Nacional > Decreto 90/020
Vivienda recortó obras en asentamientos y lo adjudicó a tope del gasto de Presidencia
El Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), dependiente del Ministerio de Vivienda en coordinación con algunas intendencias y que trabaja en la regularización de 17 asentamientos donde viven 60 mil personas, sufrió recortes presupuestales. Para los trabajadores del programa esta decisión pone en duda la continuidad de esta política social, mientras que el gobierno afirma que las obras no se detendrán sino que se reprogramaron debido al tope en el gasto que les puso el Ejecutivo.
El coordinador general del Plan de Mejoramiento de Barrios, Álvaro Martínez de Vecchi dijo a El Observador que el decreto 90/020 firmado por el presidente Luis Lacalle obligó a reprogramar obras que se iban a realizar en asentamientos este año y pasarlas para más adelante. Además, hubo contratos de trabajadores vinculados a este programa que no se renovaron.
“Tuvimos trabajadores que no se renovaron y renuncias presentadas por los consultores. Las no renovaciones fueron porque finalizaron su contrato, la obra terminaba o la tarea que desempeñaba la podía realizar otro consultor que tenía contrato vigente. Hay que optimizar recursos y ser eficiente en la gestión”, argumentó Martínez de Vecchi.
El coordinador general del programa aseguró que se trabaja con la lógica de no detener obras. “Hubo que hacer ajustes. Con el presupuesto que teníamos trabajamos para cumplir con las obras que estaban en marcha”, aseguró y agregó que se sigue conversando por otras obras que estaban negociando pero no firmadas.
Los recursos salen de dos lados: por un lado a partir de deuda externa con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que tienen bajas tasas de interés y por otro recursos propios del ministerio (particularmente de la Dirección Nacional de Vivienda).
Las intendencias que participan de los proyectos también financian algunas partes de las obras. La aplicación del decreto 90/020 hizo que tanto los recursos de Dinavi como los préstamos se redujeran en un 15%. “El decreto nos impacta en el nivel de los recursos”, aseguró Martínez pero destacó que no se detuvieron obras.
El jerarca agregó que eso llevó a que algunas obras puntuales que estaban previstas para este año en asentamientos como Isla Gaspar o La Paloma se reprogramaran para el 2021.
Sin embargo, los trabajadores vinculados a este programa en Montevideo vienen denunciando desde hace varias semanas que los recortes de los recursos tendrán un fuerte impacto en los trabajos que se realizan en los asentamientos y que perjudicarán a las personas más necesitadas.
Según un documento elaborado por los trabajadores para exponer su situación, los recortes implican reprogramar proyectos en varios asentamientos. Concretamente, recortar las obras que están en curso en La Paloma e Isla de Gaspar (Unión-Villa Española); el proyecto Matilde que tenía previsto empezar en 2023 y el de Ribera del Miguelete que comenzaría en 2021 no se financiarán en este período; el proyecto Campichuelo que empezaría este año se reprogramó para 2022; el proyecto Cauceglia en obra actualmente se pospuso para 2023 el inicio de la segunda etapa por lo que quedará medio barrio sin infraestructura; el proyecto La Paloma donde se iba a trabajar en la regularización del asentamiento Juventud 14 se pasará para 2024, mientras que La Ruta no se financiará en este período.
Los trabajadores señalaron en una carta que enviaron al intendente Christian Di Candia, para exponerle la situación, que "han sido puestos en suspenso procesos licitatorios de obras en barrios, compras de vivienda usada y envíos al BID de no objeciones de proyectos, generando fuerte incertidumbre sobre la continuidad del programa y la sostenibilidad de esta política pública".
En diálogo con El Observador, el subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, aseguró que hubo que hacer algunos reajustes pero que la “parte social” del programa "no tiene ningún impacto".
El PMB lleva adelante tres tipos de proyectos: regularización de asentamientos (implican el mejoramiento de las viviendas existentes, realojos por vivienda nueva, saneamiento, alumbrado) que culminan con el traspaso de la propiedad de la tierra a los beneficiarios; proyectos en áreas formales en perfieria (se interviene en un área formal precarizada y en seis asentamientos); y proyectos en áreas centrales o intermedias (implican la recuperación de áreas urbanas degradadas para aprovechar capacidades ociosas de la ciudad).
Discusión presupuestal
El PMB depende actualmente del Ministerio de Vivienda. Sin embargo, eso podría cambiar si el Parlamento aprueba el proyecto de Presupuesto tal como lo envió el Poder Ejecutivo.
Es que el artículo 611 plantea el pasaje de este programa a la órbita de Presidencia para que sea coordinado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). El motivo de este cambio, según dicen legisladores del Partido Nacional, es mejorar la eficiencia del programa.
Pero, por ahora, no están los votos para aprobar este cambio. Tanto la ministra de Vivienda, Irene Moreira (integrante de Cabildo Abierto), como el subsecretario de la cartera, Tabaré Hackenbruch (Partido Colorado), se oponen a este cambio.
Los legisladores del partido liderado por Manini Ríos y el sector colorado Batllistas ya plantearon que votarán este pasaje. Si bien en comisión el texto se votó tal como vino del Ejecutivo, las negociaciones continuarán en el plenario y ahí, de no cambiar nada, los votos no serán suficientes para ser aprobado.
