El actual conflicto gremial ha ido escalando y se ha convertido en un enfrentamiento directo entre el sindicato y la fiscal general Mónica Ferrero
De los fiscales depende que se atrape a los delincuentes. Desde 2017, cuando pasamos al sistema acusatorio, son quienes dirigen a los policías en las investigaciones y luego deben recabar las pruebas para lograr que la justicia condene a los culpables en un proceso abreviado o en un juicio.
El protagonismo que cobraron los fiscales con ese proceso los llevó a enfrentarse entre ellos y es por eso que el actual conflicto gremial ha ido escalando y se ha convertido en un enfrentamiento directo entre el sindicato y la fiscal general Mónica Ferrero. Por eso en esta entrega de la newsletter EnClave intentaré contarte el mar de fondo del Ministerio Público.
En los papeles, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay se declaró en conflicto ante una resolución de la fiscal general Ferrero en la que establecía que no se pueden tomar licencia cuando están de turno y que si se toman licencia los deberá subrogar un fiscal del mismo rango.
A ello se sumaron reclamos anteriores como el "medio horario por lactancia" y un reclamo para tener cerca de 15 días de licencia por cuidados.
Como medidas para acompañar el conflicto, decidieron que los titulares designados para suplir a otros se negarán a hacerlo, y cuando se nombre a un fiscal adscripto se exigirá el pago correspondiente al cargo de mayor jerarquía; y no solicitarán órdenes de detención ni allanamiento en casos donde no se den situaciones de riesgo inminente para la vida, la integridad física y derechos similares como la libertad sexual. Una medida con amplias excepciones que al parecer no ha traído perjuicios notorios.
Pidieron además que se deje sin efecto un curso que estaban dando tres profesores chilenos, sobre cómo investigar en el proceso penal y al que asistían desde el 7 de abril 25 fiscales seleccionados. Alegaron que no se debería gastar esos recursos escasos en capacitación.
Ante esos planteos Ferrero tiene otra versión. La fiscal general sostiene que sus resoluciones apuntan a “poner orden”, alega que el año pasado se pagaron $13 millones en subrogaciones a fiscales de otro grado cuando la norma indica que a un fiscal titular lo subroga otro titular, salvo excepciones que están reglamentadas.
Con respecto a las licencias en turno, señala que las excepciones estaban contempladas (como los casos de viajes o si se trata de un fiscal de turno único del interior que siempre está de turno).
También afirma que en la última reunión con representantes del gremio les planteó como alternativa que pudieran sacar licencia en un turno por semestre, es decir en un turno de la primera mitad del año y en otro turno en la segunda mitad. Según esta versión, quedaron en trasladar su contrapropuesta a la asamblea pero se declararon en conflicto sin previo aviso. Los fiscales dicen que le avisaron.
Con respecto al curso que el gremio pidió suspender, Ferrero explica que el pago ya se había ordenado y que los titulares del gremio irrumpieron en el curso para plantearle a los profesores la suspensión. Ante esa situación, 8 se fueron del curso pero 17 se quedaron e hicieron una nota en la que se quejaron por la situación. Finalmente Ferrero decidió suspender el curso cuando quedaba un día y medio, que será recuperado en el segundo semestre.
Para evaluar el reclamo de las licencias, hay que tener en cuenta también que los fiscales, junto con los jueces, son los funcionarios que gozan de mayor cantidad de días libres, ya que tienen licencia entre el 24 de diciembre y el 31 de enero cada año y luego entre el 1 al 15 de julio, períodos de feria judicial. Además, si trabajan en ese período porque les cae el turno, esa semana o 15 días –en caso de dos fiscales por ciudad que se turnan- recuperan esos días en otro momento del año, por lo que gozan de unos 50 días de licencia al año.
En cuanto a los sueldos, los fiscales letrados de Montevideo especializados perciben unos $ 330 mil nominales (incluidas varias partidas), los letrados suplentes más de $ 294 mil, los fiscales departamentales (titulares del interior) $ 258 mil, los adjuntos más de $ 221 mil y los adscriptos (es escalafón más bajo) más de $ 183 mil.
Te hablaba del conflicto en los papeles porque más allá de los derechos laborales de los fiscales, que nadie pone en duda y que de hecho varios han recurrido la resolución de Ferrero y podrán plantearlo ante el TCA, detrás del conflicto lo que hay es una intención de presionar al sistema político para que de una vez por todas se pongan de acuerdo en designar a un fiscal de Corte titular.
Como prueba de ese trasfondo, en el raid mediático que han hecho tanto el presidente la asociación Willian Rosa, como el vicepresidente Ricardo Perciballe, señalaron que al tema estrictamente gremial de los derechos afectados, se suman que la jerarca “no los ha defendido” institucionalmente ante las acusaciones de que la fiscalía es un centro de operaciones políticas.
Perciballe dijo que las negociaciones con Ferrero “han sido grandes monólogos porque ella, si bien no sale a la prensa, con ellos habla, habla, habla” pero les “interesa que concrete” e introdujo el tema de la “problemática que se arrastra porque no hay fiscal de Corte titular”. También cuestionó la decisión de no publicar las resoluciones de los fiscales en la web de fiscalía si se apelan bajo el argumento de que no quedó firme.
Recordemos que Ferrero llegó a la fiscalía en diciembre de 2023, ante la enfermedad del fiscal de Corte Juan Gómez, quien a su vez subrogaba a Jorge Díaz desde que renunció en octubre de 2021.
Ferrero fue elegida por ser la fiscal penal de Montevideo con mayor antigüedad en el cargo. Esa disposición fue incluida en la ley de Rendición de Cuentas de 2022 por una interpretación promovida por la coalición. Es también la fiscal número uno en materia de drogas ya que lleva casi 25 años al frente de los casos más grandes de corrupción y narcotráfico y aunque al principio atendía también la fiscalía, ahora es subrogada por su colega Angelita Romano.
A su vez, esa fiscalia separada en bandos sí está fuertemente politizada. En este escenario ha cobrado mucho protagonismo el gremio de fiscales que es abiertamente contrario a la fiscal de Corte y cuyos principales integrantes se han ido alineando con la corriente por exfiscal Jorge Díaz, hoy secretario de la presidencia del gobierno del Frente Amplio.
Según señalan quienes no integran ese bando, esa afinidad se ha visto en los ascensos y cargos privilegiados que han ido consiguiendo y sobre todo en los viajes y capacitaciones, la mayoría en el exterior, que han recibido. También es justo decir que en el medio hay otros fiscales que intentan manejarse alejados de los tejes y manejes, aunque estando adentro es difícil no tomar postura.
El constitucionalista y ex Cabildo Abierto, Eduardo Lust, resumió bien el problema, al afirmar en un espacio radial que los partidos políticos no se ponen de acuerdo en designar a un fiscal de Corte porque cada uno quiere nombrar a un fiscal afín a su partido y por eso pidió que “no insistan con nombrar un fiscal político, que dejen una fiscal técnica que está haciendo las cosas muy bien”.
El problema es que para el actual oficialismo Ferrero, que siempre gozó de respeto por su capacidad de trabajo y de estudio, no es una fiscal neutral. Ellos la consideran alineada con la actual oposición por el apoyo que le han dado públicamente mientras desde el Frente Amplio la han cuestionado.
Ante ese escenario se echó a correr el rumor de una posible salida. Aunque no se discutió a nivel de los partidos políticos y nadie le planteó nada a Ferrero, la idea es conseguir un nombre de consenso para que ocupe el cargo de fiscal de Corte y designarla a ella en la Suprema Corte de Justicia o en el TCA. Ambos cargos, que son la cúspide de la carrera judicial, tendrán vacantes este año ya que se retiran la ministra Elena Martínez en setiembre de la Corte, y el ministro José Balcaldi este mes del TCA.
Esa “salida” sigue teniendo el problema de encontrar un nombre que convenza a todos, ya que la venia requiere mayorías especiales del Senado y no saldrá sin votos opositores.
Por su parte, Ferrero sabe que no volverá a la fiscalía especializada de estupefacientes después de haber sido la jerarca de sus compañeros, por lo que esa salida podría resultar adecuada. Esa opción se llegó a manejar para sacar a Jorge Díaz cuando empezó a tener problemas con algunos de los partido que integraban el gobierno de Luis Lacalle Pou.
Pero por ahora, no parece que se vaya a lograr salvo que aparezca mágicamente un nombre que logre convencer a los dos mitades del sistema político. Adentro de la actual fiscalía no parece haberlo. La propia fiscal de Corte lo sabe y por eso le ha dicho a sus allegados, medio en serio, medio en broma, que hoy se considera “un mal necesario”.