Una institución concebida para amparar termina administrando una población heterogénea, con trayectorias vitales y niveles de vulnerabilidad muy dispares
INAU
Foto: Dante Fernadez / FocoUy
Cada vez que un caso vinculado al INAU irrumpe en los titulares, la reacción pública sigue un guion conocido: conmoción, indignación y búsqueda de responsables inmediatos. El INAU aparece entonces como el rostro visible del problema, el lugar donde se deposita la culpa.
Pero reducir lo que ocurre a una institución es una forma cómoda —y peligrosa— de simplificación. Lo que estos episodios dejan al descubierto no es una falla puntual ni un error aislado de gestión, sino una falla sistémica: una cadena de omisiones, inercias y decisiones mal coordinadas que atraviesa al Estado, a la justicia, a las políticas sociales y a una sociedad que se indigna, pero rara vez corrige el rumbo.
El INAU no actúa en el vacío. Opera dentro de un entramado normativo, político y cultural que fija límites, prioridades y zonas de tolerancia al daño. Personalizar el problema tranquiliza conciencias; comprenderlo exige incomodarse.
La noticia parece nueva, pero el patrón es viejo. Cambian los nombres, el lugar, la edad; no cambia la secuencia.
Una adolescente bajo el amparo del INAU fue hallada en una boca de venta de drogas en Rivera, tras un allanamiento policial. Se había ausentado del hogar semanas antes mediante una “salida no acordada”. Hay indicios de que fue víctima de una red de trata. Fue reintegrada al sistema.
Lo inquietante no es solo el hecho —grave en sí mismo— sino su reiteración. No estamos ante una excepción, sino ante la manifestación visible de una falla estructural que el país arrastra desde hace años y que ningún gobierno ha logrado corregir. El sistema registra, interviene, reintegra. Y la secuencia vuelve a empezar.
Desde 2020, muchos de los problemas que durante los gobiernos anteriores generaban incomodidad —o eran minimizados— pasaron a convertirse en banderas de denuncia. La indignación emergió con fuerza, pero sin autocrítica.
Se señaló el daño sin revisar cuándo comenzó, cómo se profundizó ni qué decisiones —o indecisiones— lo hicieron posible. Este desplazamiento del análisis estructural a la denuncia coyuntural no corrige nada: consolida una lógica conocida, en la que los gobiernos heredan fallas, las administran y rara vez las desmontan.
Hay un aspecto que suele quedar fuera del encuadre público y que vuelve más grave la reiteración de estos hechos: el perfil de riesgo previo de los niños, niñas y adolescentes que ingresan al sistema del INAU.
No se trata de trayectorias neutras. Son historias marcadas por abandono, violencia, abuso, pobreza crónica, deserción escolar y fallas reiteradas de protección estatal. El INAU no recibe sujetos indemnes, sino biografías ya dañadas. Cuanto más prolongada fue la exposición previa, mayor es la vulnerabilidad posterior.
Ignorar este dato no es ingenuidad técnica; es ceguera política. La institucionalización puede ser necesaria para cortar riesgos inmediatos, pero no borra esas marcas. Sin intervenciones intensivas y sostenidas, el riesgo no se reduce: se desplaza.
El núcleo del problema está en la combinación entre la no privación de libertad y determinados perfiles de alto riesgo: allí, una salida no acordada eleva de forma previsible el riesgo de delito o victimización y vuelve el daño un resultado esperable.
En ese contexto, una institución concebida para amparar termina administrando una población heterogénea, con trayectorias vitales y niveles de vulnerabilidad muy dispares. Negar esa diversidad —o abordarla con dispositivos indiferenciados— no es una falla menor de diseño: es un error de política pública. Existen adolescentes cuyo nivel de riesgo, construido por historias acumuladas de violencia, abandono o consumo, los vuelve especialmente expuestos a la captación por redes delictivas, explotación sexual, trata o economías ilegales. Esos perfiles no pueden ser tratados como casos residenciales estándar sin que el sistema, por omisión, los empuje nuevamente al daño.
Cuando el riesgo es alto, la respuesta no puede limitarse a la contención administrativa ni a la gestión formal del egreso o la reintegración. Requiere dispositivos residenciales con fines terapéuticos, abordajes intensivos y condiciones reales de protección. Persistir en modelos que privilegian la espera, la rotación de dispositivos o la reintegración nominal, sin garantizar entornos seguros y sostenidos, no es neutral: es una forma institucionalizada de exposición al riesgo.
Nombrar esto como falla sistémica no diluye responsabilidades; las amplía. No exonera al INAU — que tiene mucho que revisar y transformar—, pero obliga a mirar más allá del titular y a interpelar un entramado de decisiones, protocolos y omisiones que han naturalizado el riesgo en nombre de la contención. Mientras sigamos confundiendo administrar el daño con proteger, el sistema seguirá produciendo exactamente los resultados que produce. Y cada nueva noticia no será una sorpresa: será una consecuencia.