El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez, que investiga la estafa de Conexión Ganadera, considerada de las más grandes de la historia del país, pedirá en estas horas a la Justicia la imputación de los tres responsables principales: Pablo Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow así como de la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral.
Este paso, que será un hito importante en el caso, es recién el comienzo de una investigación de largo aliento que tendrá varias etapas. Y como te decía en el asunto de este mail hay una buena noticia que tiene que ver con la recuperación de activos en la indagatoria de la Fiscalía de la que te hablaré en esta newsletter EnClave.
Un primer paso: la imputación ¿qué se puede esperar?
La decisión que tome la Justicia, haciendo lugar al pedido de fiscalía, no es definitiva. Lo que legalmente se conoce como la “formalización de la investigación”, implica que hay fuertes indicios sobre que los imputados cometieron determinados delitos y desde ese momento la fiscalía empieza a trabajar sobre las pruebas que tiene en la carpeta de la investigación para lograr la condena de los imputados en el juicio, que puede tardar algunos años, dependiendo de lo complejo del caso.
El fiscal Enrique Rodríguez ha dicho que no dará a conocer los delitos por los que pedirá imputar a Carrasco, Iewdiukow y Cabral hasta la audiencia, que seguramente se realizará entre el 15 y 17 de julio, porque quiere que las defensas se enteren ese día.
De todos modos, en conversaciones que ha mantenido con defensas de los damnificados o de los imputados ha explicado que puede ser que pida unos delitos para unos y otros para otros.
Las resultancias de la investigación y de los interrogatorios a los indagados que tuvieron lugar en mayo, hacen prever que la estafa y el lavado de activos son dos delitos que factiblemente pedirá. No así otros, que han sido señalados por los abogados denunciantes, como la apropiación indebida y la insolvencia societaria fraudulenta.
¿Por qué? Porque la apropiación indebida, que implica quedarse con bienes ajenos, ya estará comprendida en la estafa, que es apropiarse de lo ajeno mediante engaños o estratagemas, que es lo que entiende la Fiscalía que pasó en este caso.
Asimismo el delito de insolvencia societaria fraudulenta o quiebra fraudulenta no es para este momento. El Código Penal castiga a quien procure un provecho injusto, para sí o para otro, ocultando, disimulando o haciendo desaparecer, parcial o totalmente, el patrimonio de una empresa, con pena de doce meses de prisión a diez años de penitenciaría. Pero ese delito, recién se podrá aplicar luego de que el concurso sea declarado en la justicia civil como fraudulento. Así lo establece la ley, para tipificar ese delito se debe previamente señalar en el trámite concursal.
En el elenco de delitos posibles también entra la asociación para delinquir, como ocurrió en el caso del fondo de la vivienda social de la construcción por el que fueron condenados tres sindicalistas del Sunca, si entiende que los directores de Conexión Ganadera se asociaron para cometer delitos.
El fiscal Rodríguez tampoco ha dicho si pedirá prisión para los imputados pero se supone que sí, dada la magnitud de la estafa, por lo que se deduce que será uno de los temas que generará un arduo debate en la audiencia de julio. La fiscalía tendrá que probar que existen algunos de los riesgos procesales que el Código del Proceso Penal prevé (con los que se busca evitar que el imputado pueda fugarse, entorpecer la investigación o poner en peligro a la víctima o a la sociedad) y las defensas argumentarán en contra por lo que la jueza tendrá que zanjar.
Las próximas etapas de la investigación
20250403 Pablo Carrasco. Audiencia de Conexión Ganadera en juzgado de concurso.
Foto: Inés Guimaraens
Una vez imputados Carrasco, Iewdiukow y Cabral, el fiscal Rodríguez continuará la indagatoria por los hijos de estos.
La investigación hasta ahora demostró que los hijos formaban parte del esquema por el que se investiga el lavado de activos. Como dijo la Secretaría Antilavado (Senaclaft) en el informe que le entregó al fiscal en el que encontró nuevos bienes, "existe una compleja red de transacciones inmobiliarias y societarias de alto valor, uso de letras de cambio, hipotecas y arrendamientos rurales entre los investigados, sus familiares y empresas relacionadas”.
Así por ejemplo el informe detalla la compra de inmuebles de Carrasco entre 2022 y 2024, cuando justamente la empresa atravesaba fuertes pérdidas que él adjudicaba a la sequía. En esos años compró a nombre de la hija mayor, Marcela Carrasco, un apartamento en Punta del Este por US$ 290.000. También compró bienes a sus otros cuatro hijos y donó a sus dos hijos más chicos, con derecho a uso por el matrimonio, una chacra en Montevideo rural en el predio pegado a La Baguala con vista al río de la Plata que tiene un valor de casi US$ 1 millón.
En el caso de Basso sus hijas Candelaria y Agustina tenían amplia participación en las empresas y adquirieron inmuebles. En el caso de Agustina junto a su marido, Alfredo Rava, compraron campos en Durazno y otros inmuebles en Florida. Él era empleado de Conexión Ganadera y mano derecha de Basso en determinados negocios.
Luego de definir la participación de los herederos de Basso y Carrasco será el turno del personal de confianza o mandos medios de la empresa, y de otras personas que tuvieron vinculación con las maniobras. Se determinará también si existe algún tipo de responsabilidad por parte del cura parróco de la catedral, César Buitriago, quien era muy cercano a Basso y se conoció que tenía US$ 129.000 invertidos en Conexión Ganadera. En su caso el informe de la Senaclaft detectó como sospechosa la compra de Buitriago a Basso de varios apartamentos en Minas, Lavalleja, por un valor total de US$ 260.000.
El fiscal espera para la siguiente etapa el resultado de la contabilización del ganado que está en todos los campos tanto de Conexión Ganadera como de las otras empresas que eran tomadoras de animales. El MGAP le informó al fiscal que están terminado de realizar el conteo en los 30 campos que eran de Hernandarias XIII, la empresa de Carrasco y Iewdiukow principal tomadora de ganado, pero falta relevar las otras empresas que son unas ocho más, entre ellas Pasfer.
Ese conteo permitirá conocer a ciencia cierta cuánto ganado hay, a nombre de quién está y, lo más complejo, cruzarlo con las declaraciones juradas de junio de 2024 para saber cuanto de ese ganado pertenece a los clientes de Conexión Ganadera.
También se está a la espera de pedidos de información oficiales que la fiscalía hizo a Paraguay, Panamá, Estados Unidos y España, con lo que se están rastreando cuentas y bienes vinculados a los imputados. Hasta ahora solo apareció un apartamento que Carrasco tenía en Madrid y cuyo titulo entregó a la fiscalía luego de la audiencia en la que declaró, pero que falta establecer la trazabilidad total de cómo se pagó.
El recupero de bienes
Para los más de 4.300 damnificados ver a los directores tras las rejas será importante pero mucho más lo será poder recuperar algo del dinero que perdieron –para algunos eran los ahorros de toda su vida o la única posibilidad de comprar una vivienda-.
20250217 Enrique Rodríguez, fiscal. Primera audiencia de Conexión Ganadera.
Foto: Inés Guimaraens
En ese sentido el fiscal Rodríguez me explicó que el objetivo de la fiscalía en esta investigación "además de determinar responsabilidades es la detección de bienes y activos". “Todo lo que estamos tratando de rastrear es en beneficio de los damnificados”, aseguró Rodríguez. Después se verá si una mínima parte va para el Estado pero no es lo sustancial, señaló.
La aclaración viene a cuento por una nota de Joaquín Pisa de esta semana en la que los abogados Fernando Posada y Ana Ramírez explicaban que la imputación de lavado de activos conlleva el "decomiso de los bienes procedentes del lavado", que son puestos "a disposición de la Junta Nacional de Drogas", de acuerdo a la Ley "Antilavado" N° 19.574.
Los abogados aclaraban sin embargo, que la propia ley establece que si se comprueba que algunos de estos bienes corresponden "a un tercero", "no se procederá al decomiso, debiendo devolverse los bienes a su titular".
En ese sentido el fiscal Rodríguez adelantó que tiene muy claro que “lo permite la ley y lo establece la ley”. “Es la idea que nos inspira y es el trabajo que estamos haciendo: recuperar bienes que puedan ser volcados al concurso".
