las 14:47

Estados Unidos puso este lunes punto final al Estatuto de Protección Temporaria (TPS, en inglés) para unos 200 mil salvadoreños, que tienen 18 meses para encontrar otra forma de regularizar su situación o irse del país.

El TPS para los salvadoreños había sido adoptado por Estados Unidos después del terremoto de 2001, pero la decisión de la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, considera que están dadas las condiciones para que El Salvador reciba de retorno a estas personas.

"Basada en una cuidadosa consideración de la información disponible (...) la secretaria de Seguridad Interna determinó que las condiciones originales causada por el terremoto de 2001 ya no existen", dijo un alto funcionario del Departamento de Seguridad Interior (DHS, en inglés). Por ello, añadió, "la actual designación de TPS (para los salvadoreños) debe ser extinta".

La misma fuente apuntó que para "garantizar una transición ordenada" las autoridades determinaron un plazo hasta el 9 de setiembre del próximo año.

Con la no renovación de la protección temporaria, los ciudadanos salvadoreños retornarán "al estatus migratorio que poseían antes del TPS" y por lo tanto deberán abandonar el país o encontrar otro camino para regularizar su situación.

Incertidumbre

Esto abre un escenario de enorme incertidumbre para decenas de miles de familias de salvadoreños que eran beneficiarias del TPS y tuvieron hijos en Estados Unidos, de forma que estos últimos son ciudadanos estadounidenses.

En este contexto, la situación queda en manos del Congreso estadounidense, que en ese plazo de 18 meses podría definir una fórmula para que esas personas renueven su residencia.

La decisión de no renovar los beneficios del programa TPS representa un guiño a los sectores del gobierno del presidente Donald Trump que exigen mano dura contra la inmigración ilegal.

El TPS, desde su concepción, tuvo un carácter de protección a personas en situación de emergencia humanitaria, pero sectores del gobierno afirman que es apenas una fisura en la legislación que permite la inmigración en masa.

En una nota de prensa, el DHS apuntó que Estados Unidos repatrió a El Salvador más de 39 mil ciudadanos en los últimos dos años, y eso "demuestra que la incapacidad temporaria de El Salvador de recibir adecuadamente a sus nacionales después del terremoto ha sido atendida".

Decisión cruel

Al conocerse la determinación del fin del TPS para los salvadoreños, el presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, señaló que se trata de "una decisión cruel y sin corazón de parte de un presidente cruel y sin corazón".

Estados Unidos repatrió a El Salvador más de 39.000 ciudadanos en los últimos dos años.

Por su parte, el senador demócrata Tim Kaine apuntó en un comunicado que "nuestro país siempre ha recibido y protegido a personas que precisan de refugio, pero en un año hemos visto al gobierno de Trump pisotear estos valores al demonizar a inmigrantes y refugiados".

Por su parte, el legislador Joe Crowley apuntó en la red Twitter que la decisión de no renovar el TPS para los salvadoreños era "enfermiza".

Para la senadora Catherine Cortez Masto, "revocar el TPS para los salvadoreños no solo separará familias, su deportación también los pondría en situaciones peligrosas y que amenazan sus vidas".

Antecedentes

Ya el 7 de noviembre pasado el DHS decidió no renovar el TPS para unos 5.300 ciudadanos nicaragüenses, protegidos en Estados Unidos desde que el huracán Mitch arrasó su país en octubre de 1998.

Poco después, el 20 de noviembre el DHS hizo lo mismo con la protección para unos 59.000 haitianos, en su mayoría sobrevivientes del terremoto de 2010.

Sin embargo, el gobierno decidió postergar la protección a unos 86 mil ciudadanos hondureños, hasta que las autoridades analicen si están dadas las condiciones para que esas personas retornen a su país, azotado por la violencia urbana. La decisión deberá que ser adoptada antes del 5 de julio de este año.

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