La ley de Presupuesto, una hoja de ruta para el Estado durante los próximos cinco años
En los próximos tres meses el debate nacional estará signado por presupuesto del Estado, un asunto ciertamente importante, y también complejo y lleno de intereses sectoriales y aspavientos en nombre del pueblo. Sólo las elecciones municipales del 27 de setiembre despertarán un interés más urgente.
El proyecto de ley de Presupuesto Nacional, que debe presentarse a más tardar el lunes 31 de agosto, es la principal herramienta financiera del Estado. La diseña el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Combina ingresos con inversiones y gastos públicos, y rige durante cinco años, aunque se le pueden introducir correcciones puntuales cada año.
Por su condición de hoja de ruta, dará lugar a manifestaciones de sindicatos del sector público y otras partes interesadas; y una competencia entre facciones de la coalición de gobierno, que desean resaltar sus áreas de influencia.
Cada Cámara, Senadores y Representantes, debe pronunciarse dentro de los 45 días de recibido el proyecto. Si no lo hace, se considera rechazado. La discusión, entonces, se extenderá hasta finalizar noviembre.
El presidente Luis Lacalle Pou afirmó el miércoles que el proyecto es “realista y optimista”. El gobierno no podrá hacer ahorros este año, por lo que el déficit en las cuentas del Estado treparía a 6,5% del PIB, pero sí a partir del año que viene, con el nuevo Presupuesto y el rebote de la actividad.
Camilo dos Santos
La economía uruguaya comenzó a contraerse a fines de 2019, cayó en picada a partir de marzo-abril de 2020 por el lockdown del coronavirus, y empezó a recuperarse a partir de julio.
Este año la economía uruguaya caerá entre 3,5 y 4%, el peor registro después del desastroso período 1999-2002; aunque bastante menos que los países de la región y de la OCDE, mucho más afectados por la pandemia, que retrocederán en promedio un increíble 10%.
El recorte de gastos se hará mediante un aumento de salarios públicos por debajo de la inflación, como ya acontece en el sector privado; el no llenado de vacantes; y por menores gastos de funcionamiento.
El gobierno espera terminar su mandato con un déficit fiscal de 2,5%, un nivel que podría financiarse sin más deudas, por el mero crecimiento de la economía y la recaudación. Pero algunos analistas con experiencia en el Estado juzgan que esa meta es improbable, si no se aumentan impuestos. El presidente, en tanto, insiste que “los bolsillos de los uruguayos no aguantan más carga impositiva”.
Desde hace varios años el gasto público crece más rápido que la economía, básicamente estancada desde 2015, una trayectoria que tarde o temprano acaba en colapso.
Las estadísticas revelan que la presión impositiva en Uruguay pasó de representar el 19,9% del producto bruto (PIB) en 1990, al 24% en 2005, y a más de 30% del PIB ahora.
Un informe de dependencias de Cepal, BID y OCDE divulgado en marzo de 2019 concluyó que la presión impositiva en Uruguay está más cerca de los países desarrollados, que del promedio de los países de América Latina, a los que supera en más de ocho puntos porcentuales.
Y sin embargo, pese a esa elevada presión fiscal, el Estado uruguayo apenas está recaudando poco más de 80 pesos por cada 100 que gasta.
El déficit en sus cuentas, que crece sin pausa desde 2014, alimenta a su vez la deuda pública, que en marzo de 2020 equivalía a 66% del PIB (44% neta). Uruguay es uno de los países más endeudados de América Latina, sólo detrás de Venezuela, Argentina y Brasil.
La relación entre deuda y producto tiende a agravarse, debido al estancamiento económico y los destrozos de la pandemia. La deuda bruta trepará a más de 70% del PIB a fin de año.
Ya se sabe lo que ocurrió con las deudas de Venezuela y Argentina; y los serios problemas que afronta Brasil por una deuda bruta en subida vertical desde 2013, que ya está cerca del 90% del PIB.
De todos modos, por ahora, un mundo repleto de dinero barato disimula el agujero de Uruguay, que conserva su grado inversor.
El pago de intereses de deudas, que se lleva el 3% del PIB nacional, y las amortizaciones de capital y recompra de vencimientos, que cuesta otro tanto, se vuelven cada día más incómodas. Los gobiernos van perdiendo margen de maniobra, como una familia con tarjetas de crédito muy cargadas.
El gasto público tuvo un enorme aumento en Uruguay en los últimos 20 años, por encima del crecimiento de la producción. Pasó de representar alrededor del 20% del PIB en el año 2000, a más de 33% del PIB en el presente.
La enorme mayoría del gasto se destina a cubrir el creciente déficit de la seguridad social, debido al gran aumento del número de jubilados; y a pagar salarios de funcionarios públicos, que representan el 9% de la población del país. Uno de cada cuatro empleados formales en Uruguay trabaja para el Estado, sus empresas o las Intendencias.
Los vínculos contractuales con el Estado pasaron de 204.177 personas en 2004 a 312.565 en 2018, un salto de 53%.
Aún peor que el deterioro de las cuentas públicas es la falta de evaluación del resultado del gasto: desde la seguridad pública a la enseñanza, pasando por la salud.
“No hemos sabido manejar la calidad del gasto público, lo cual en un país que tiene un desequilibrio fiscal importante es una falla a corregir”, admitió Danilo Astori a El País en abril de 2019, cuando era el ministro de Economía. Ya un año antes, en abril de 2018, había dicho en Informativo Sarandí que el próximo gobierno, sin importar su signo político, deberá impulsar una reforma de todos los parámetros de la seguridad social, incluidos los montos y la edad de retiro.