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El empresario argentino enfrenta un juicio contra los vecinos

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José Ignacio: vecinos denuncian a una casa por tener conexión de saneamiento propia

"En la zona hay saneamiento y por tanto corresponde que la casa se conecte al mismo", aseguran los residentes

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04 de julio de 2022 a las 05:04

Los reclamos de los vecinos de José Ignacio por la construcción de una casa que no se adapta a las normas del balneario sigue dando que hablar. La casa de la familia argentina Sánchez Elía, denunciada anteriormente por estar presuntamente construida con materiales pesados y sobrepasar la altura permitida en el balneario, fue denunciada esta vez por presentar irregularidades en su saneamiento.

Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso El Observador, el domicilio tiene su propio sistema de saneamiento y "evacua sus aguas grises y negras" a una planta de tratamiento particular. Esto, entienden los vecinos, viola "abiertamente la obligación de tener conexión a una red pública de saneamiento para las zonas urbanas que cuenten con tal servicio", y se agrava aún más porque la planta se encuentra sobre una duna, a menos de 50 metros de la playa.

"En la zona hay saneamiento y por tanto corresponde que (la casa) se conecte al mismo, estando prohibido el uso de sistemas particulares", sostienen los vecinos.

Empresa que actuó en la propiedad de Rossi

La situación –calificada como "irregular y grave"– fue constatada tras la intervención de una barométrica en la zona. La empresa se presentó, según denuncian, para "sacar una planta de tratamiento de efluentes", pese a que las obras en el lugar habían sido suspendidas por decisión del Ministerio de Ambiente (MA).

La construcción de la casa quedó en suspenso en junio de 2021 "debido al incumplimiento del proyecto autorizado y presentación de información errónea en la solicitud de autorización". "Durante esa suspensión se desarrolló ese sistema de evacuación para poder ocupar la vivienda", afirma la denuncia a la que accedió El Observador el pasado jueves.

Como respuesta a ese incumplimiento, los denunciantes pidieron al MA intimar de forma urgente a la familia Sánchez Elía para que regularice los inconvenientes señalados. Entre ellos, percibieron que la instalación de la planta en la duna no solo afectó a la zona costera, sino que también contaminó el proceso de operación y vaciado.

Los Sánchez Elía tienen prohibido hacer modificaciones en su casa mientras continúe en desarrollo el juicio contra los vecinos. A su vez, deben informar a todo aquel tercero que quiera realizar un negocio jurídico con la casa que hay un proceso en curso que la afecta.

La disputa legal por la casa de los Sánchez Elía

La casa de Siobhan Dumas, que ahora corresponde a sus hijos —los hermanos Sánchez Elía—, comenzó a gestarse en 2016, cuando hicieron pública la iniciativa. No fue hasta fines de 2019 que comenzó el proceso de construcción —con autorización ambiental previa del MA—, en principio, sin recibir "objeciones", según declaró la familia.

Al tiempo, los vecinos notaron irregularidades en el proyecto y denunciaron que el hogar sobrepasaba un metro y medio la altura permitida. Además, argumentaron que impactaba "negativamente en el paisaje" al supuestamente estar construido bajo un sistema de apoyo "desmesurado", que requiere el uso de materiales pesados. La familia Sánchez Elía contradice hasta hoy esa versión y asegura que la propiedad no está un metro y medio más arriba de lo permitido, sino que el 4,7% de su superficie excede el límite de edificación.

Los Sánchez Elía recibieron una multa de 500 Unidades Reajustables (UR) por "haber incumplido las condiciones previstas" y el técnico ambiental responsable fue suspendido del registro de profesionales por presentar información errónea respecto al análisis de afectación al paisaje, según consta en la actuación administrativa de Ambiente sobre la casa.

De ahí en más, la familia —que asegura haber alzado la residencia sobre pilotes y elegido el sistema constructivo steel-framing por ser liviano y sustentable— puso en marcha un plan de mitigación para remover las fallas, que debía incluir las obras a demoler, la gestión de los residuos y un cronograma.  

"Se ha presentado un plan de mitigación ante el municipio y el ente ambiental—todavía sin respuesta— a raíz del 4,7% de la superficie de la casa que se encuentra por encima del límite de edificación. Se trató de un error absolutamente involuntario originado en el cálculo de la cota. El mismo fue producto de las rígidas restricciones de movilidad para el control profesional de la construcción en plena pandemia", dijo la propietaria Zelmira Sánchez Elía en diálogo con El Observador.

Los propietarios presentaron un recurso para revocar la multa y suspender parcialmente la sanción del ministerio. Sin embargo, hasta la fecha no han presentado fundamentos para interponer esa actuación.

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