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6 de julio 2022 - 19:13hs

En varios centros educativos de Montevideo las noches y las vacaciones son casi tan activas como los días lectivos. Porque fuera del horario escolar —o liceal, o de UTU— los locales de enseñanza son objetivo de robos y vandalismo. 

En los primeros cuatro meses del año hubo en promedio un incidente cada 18 horas en algunos de los centros educativos de la capital que monitorea el plan de seguridad de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). El promedio casi duplicó respecto a los delitos registrados en el mismo período del año anterior y se sextuplicó en comparación con los datos de hace un lustro. Y eso que el conteo excluye los incidentes que se cometen durante el horario o los días de clase.

El liceo n° 67, a pocos metros de la casa quinta que había comprado José Batlle y Ordóñez, al noreste del Hipódromo de Maroñas, parece aquejado por la inseguridad. El 27 de enero el rompieron los caños de abastecimientos y unos vidrios. Tres días después le intentaron robar los cables pararrayos. Más de dos semanas después le lograron robar otro cable. Al día siguiente le quitaron la manguera de bomberos. Luego los cables subterráneos, le rompieron el sensor y en marzo desabastecieron el depósito.

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Cada uno de estos incidentes le costó a la Administración miles de pesos. Más aún si se multiplica por casi 50 robos dentro de distintos centros educativos, 60 en zonas exteriores y más de 40 actos de vandalismo en solo cuatro meses –dos meses de vacaciones de verano y uno en el que hubo el receso de Semana Santa).

Por eso en el proyecto de Rendición de Cuentas que la ANEP envió al Parlamento solicita la modificación del Fondo de Infraestructura. En concreto, el artículo 15° dice: “Autorízase la utilización de hasta un 25% del Fondo de Infraestructura (…) para el financiamiento de la adquisición de mobiliario y equipamiento, la contratación de servicios de limpieza integral y vigilancia destinada a centros educativos”.

El consejero Juan Gabito había explicado que los actos de vandalismo y de hurtos “no solo implican el desembolso de mucho dinero que podría destinarse a cuestiones educativas, sino también una afectación al normal funcionamiento del centro de enseñanza”.

Por ejemplo: entre el pago de servicios policiales 222, la instalación de alarmas y colocación de rejas, la ANEP gastó, en el año previo a la pandemia, $ 549 millones (casi US$ 16 millones de aquel entonces, y prácticamente 2% del presupuesto anual de toda Primaria).

En el primer año de la nueva administración, el presidente del Codicen, Robert Silva, les encomendó a los consejeros que pensaran nombres de personas idóneas para liderar la reestructura del plan de seguridad. Fue así que en noviembre surgió el nombre de Johnny Trías, exsubjefe de Policía de Canelones, y quien realiza los informes.

En este 2022 el asunto trepó al nivel más alto del Ministerio del Interior. El sindicato de maestros de Montevideo (Ademu Montevideo) había solicitado una reunión urgente con el ministro Luis Alberto Heber ante el aumento de la violencia. Pocas semanas después hubo dos balaceras en dos barrios distintos: una bala perdida entró a un salón de clases (no hubo heridos) y en otra zonas una persecución policial acabó a la entrada de una escuela.

Seis de cada diez directores de escuelas consideran como “probable” o “muy probable” que ocurran robos cerca de las instituciones. Los datos surgen de la encuesta que realiza el Instituto Nacional de Evaluación Educativas (Ineed) en cada edición de las pruebas Aristas.

En las escuelas de contextos más críticos, la mayoría de los directores consultados veía como “probable” o “muy probable” que ocurran agresiones en las que alguien resulte gravemente herido o muerto en el entorno del centro educativo.

Temas:

inseguridad robos en escuelas Rendición de cuentas

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