Por Manuela García Pintos, enviada a Soriano
Uruguay, un productor de alimentos nato, tiene en esa actividad un rol clave en su economía, una actividad cuestionada por determinados impactos en el medio ambiente. Dado eso, hay instituciones de los sectores público y privado que activaron esfuerzos para que el país no solo pueda seguir produciendo del modo correcto, sino que pueda demostrarlo, algo que incluso es exigido por ciertos mercados.
El Sistema de Monitoreo Satelital de aplicaciones de agroquímicos es un proyecto en el que hace varios años trabaja el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), un diseño muy moderno e innovador, una herramienta que como tal no existe en el resto del mundo y eso le da a Uruguay el estatus de pionero, como sucedió con la trazabilidad ganadera.
Básicamente, la tecnología permite medir las “áreas sensibles”. En Uruguay existe una normativa que determina como área sensible los cursos de agua, los centros urbanos y suburbanos y las escuelas, donde se exigen distancias de aplicación de determinados agroquímicos. A modo de ejemplo, una distancia de aplicación terrestre es 300 metros desde una escuela o de un centro suburbano, 500 metros para la aplicación aérea y cinco o 10 metros para la cercanía a un cauce de agua.
Con esta tecnología los productores pueden visualizar el lugar de trabajo que determina cuáles son las áreas sensibles y cuáles las distancias a respetar.
En la 24ª Expoactiva Nacional Federico Montes, director de la Dirección General de Servicios Agrícolas del MGAP, comentó a El Observador que es una herramienta “tremendamente interesante” y que “es funcional a las buenas prácticas agrícolas”.
No tiene un fin en sí misma, “pero sirve para que el productor tenga un buen sistema al aplicar. Y es poder mostrarle a la sociedad, que está preocupada, que se están respetando las normativas vigentes”, reflexionó.
Este sistema permite saber exactamente en qué lugar se aplican qué agroquímicos, las dosis, los litros por hectárea y las condiciones meteorológicas al momento de la aplicación (como si hubo o no viento), entre otras.
La Asociación Rural de Soriano (ARS) es el socio estratégico del MGAP. “La institución ha sido muy visionaria”, según Montes, en el apoyo de políticas que se transforman en algo fundamental, como sucedió con los Planes de Uso y Manejo de Suelo.
“Estamos muy esperanzados de que esto va a dar un ordenamiento y una profesionalización al tema de las aplicaciones que es realmente muy importante”, dijo.
El MGAP posee 35 dispositivos que se colocan en un pulverizador (mosquito) o avión aplicador. Los aparatos pasaron diversas pruebas y están garantidos. Y para lo aéreo está la habilitación de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica.
“Estamos marcando un camino que hace mucho que lo queríamos concretar. Hoy podemos decir que es una realidad y que está funcionando. Con esto, el día de mañana podremos saber que hubo tantos números de aplicaciones, tantas hectáreas aplicadas con tal cosa y que se respetaron o no las distancias y cuántas infracciones hubo”, añadió.
El costo para incorporar la tecnología tiene dos componentes. Uno es el dispositivo. El terrestre tiene un costo aproximado de US$ 500 y el aéreo de US$ 700. A eso se le debería sumar el costo de la instalación. Y el aparato debe transmitir continuamente información, por lo que está el costo del paquete de datos (se estima US$ 500 al año). Adquirir la tecnología de Aplicación Satelital sale entonces algo más de US$ 1.000.
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