La escena se ha repetido tantas veces en los últimos años que ya corre el serio riesgo de ser naturalizada como un lugar común de las políticas de educación pública del Uruguay. Pero no por cotidianas las peleas entre el poder gremial y el político, no dejan de ser preocupantes por sus consecuencias y por la señales de debilidad que muestra el Estado en esa pelea.
En esta oportunidad, la confrontación se desató en la enseñanza pública tras una decisión adoptada por el Consejo de Formación en Educación (CFE) que buscaba desactivar otro conflicto y garantizar la continuidad pedagógica de los cursos a través de la modalidad virtual durante las jornadas de ocupación o paro de los centros educativos. La respuesta gremial no se hizo esperar: tras la reacción acalorada de los sindicatos docentes y las agrupaciones estudiantiles, la Administración Nacional de Educación Pública (ANP) optó por dar marcha atrás y revocar la medida.
El presidente de la ANEP, Daniel Caggiani, quien había defendido la virtualidad con argumentos evidentes- “el deber de la ANEP también es velar por el derecho a la educación”-, tuvo que aflojar.
“Se pausó la aplicación del pasaje a virtualidad, en virtud de que eso estaba generando un conflicto con los docentes”, dijo.
Los paros de profesores y estudiantes de las últimas semanas sumaban reivindicaciones varias pero se destacaban las referidas a los denominados “títulos de cartón”.
La protesta que comenzó en la última semana de julio se desató luego que la ANEP implementara un plan de titulación rápida para validar como egresados universitarios a profesores de educación media que ya ejercen pero no terminaron la carrera. Tienen varios años de experiencia en el aula pero solo un 50% de las materias aprobadas.
En el IPA y en los CERP hay quienes consideran que los beneficios otorgados los perjudican y afectan la formación de grado.
Las autoridades, en cambio, dicen que la medida busca que los profesores con experiencia práctica no se queden sin horas de clase ante la baja de la matrícula estudiantil.
El episodio excede el debate acerca de asuntos meramente pedagógicos. Lo que queda al descubierto en esta pulseada es, en esencia y otra vez, una discusión sobre el poder y la autoridad. Cuando los órganos de gobierno de la educación adoptan una resolución para intentar mitigar el impacto de las interrupciones del calendario de clases, pero la desarman a las pocas horas ante la primera amenaza de conflicto, el mensaje que se emite es desolador. Se confirma, una vez más, que el margen de gobernabilidad de las autoridades educativas termina condicionado por la capacidad de veto de las corporaciones sindicales.
Y en el centro de esta disputa y como meros espectadores permanecen los estudiantes que acuden a las aulas con la aspiración legítima de formarse, rendir sus exámenes en fecha y avanzar en sus carreras, y terminan convertidos en víctimas de reivindicaciones muchas veces equivocadas.
Mientras los sindicatos celebran el repliegue oficial y las autoridades intentan explicar el retroceso como un gesto de sensibilidad al diálogo, el perjuicio concreto recae siempre sobre los mismos.
No se trata de negar la vigencia del reclamo sindical, sino de definir si los gremios de la enseñanza –esos que le doblaron la mano a Tabaré Vázquez durante el decreto de esencialidad del 2015 y a los que José Mujica quería “hacer mierda”- siguen decidiendo cómo, quién, qué y cuándo se estudia.
