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Vázquez decretó emergencia nacional por violencia de género

El futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, aseguró que el gobierno saliente no comunicó la decisión al entrante 

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30 de diciembre de 2019 a las 20:40

El presidente Tabaré Vázquez decretó emergencia nacional en violencia de género debido a la "conmoción causada por los recientes actos de violencia" contra las mujeres.

En la resolución presidencial firmada este lunes se reconoce que las respuestas del Estado "han resultado insuficientes" ya que la violencia de género "continúa siendo muy alta en Uruguay". 

El prosecretario Juan Andrés Roballo, dijo al portal de Presidencia que se diseñó un plan para presentárselo al nuevo gobierno y "darle continuidad a esta política pública". 

Por su parte, el futuro secretario de Presidencia, el nacionalista Álvaro Delgado, afirmó en conferencia de prensa que el gobierno saliente no comunicó la decisión al entrante. "Para nosotros, hace tiempo que este es un tema complejo. No nos podemos acostumbrar a que todos los días una mujer esté muriendo a manos de un femicida como estamos acostumbrándonos. No tenemos que perder la sensibilidad y, obviamente, la sociedad uruguaya –no sólo el gobierno– tiene que reaccionar", señaló luego de reunirse con el presidente electo Luis Lacalle Pou.  

Debido a la situación de emergencia, se presentaron medidas "de implementación inmediata". Entre ellas, promover una reunión "de alto nivel" entre Presidencia, la Suprema Corte de Justicia y Fiscalía General de la Nación para "fortalecer las necesarias coordinaciones para dotar de mayor eficiencia al proceso de acceso a la Justicia".

Además, se ampliará el uso de tobilleras electrónicas mediante la adquisición de 200 unidades más, que sumarán 1.200 en total.

Por otra parte, se organizarán cursos virtuales para el fomento "de masculinidades no violentas" y otro de prevención del abuso sexual en niños y adolescentes. A su vez, se implementará un programa de intervención en cárceles para hombres que ejercen violencia de género.

También se presentó el Plan Nacional de Emergencia por una Vida Libre de Violencia de Género, con acciones a nivel educativo y de cambios culturales, atención integral para niños y mujeres así como a hombres agresores, protección a las víctimas, acceso a la justicia y rutas de salida cuando "se conjugan factores de vulneraciones múltiples" como la pobreza, la discapacidad, la etnia o raza y la identidad de género. 

Roballo dijo que con la ley integral de género "se ha avanzado mucho, pero requiere un despliegue permanente de todo su campo de acción". Asimismo, resaltó la necesidad de insistir en el planteo de la transformación cultural profunda, "en donde el Estado, las organizaciones sociales, pero además, todos y cada uno de los integrantes de la comunidad, particularmente los varones, tenemos la obligación de revisar las conductas cotidianas, la forma de valorar o desvalorizar, en la manera de expresar las emociones y los afectos".

Reclamo

La declaración de emergencia nacional era un reclamo de largo tiempo de los colectivos feministas, dada la cantidad de muertes de mujeres por violencia de género. En la última marcha por Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, el pasado 25 de noviembre, se leyó una proclama en la que se exigió que se declarara la emergencia nacional, así como que se aumentara la respuesta en cuanto a refugios y casas de breve estadía. También se pidió aumentar la cantidad de tobilleras electrónicas.

La vicepresidenta electa Beatriz Argimón dijo en los últimos días, según recogió Subrayado, que “hace meses” el nuevo gobierno entendió que la violencia de género estaba en una situación de “emergencia”. 

“Se ha trabajado mucho en estos temas pero hay algún viraje que llevar adelante que tiene que ver, precisamente, con detectar lo más precozmente las luces amarillas”, agregó.

En este sentido, se refirió a la ley integral de violencia de  género y a los recursos necesarios para su cumplimiento. Argimón recordó que votó la ley en el Parlamento después de asegurarse que el Ejecutivo dispondría de las “partidas necesarias” para llevar adelante la normativa. “Se nos dijo que sí, pero eso no aconteció. Consultamos al Poder Judicial y no llegó ninguna partida. Por lo tanto, es un tema que debe ser prioritario”, subrayó.

Más denuncias

Según datos de la División Políticas de Género del Ministerio del Interior a los que accedió El Observador, en los últimos tres años se registró un aumento de denuncias referidas a situaciones de violencia doméstica. Medido en un período comprendido desde el 1º de enero al 15 diciembre, en 2017 se registraron 37.764 eventos, en 2018 hubo 37.913, y este año se efectuaron 38.044 denuncias, lo que significó un aumento del 0,3% cada año.

Respecto a los asesinatos, hasta el momento la cartera de seguridad lleva registrados 26 homicidios de mujeres ocurridos en contexto de violencia doméstica, de los cuales 22 fueron femicidios. Para que sean categorizados de esta forma, tienen que darse casos en los que la Justicia haya probado que la víctima sea una mujer que murió por "motivos de odio, desprecio o menos precio, (o) por su condición de tal",  y que además –de acuerdo al Código Penal– se cumplan otras características, como que hubiera entre ambos "algún incidente de violencia física, psicológica, sexual económica o de otro tipo" o que ella se hubiera negado a tener una relación sexual, entre otros.

Los asesinatos con agresores que eran parejas o exparejas disminuyeron en los últimos tres años. En 2017, de acuerdo a la información proporcionada, hubo 23 homicidios de este tipo –los cuales no necesariamente fueron femicidios–; el mismo número se mantuvo un año después, y este año –medido el mismo período de enero a diciembre– hubo 18 casos.

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