13 de febrero 2013 - 12:11hs

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) ya ingresó 142 proyectos de agentes privados que pretenden ampararse a los beneficios tributarios que ofrece la ley de vivienda de interés social. Estas iniciativas comprenden a 4.368 nuevas unidades habitacionales en todo el país con una inversión que ya supera los US$ 500 millones, según estimaciones que realizó a El Observador el consultor inmobiliario privado, Julio Villamide.

De todas formas, la presidenta de la ANV, Cristina Fynn, precisó ayer a El Observador que actualmente son 800 las viviendas que están efectivamente en construcción al amparo de este régimen fiscal (ver apunte). Esas soluciones habitacionales se concentran en los barrios Cordón, Centro, Barrio Sur, Ciudad Vieja y Palermo. Por otro lado, los nuevos proyectos que se están aprobando en estos días abarcan otros barrios como Reducto, Millán y Arroyo Seco, añadió.

Los primeros proyectos de vivienda de interés social comenzarán a ingresar al mercado desde mediados de este año, mientras que el grueso lo hará el próximo año. A juicio de Villamide, esto deberían generar una presión a la baja sobre el precio de los inmuebles en el correr de este año, mientras que en los alquileres el impacto se verá con mayor fuerza desde mediados de 2014.

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El precio de cada vivienda estará entre US$ 100.000 y US$ 120.000, en función de las características y costos de cada complejo habitacional. Según Villamide, de mantenerse este ritmo de construcción en los próximos cinco años se alcanzaría los US$ 2.500 millones de inversión de promotores privados en soluciones habitacionales de interés social. Agregó que esta cifra superará ampliamente el presupuesto de US$ 900 millones que tiene asignado el Ministerio de Vivienda para todo el quinquenio.

Fynn, en tanto, recordó que estas soluciones habitaciones tienen como principal objetivo resolver el acceso a la vivienda de las familias con ingresos medio, medio-bajo y bajo, en barrios que ya cuentan con una infraestructura adecuada para recibir este tipo de proyectos.

Por otro lado, Villamide comentó que existen algunos proyectos grandes (más de 100 viviendas cada uno) donde el Ministerio de Vivienda está “demorando” las autorizaciones, ya que pretende hacer valer el tope de 100 unidades por proyecto habitacional para acceder a los beneficios impositivos. En ese sentido, dijo que hay entre 1.000 y 1.500 viviendas que podrían comenzar a construirse rápidamente si Vivienda “flexibiliza” este requisito en los distintos departamentos del país.

Sobre este punto, Fynn dijo que la ley es “clara” y que el tope de 100 unidades está presente en la reglamentación y que solamente se autoriza bajo “condiciones especiales y (bajo) el control” del Ministerio de Vivienda.

Plan B

La vivienda de interés social para los inversores privados de la construcción se transformó en una “alternativa” a la histórica inversión en inmuebles en Punta del Este y la costa de Montevideo, reconoció Villamide. A esto se suma las complicaciones que tienen los inversores argentinos para desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios en Uruguay.

El proyecto de vivienda de interés social surgió a impulso de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU) y el Poder Ejecutivo ante una “excesiva” concentración de las inversiones en barrios costeros de Montevideo y Maldonado que podían causar un sobrestock de soluciones habitacionales para ingresos altos. “De alguna manera, hoy los privados están ocupando el rol que tuvo en su momento el Banco Hipotecario (BHU) en la década del 90”, culminó Villamide. l

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