Cada vez más el adentro (lo que pasa en las cárceles) está impactando en al afuera
“Hoy una gran parte de las amenazas que estamos sufriendo algunas personas que estamos en cargos altos proviene de las cárceles donde están encerrados (los delincuentes), donde están cumpliendo pena. Se reúnen al lado de la celda con otros que ya tienen experiencia y están programando cómo van a hacer para actuar”.
La frase de la fiscal general Mónica Ferrero en el Parlamento grafica una realidad de la que no se es del todo consciente. Cada vez más el adentro (lo que pasa en las cárceles) está impactando en al afuera. De eso te hablaré en esta newsletter EnClave.
Esta semana se conoció de una nueva amenaza que recibió la fiscal Mónica Ferrero, esta vez junto al ministro del Interior Carlos Negro. Se trató de una amenaza que provino desde la cárcel y cuyos responsables están identificados.
Hace pocas semanas el recluso Erwin “Coco” Parentini, preso por ordenar desde la cárcel una balacera que terminó con la muerte del hincha de Nacional Lucas Langhain, amenazó a Negro diciéndole que podía pegarle un tiro en la cabeza porque conocía los lugares públicos que visitaba. También le prometió un “regalo” privado a la directora del INR Ana Juanche.
En julio, el narco Luis Fernández Albín cuestionó las condiciones de su reclusión y dijo que la “tortura genera odio” y “malas decisiones”, por lo que estaba pensando “atentar contra la integridad física de cualquier persona” del INR.
A fin de mes se cumplirá un año del atentado a Ferrero con una granada en el patio de su casa. Por eso la fiscal describió que las amenazas de muerte por parte de la delincuencia y el narcotráfico ocurren “un día sí y un día no”.
Al contar los detalles de la nueva amenaza pidió que no se recogiera la taquigráfica por lo que se desconocen cómo fueron los hechos pero llegó a decir luego que esos criminales que actúan desde la cárcel buscan "actuar y desestabilizar". "Lo he aprendido en la cantidad de casos que he tenido".
Además fue gráfica sobre los presos que dirigen organizaciones desde las cárceles. “Todos sabemos —y en la región también saben— que estas personas se reúnen —porque tienen más tiempo que nosotros— y dicen: «Voy a tirar esto y controlo la respuesta policial, cuánto demora en ir el móvil. Mientras tanto, andáte para el otro lado y hacemos aquella cosa». Entonces, para enfrentar esa realidad, primero hay que tener inteligencia policial buena —debemos tenerla—, pero también la inteligencia para transmitirles a los fiscales una respuesta rápida”.
La fiscal general identificó que las fiscalías más golpeadas por esta situación son las de Homicidios y Narcotráfico pero también destacó el riesgo al que se exponen la Fiscalía de Lavado de Activos, debido a que "ponen la cara" en las audiencias para fundamentar y defender el decomiso de los bienes de las organizaciones criminales, quedando directamente expuestos a represalias. Y contó: “Ya tengo otra fiscal que ayer me mandó una nota porque quiere cambio urgente por el tema de la seguridad”.
En junio entrevisté al fiscal Diego Chávez quien había pedido urgente el traslado de Durazno luego de que recibió una amenaza directa dentro de la fiscalía vinculada con narcos.
En ese sentido, también fue tema de la comparecencia de la jerarca en el Parlamento lo “regalados” que están los fiscales en el interior, donde no tienen ninguna protección y todo el mundo sabe dónde viven. Decía por ejemplo que las ventanas de las oficinas dan directamente a la calle. Por eso, pidió una partida de US$ 500.000 para instalar cámaras de seguridad, soportes de grabación, monitoreo y vidrios blindados.
Al día siguiente de la comparecencia de la fiscal Ferrero en el Parlamento, en el marco de la Rendición de Cuentas, fue el turno de las autoridades del Ministerio del Interior.
El ministro Carlos Negro fue consultado por los legisladores por los crímenes que se ordenan desde las cárceles y su respuesta fue que están “trabajando incesantemente en delinear un modelo de disuasión focalizada” para actuar sobre “las personas más violentas que dirigen esos grupos”, ya sea las que están en el territorio o en las cárceles.
La disuasión focalizada, en la que la actual gestión viene haciendo hincapié, también conocida como estrategia de “tirar de la palanca” o pulling levers, es una estrategia de seguridad y prevención del delito que concentra los recursos policiales, sociales y comunitarios en un grupo reducido de bandas criminales y aplica simultáneamente todo el peso de la ley si continúan delinquiendo, y ofrece ayuda social si deciden cambiar. Acá se está aplicando a tavés del plan Más Barrio.
“El objetivo es enviar mensajes claros a los delincuentes, a los líderes y a sus principales cabecillas de que el Estado va a ser implacable si no desisten de su despliegue de feroz violencia tanto en Montevideo y en la zona metropolitana como en el resto del país”, dijo.
Si bien las respuestas del ministro parecen partir de un diagnóstico adecuado, porque ese tipo de medidas, tomadas en base a evidencia, se han implementado en otros países con resultados, en la gestión de seguridad de su cartera da la sensación de que el ministerio está permanentemente planificando.
Tal vez sea un problema de la forma en la que se comunica pero cuesta advertir las concreciones, si nos referimos concretamente al tema carcalario,
En ese sentido, anunció que se está construyendo un centro penitenciario para personas privadas de libertad de alto riesgo, para aislar a los líderes más peligrosos y dificultar que sigan dirigiendo actividades criminales desde prisión.
Reiteró que la propuesta de que el Instituto Nacional de Reinserción pase a ser un servicio descentralizado va en ese sentido, para separar la gestión penitenciaria de la persecución policial y profesionalizar la función penitenciaria.
Días atrás la socióloga Ana Vigna, asesora del ministro en asuntos carcelarios, contó en La Diaria Radio que en abril del año que viene se inaugurará una cárcel para presos primarios con penas cortas, ya que el 40% de presos están por penas menores a dos años. Esa cárcel estará en Libertad en un predio donde se construyó otra unidad destinada a personas condenadas o formalizados por delitos sexuales, y donde, en octubre, cuando egresen nuevos operadores penitenciarios, se va a abrir la Unidad 28, para delitos de violencia de género.
Son políticas que van en el sentido correcto de “evitar el contagio criminal”, como decía la asesora. Clasificar a los reclusos según los delitos y separar a los primarios o a los que cometieron delitos leves como puede ser un hurto, o una rapiña sin lesiones, de los narcos, para que los recluten en un primer paso fundamental.
El problema está en que a la par de esas medidas de más largo plazo, que llevan sus procesos burocráticos, se deberían estar tomando otro tipo de medidas para tener bajo control a los líderes de bandas, impedir que tengan acceso a teléfonos y que se manejen como dueños y señores dentro de los establecimientos.
También se debe actuar rápido contra quienes lanzan las amenazas y caerles con todo el peso de la ley, como pasó con Fernández Albin que en junio luego de amenazar a las autoridades fue trasladado de Punta de Rieles, supuestamente aislado. Aunque ahora está en el Penal de Libertad donde están los grandes narcos.
En la comparecencia de Negro no hubo una respuesta al tema de la incidencia de las cárceles en la criminalidad. Ante la pregunta específica de si el ministerio tiene una medición sobre la cantidad de homicidios ordenados desde la cárcel, no se brindó una cifra concreta ni detalles sobre investigaciones o resultados específicos en este aspecto.
Varios senadores reclamaron mayor transparencia y datos sobre la falta de rehabilitación y la urgencia de reformas profundas para evitar que las cárceles sigan siendo centros de organización delictiva.
En definitiva la respuesta oficial se centró en el diagnóstico, la presentación de reformas estructurales y la necesidad de profesionalizar y descentralizar la gestión penitenciaria, pero quedó pendiente que rindiera cuentas sobre qué se está haciendo para evitar o controlar la incidencia directa de las cárceles en los homicidios y crímenes en general.
