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Vázquez y los derechos humanos: una “relación complicada” y sin avances

Familiares dice que no se rompió el “pacto de silencio” y reclama que en cuatro años no les ha dado una entrevista
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04 de abril de 2019 a las 05:00

Un ministro abucheado desde el inicio de su gestión, un grupo de trabajo prácticamente desmantelado que no registró avances y un comandante en jefe del Ejército acusado de dar información "falsa" sobre enterramientos clandestinos. La segunda administración de Tabaré Vázquez ha tenido una difícil relación con una de las causas sagradas de la izquierda. 

Pese a que el presidente consideró que la confesión de José Nino Gavazzo sobre su responsabilidad en la desaparición del tupamaro Roberto Gomensoro Josman en 1973 significaba la ruptura del “pacto de silencio”, desde la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos creen que esto no es así y expresan su rechazo a que nunca los haya recibido pese a que le han pedido múltiples entrevistas.

El dirigente Nilo Patiño dijo a El Observador que la relación ha sido “complicada” y que ha habido una serie de “problemas” por la falta de interés en el gobierno en avanzar en estos casos. “No se tiene una actitud proactiva, solo hay declaraciones y esto ha quedado atado a nuestras aspiraciones de encontrar los desaparecidos”.

Las omisiones del gobierno y su demora en llevar a la justicia las revelaciones de Gavazzo coronaron una gestión pletórica de desaciertos en este tema, según perciben los militantes de la causa de derechos humanos. 

El presidente aún no había recibido la banda presidencial de parte de Mujica cuando Eleuterio Fernández Huidobro decidió incendiar la pradera y cortar las vías de diálogo con ellos.

El ministro de Defensa aprovechó las celebraciones navideñas para decir que si lo dejaban “torturar” capaz que podría conseguir información con los militares, lo que le valió una andanada de críticas que estuvieron lejos de amilanarlo lo llevaron a avanzar en sus dichos y señalar en el semanario Búsqueda que los integrantes de las organizaciones eran unos “imbéciles" que estaban financiados por las “peores fundaciones” de Estados Unidos.

Sus palabras le valieron el rechazo incluso de sectores del Frente Amplio, que se sumaron al coro que le solicitó públicamente al presidente electo que no lo mantuviera en el cargo bajo el argumento de que las declaraciones afectaban “considerablemente la confianza institucional que la ciudadanía demanda de su cartera”. Pero Mujica, que vivía sus picos de popularidad, movió sus influencias y Vázquez dio un paso más allá: le permitió nombrar al comandante en jefe del Ejército.

El tupamaro sugirió el nombre de Guido Manini Ríos, un representante de los Tenientes de Artigas, la logia que cuarenta años antes había estado al frente del golpe de Estado y con la que el MLN había tejido una buena relación en las sombras. Vázquez aceptó y con el ministro siendo abucheado mientras firmaba el libro de autoridades empezó el gobierno.

El presidente intentó remediar la situación y en la previa de una nueva Marcha del Silencio anunció la creación del grupo “Verdad y Justicia” cuyo cometido esencial era la investigación de los crímenes cometidos en el marco de la dictadura. 

Parecía que las raíces de los árboles temblarían. 

Cuatro años después, el grupo está prácticamente desmantelado y sus avances son nulos. Solo tres de los siete integrantes siguen trabajando: Felipe Michelini, Pedro Sclofsky y Macarena Gelman, aunque la diputada participa "esporádicamente", según informó a El Observador.

Originalmente el grupo estuvo compuesto también por Susana Andrade como representante de la colectividad afrodescendiente, Ademar Olivera por la Iglesia Metodista, Mario Cayota como representante de la Iglesia Católica y la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos estuvo representada por Emilia Carlevaro. El primero en abandonar el equipo de trabajo fue Mario Cayota al ser designado como embajador en el Vaticano, cargo en el que asumió en enero del año pasado. Lo siguió Olivera, que dio un paso al costado en febrero por su estado de salud y la falta de resultados obtenidos. Patiño dijo que la integración fue muy “amplia y laxa” y que se necesita algo más “ejecutivo”.

La muerte de Fernández Huidobro en agosto de 2016 y el anuncio de Jorge Menéndez de reinstaurar los Tribunales de Honor fueron vistos como una buena señal en el enjuiciamiento de los militares.

Si bien han aprendido a no ilusionarse ante los anuncios, la convocatoria a una reunión con el entonces comandante Guido Manini Ríos y el ministro de Defensa generó esperanza entre los Familiares. En el encuentro, el comandante en jefe les anunció que tenía el “dato” y les entregó un plano del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que indicaba "la zona donde” habría un “enterramiento". Los antropólogos no se pudieron reunir con la persona que le dio la información para chequear y las excavaciones en una chacra ubicada en Camino Pajas Blancas y Leoncio López, dependiente del Grupo de Artillería N° 1 finalizaron sin hallazgos. “El problema es que no se ha tenido voluntad de llevar estas cosas hacia adelante”, agrega Patiño.

El hecho provocó que Familiares solicitara la “remoción inmediata” de Manini Ríos y abandonara el grupo de trabajo. Su pedido se cumpliría un año y medio después, cuando se conocieran las críticas que realizó a la Justicia por una serie de casos específicos, en un escrito en el que solicitó la homologación de los Tribunales de Honor que juzgaron a José Nino Gavazzo, Jorge “Pajarito” Silveira y Luis Alfredo Maurente.

Esa remoción significó el inicio de una crisis militar sin precedentes, que finalizó con la destitución –hasta el momento– de la cúpula del Ministerio de Defensa y de los seis generales que participaron de los tribunales que los juzgó. Pero para Patiño solo es la confirmación de que los militares “tenían información” y nunca la “dieron” y que continúan “mintiendo”. “Gavazzo sigue mintiendo porque dice que actuó solo”, sentenció.

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