Con su nombre común y silvestre y su trayectoria hasta ahora desconocida para el gran público, el edil nacionalista Juan López difícilmente haya imaginado alguna vez que desataría la tormenta política que desató esta semana al aportar el voto decisivo para darle un fideicomiso de US$ 44 millones a la Intendencia de Canelones liderada por el frenteamplista Yamandú Orsi.
A pocos días de un referéndum que se saldó con una victoria para el oficialismo y que más allá de matices había implicado un alivio para los blancos, los avatares de la política local en el segundo departamento más poblado del país sacudieron la interna blanca y desnudaron diferencias que estaban latentes en distintos planos.
Por un lado, varios dirigentes –desde la vicepresidenta Beatriz Argimón hasta el intendente de Durazno Carmelo Vidalín, pasando por diputados e integrantes del Directorio– expresaron sus reparos al “juzgamiento exprés” que recibió López. Por otra parte, el desenlace reavivó las tensiones entre referentes blancos de Canelones, justo en momentos en los que el Partido Nacional y la coalición multicolor toda buscaban mostrarse unidos y fuertes como alternativa al Frente Amplio en el departamento.
Las diferencias comenzaron a notarse el miércoles, horas después de la polémica votación, cuando Iturralde se reunió con los diputados canarios para ponerlos al tanto de las conversaciones que había mantenido con López. De ese encuentro participaron Alfonso Lereté (lista 400), Javier Radiccioni (electo por esa lista pero escindido de la agrupación), Álvaro Dastugue (electo por el sartorismo pero escindido de esa agrupación), Emiliano Metediera (suplente de Sebastián Andújar de la lista 33) y el dirigente Fernando Perdomo.
El País informó que en ese encuentro, Radiccioni le echó en cara a Lereté que López (proveniente de Alianza Nacional) había entrado a la Junta Departamental no gracias a sus votos sino al acuerdo con la lista 400. Según dijeron a El Observador participantes de la reunión, Radiccioni le planteó que eso había sido en desmedro de sus propios dirigentes –algo que luego incluso motivó su alejamiento de Aire Fresco– y que ahora debía motivar una “revisión” de la política de alianzas, además de una nueva distribución de responsabilidades en la junta.
Más allá de que Lereté y Perdomo, ambos de la 400, lo acusaron de decir “disparates”, en la reunión también se hicieron visibles diferencias respecto a la forma en la que se había actuado con López. Tanto Radiccioni como Metediera se negaron a participar de la conferencia junto a Iturralde, en la que el presidente del Directorio anunció que el edil –supuestamente– ya no pertenecía al partido. Los dos dirigentes hicieron saber que a su juicio “la forma no era la adecuada” y que lo que correspondía era llevar el asunto a la comisión de ética.
“Yo dije que estoy de acuerdo con que hay que expulsarlo. Pero no estábamos de acuerdo con las formas”, dijo Radiccioni. “Después pasa lo que pasó. Que primero renunciaba, pero después no”, agregó.
Los reparos a cómo reaccionó el partido se propagaron luego a través de los grupos de Whatsapp de la dirigencia nacionalista, pero tuvieron un nuevo round al día siguiente, cuando Iturralde convocó una reunión por Zoom con el Directorio para explicar el paso a paso de las conversaciones.
Tal como informó El Observador, allí hubo reparos al proceder inicial de la cúpula partidaria, por no haber informado directamente al Directorio, y por el hecho de que algunos entendían que debía haber mayores “garantías” para el edil.
Entre los que se expresaron en ese sentido, cada uno con sus matices, estuvieron el subsecretario de Ambiente Gerardo Amarilla, el diputado de Canelones Sebastián Andújar, la edila María Eugenia Elso y la dirigente Graciela Guido, según las fuentes consultadas.
Parte de los planteos de esos integrantes del Directorio tuvieron que ver con la necesidad de llevar adelante un proceso “con todas las garantías para el edil”, de estudiar con detenimiento las circunstancias de su voto –por ejemplo, corroborar si la departamental había declarado el tema de asunto político, o si la bancada había acordado unidad de acción–, y analizar qué sanción corresponde en caso de que así sea. El presidente del Directorio Pablo Iturralde pidió disculpas por no haber mantenido al tanto al Directorio, e informó que en ningún momento se había “expulsado” a López, y que simplemente se había acordado con él su renuncia, pero que a las pocas horas el edil dio marcha atrás.
Los desmarques a la decisión inicial de exigirle la renuncia al edil continuaron el viernes, con la palabra de referentes del partido cercanos al presidente Luis Lacalle Pou.
La vicepresidenta Beatriz Argimón dijo que tiene previsto “hablar en las próximas horas” con Iturralde para conversar sobre la “cantidad de opciones” que tiene el Directorio a la hora de analizar el caso. “Me parece que es un proceso que debemos respetar y seguir en episodios como este. Hay instancias que seguramente se transiten todavía y me parece que es lo mejor porque en un partido donde la libertad es tan importante, escuchar es una herramienta que no debemos perder de vista para tomar decisiones”, sostuvo.
Quien dio la nota fue el intendente de Durazno Carmelo Vidalín, hombre de Aire Fresco y de confianza de Lacalle Pou, que salió en defensa del edil e incluso de Orsi. “¿Vos pensás que lo que hizo Orsi yo no lo he hecho?”, dijo Vidalín, que hasta preguntó si el Poder Ejecutivo no había recurrido a negociaciones similares. “Queremos sancionar a un edil. Perdón, yo creo que ha habido y se van a dar otras situaciones que van a ser duras, difíciles, crueles. Antes de actuar, lo primero que tenemos que hacer es mirarnos hacia adentro y tratar de encontrar en nosotros un espejo de nuestra propia conciencia”, añadió.
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