Recibieron el asesoramiento de dos abogados, quienes les dieron dos opciones para presentar recursos de inconstitucionalidad a ese impuesto
Los vecinos de Canelones se reunieron en el centro comunal de Parque Miramar, para determinar las acciones a tomar en reclamo al incremento en el precio de la Contribución inmobiliaria que aplicó la Intendencia Municipal de Canelones para 2012.
Los vecinos recibieron el asesoramiento de dos abogados, quienes les dijeron que, por la fecha en que se aprobó el aumento, los recursos deben presentarse en los primeros días de febrero. Las opciones que dieron fueron dos: una es directamente recurrir ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por considerar que el decreto de la Junta Departamental contiene aspectos inconstitucionales y la otra es ir contra la propia intendencia. Varios de los asistentes preguntaron por los costos de los honorarios. Uno de los abogados dijo que en grupos sería más barato y que irían a resultado.
Lacalle Pou
El legislador dijo más temprano a El Observador que la reunión “es de vecinos autoconvocados” y que lo contactaron a él porque sabían que estaba preocupado por el asunto.
Dijo que “la idea es explicarles que a partir de este jueves empezamos a juntar firmas para mandar el recurso de inconstitucionalidad en la Cámara de Diputados”.
Según el artículo 303 de la Constitución del República, existen dos mecanismos para presentar recursos de inconstitucionalidad. Uno es con la firma de 11 ediles y el otro con la firma de 1.000 ciudadanos inscriptos en el departamento.
Esto se presenta a la Cámara y va a la Comisión de Constitución y Códigos. Allí debe tratarse de acuerdo con los plazos establecidos y pasa al Plenario.
La idea de Lacalle Pou es que el valor de la constribución sea algo razonable. “Es cierto que algunas contribuciones tienen que subir, pero no de la manera disparatada que se está aplicando. Hay que terminar con la mala administración de Carámbula, que en lugar de tener planes de austeridad y de buena administración, siempre le mete la mano en el bolsillo a Juan Pueblo Canario y no se lo devuelve en obras y servicios”, dijo el legislador.
Agregó que “Carámbula no es un buen administrador y que “tiene más de 80 cargos de confianza” que son “políticos frustrados muchos de ellos”.