“¿Cuál es el costo de las mentiras? No es que las confundamos con la verdad. El verdadero peligro es que, si escuchamos suficientes mentiras, ya no reconoceremos la verdad en absoluto”. La frase atribuida al científico Valery Legasov en la serie Chernobyl no describe solo la cultura política de la Unión Soviética. Describe un mecanismo mucho más universal. Cuando la mentira se vuelve sistema, la realidad deja de ser un límite incómodo y pasa a convertirse en un obstáculo a remover.
La defensa que hizo Fernando Pereira – presidente del Frente Amplio - del régimen cubano, tras integrar una delegación política de ese partido político a la isla, encaja con precisión en esa lógica. No se trata de una diferencia de matices ideológicos ni de una discusión académica sobre modelos económicos. Se trata de algo bastante más elemental: la negación de hechos documentados desde hace décadas por organismos internacionales independientes.
Diversos informes de Human Rights Watch, Amnesty International, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y mecanismos de Naciones Unidas han registrado de forma consistente restricciones a libertades civiles en Cuba, incluyendo detenciones arbitrarias de opositores, limitaciones a la libertad de expresión y asociación, y procesos judiciales cuestionados por falta de garantías. Episodios como la Primavera Negra de 2003, o las detenciones masivas posteriores a las protestas del 11 de julio de 2021, forman parte de un patrón ampliamente acreditado. No se trata de propaganda. Se trata de información verificable.
Pereira y el Frente Amplio conocen esa información. No pueden alegar desconocimiento. Su decisión de minimizarla o relativizarla no responde a falta de datos, sino a una opción política deliberada. Particularmente él en su calidad de presidente optó por preservar una narrativa embaucadora, antes que reconocer una realidad innegable que lo incomoda.
Tiene los hechos a la vista, pero prefiere interpretarlos de modo arbitrario para que no contradigan sus creencias ideológicas. Cuando la evidencia incomoda, elige adaptar la interpretación a su impostura política antes que revisar la posición a la cual responden sus comentarios. Cuando la ideología obliga a negar lo evidente, deja de ser una discusión de ideas y pasa a ser un problema con la verdad.
El viaje a Cuba podría haber sido, en todo caso, un error político discutible. El problema es la explicación posterior. Pereira prefirió instalarse en una posición que lo obliga a justificar lo injustificable o a negar lo evidente.
Pereira participó de un acto político en un contexto de profunda crisis económica y social en la isla, con apagones generalizados y deterioro sostenido de las condiciones de vida. Y decidió defender públicamente al régimen castrista, aun cuando miles de cubanos han llegado a Uruguay en los últimos años, precisamente por falta de libertades y oportunidades. La contradicción resulta difícil de disimular.
Desde el punto de vista político, la fotografía que se sacó en La Habana con Miguel Díaz-Canel no es un detalle menor. En política, los símbolos importan porque revelan afinidades. La imagen de Pereira, dirigente de un partido democrático que hoy gobierna Uruguay, posando con un gobierno señalado reiteradamente por organismos internacionales por restringir libertades básicas, transmite un mensaje que difícilmente pueda neutralizarse con explicaciones posteriores.
El problema de la mentira política no es solo moral. Es también práctico. Cuando la realidad se distorsiona de forma sistemática, las decisiones empiezan a basarse en ficciones convenientes. Y las ficciones, tarde o temprano, chocan con los hechos.
Legasov lo expresó con precisión en Chernobyl: cada mentira genera una deuda con la verdad. La política no es ajena a esa regla. Se puede postergar el reconocimiento de los hechos, se los puede relativizar o envolver en retórica ideológica, pero no se los puede eliminar.
La pregunta relevante no es por qué Pereira dijo lo que dijo. La pregunta, en síntesis, es por qué considera necesario negar lo evidente para sostener una narrativa que hace tiempo dejó de coincidir con la realidad de los hechos y las consecuencias.
Las mentiras pueden sostenerse durante un tiempo. Sin embargo, no pueden evitar el momento en que las evidencias terminan imponiéndose. Y ese momento, en el caso de Cuba, parece cada vez más cercano.
Cuando Fernando Pereira tenga que mirar por el espejo retrovisor, probablemente hará lo que ya ha hecho cuando debe enfrentar contradicciones incómodas, como cuando convocó a un cacerolazo a pocos días de iniciada la pandemia y ahora lo relativiza: intentar mover el espejo.
El problema es que la realidad no es tan dócil ni se mueve con la misma facilidad.
Pereira afirma que dentro del Frente Amplio hay quienes consideran que Cuba es una dictadura y quienes sostienen que no lo es. Su posición ya quedó clara.
Por eso hablamos de un gobierno en disputa. Una disputa que ya no es solo política —como muestran las diferencias entre el ministro de Economía Gabriel Oddone y el ministro de Trabajo Juan Castillo— ni solo ideológica —como revelan las tensiones entre el MPP y el Partido Comunista—, sino una disputa con la propia realidad.
Cuando el poder decide discutir contra los hechos, pierde credibilidad. Y cuando un gobierno pierde credibilidad en asuntos básicos, el problema deja de ser interno. El costo no queda en la interna partidaria. Lo termina pagando todo el país.
