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UTE sigue con plan para “inundar” Rincón del Bonete pese a la orden de Cosse de detenerlo

El presidente Tabaré Vázquez firmó dos decretos autorizando más expropiaciones y llegaron más cedulones a propietarios 

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17 de enero de 2019 a las 19:26

Mientras en el Palacio de la Luz el jefe de Jurídica de UTE, José Alem, junto al gerente de Generación, Daniel Larrosa y el gerente de Planificación, Jorge Cabrera explicaban a periodistas, productores y ambientalistas en qué consistía el plan para elevar la cota del lago de Rincón del Bonete de 80 a 81 metros, la ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM), Carolina Cosse, utilizaba la red social Twitter para anunciar que el proyecto quedaba detenido porque era “necesario” un “estudio más profundo” que sería realizado por un equipo multidisciplinario integrado también por los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ganadería, Agricultura y Pesca, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, las intendencias y la sociedad civil, y que hasta que no estuvieran esos resultados no se le daría curso a los “procesos de expropiación”.

Sin embargo, pese a los mensajes que la ministra escribió el 4 de diciembre, el directorio de UTE pidió a los técnicos que siguieran trabajando en las expropiaciones hasta que llegara una orden formal del Poder Ejecutivo, según informaron a El Observador fuentes de la empresa. Durante el mes de diciembre los agrimensores contratados por UTE continuaron notificando a los vecinos de Durazno y Tacuarembó, los dos departamentos afectados, según confirmó a El Observador Patricio Olivera, vocero del grupo “Ribereños del embalse de Rincón del Bonete”. De hecho, el 7 de enero el presidente Tabaré Vázquez firmó dos decretos autorizando expropiaciones en la quinta sección de Durazno que servirán “de asiento para la ampliación del lago de la represa Gabriel Terra”.

“Corresponde acceder a lo solicitado en mérito de que de esta manera UTE podrá brindar el servicio de electrificación con mayor eficacia y seguridad, dado que el lago de Rincón del Bonete, por sus características, constituye la herramienta fundamental para la gestión de la energía en los plazos estacional y anual asociados a los importantes cambios operados en la matriz de generación eléctrica”, señalan la resoluciones que contaron con el visto bueno de la Dirección Nacional de Energía y la Asesoría Jurídica del MIEM.

Además de seguir adelante con las expropiaciones, el equipo multidisciplinario tampoco fue conformado, según confirmaron a El Observador desde UTE, la Intendencia de Tacuarembó y la sociedad civil. El vocero del grupo de vecinos de San Gregorio de Polanco, Javier Medina, dijo que luego de los mensajes de Cosse, “nadie” se contactó con ellos. Lo mismo repitió Patricio Olivera, quien incluso solicitó –en más de una ocasión– reunirse con las autoridades del MIEM. Los vecinos juntaron firmas y se las dieron al intendente de Tacuarembó, Eber da Rosa, quien a su vez las envió al Poder Ejecutivo.

La decisión de la ministra de parar el proyecto no cayó bien en los directivos ni en el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, con quien Cosse mantiene una áspera relación. Su mensaje causó sorpresa en el Palacio de la Luz, ya que se trata de una iniciativa que la empresa venía impulsando desde el año 2016 y contaba con el visto bueno del MIEM. En el “balance de ejecución presupuestal” del año 2017 UTE informó del “inicio de los trabajos previos” para aumentar la cota 81 y la propia Cosse firmó en 2018 al menos seis decretos en los que autoriza las expropiaciones y las declara de carácter “urgente”.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, es uno de los miembros del gabinete de Vázquez que tiene sus reparos al proyecto de UTE, principalmente por cómo afectará a San Gregorio de Polanco, un balneario en el que en 2017 junto al gobierno departamental invirtieron cerca de $90 millones para la construcción de la nueva rambla. “Subir la cota no sería bueno para esa reforma”, señaló una fuente de la OPP.

UTE dice que ahorrará US$ 205 millones

La resolución de UTE se ampara en la ley 9.257 de 1934, la cual autoriza la expropiación de los campos de esta zona hasta que el río alcance la cota 86. El plan de UTE implica que sólo se elevará la cota máxima de este embalse en un metro -de 80 a 81- y para ello será necesario inundar unas 10 mil hectáreas. Los predios involucrados son 750 padrones que se encuentran ubicados a ambos márgenes del Río Negro en los departamentos de Durazno y Tacuarembó.

Según cálculos de los jerarcas de UTE, el promedio de afectación por propietario es del 6%, con un mínimo del 0,4% y un techo del 19%. En diciembre, el jefe de Jurídica dijo que una mayor disponibilidad de almacenamiento le permitirá al ente generar un ahorro promedio de unos US$ 205 millones en un plazo de 20 años. Esta proyección tiene un piso de US$ 175 millones y no contempla las probables ganancias potenciales que podría generar un mayor volumen de exportación de energía a los países de la región. “Es un cálculo conservador”, agregó el gerente de Planificación.

En tanto, el gerente de Generación, Daniel Larrosa, dijo que la ampliación no implica que UTE vaya a elevar su potencia de generación eléctrica en este lago que actualmente es de 152 MegaWattios (MW) y que como no se va a cambiar el “combustible” (por el agua), no se requiere un nuevo permiso ambiental ante la Dinama, algo que es reclamado por los productores y ambientalistas. Alem admitió que el proceso de expropiación afectaba el “derecho a la propiedad”, pero señaló que primaba el "interés general" como justificación jurídica.

El jefe de Jurídica también dijo que el costo de las expropiaciones tendría un techo de US$ 46 millones contemplando otros costos y el nuevo fraccionamiento de los predios afectados por la ampliación del lago.

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