Las medidas cautelares para los tres imputados por abuso sexual agravado en la denuncia por violación en el barrio Cordón fueron motivo de una intensa polémica dentro de la fiscalía. Las manifestaciones públicas del fiscal del caso, Raúl Iglesias, le significaron un sumario con separación del cargo y retención del 50% de sus haberes. Si bien la primera fiscal del caso, Sylvia Lovesio, había valorado que la prisión preventiva era la medida correcta, cuando ingresó Iglesias entendió que lo mejor era que estuvieran presos en su domicilio. La medida se vencía este miércoles y la Fiscalía consiguió la prórroga por 150 días más, dijeron fuentes de la causa a El Observador.
Mientras tanto, la fiscalía que Iglesias dejó huérfana deberá seguir diligenciando pruebas para analizar si los acusa por este delito o archiva las actuaciones. A la audiencia, por el Ministerio Público, compareció la adjunta Judith Rodríguez, quien subroga el turno –auxiliada por titulares de otros turnos– mientras Iglesias está separado del cargo.
A los tres imputados se les había otorgado la posibilidad de cumplir el resto de sus medidas cautelares en su domicilio el 1° de junio de este año. Fue a pedido de Iglesias y tuvo el visto bueno de la jueza Blanca Rieiro. En febrero, cuando se los imputó, la fiscal Lovesio había argumentado a favor de la prisión preventiva y eso había sido convalidado por la magistrada Marcela Vargas y el Tribunal de Apelaciones de 3er Turno. En su momento, el haber difundido videos de contenido sexual sin el consentimiento de la víctima fue el principal argumento del tribunal para mantener la decisión de encarcelarlos.
Para pedir el cambio, Iglesias había argumentado en diálogo con La Pecera: "Me caracterizo por pedir la prisión preventiva solo en casos que realmente lo ameriten. Casos extremos. Y veo siempre todas las alternativas antes de llegar a ese punto".
Haber adelantado en la prensa que pediría el cambio de las medidas cautelares antes de haber notificado a la víctima, fue una de las razones claves por las que el fiscal de Corte Juan Gómez decidió iniciarle un sumario con separación del cargo y retención de haberes.
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