El Estado compartimentado y otros Jonathan

El último reporte del sistema de INAU da cuenta que en 2024 el sistema intervino frente a denuncias por violencia hacia niñas, niños y adolescentes, en 8.924 casos, 24 diarias en promedio. El tramo etario de 13 a 17 años abarca el 38% de los casos, mientras que la primera infancia, de 0 a 5 años, fueron el 17% de los episodios. En cuanto a las formas de violencia prevaleció el maltrato emocional (38%), seguido por la negligencia (23%), la violencia sexual y explotación (22%) y la violencia física (17%).

Como sucede cada vez que se da una muerte evitable, tras el caso Jonathan se dispararon investigaciones urgentes en cada organismo que intervino, cuyos resultados no se conocen. El ministro del Interior Carlos Negro quiere para saber cuántas denuncias efectivamente se realizaron a lo largo de la trayectoria educativa de Jonathan; la fiscal de Corte Mónica Ferrero le ordenó a Jurídica lo mismo para saber cómo fue la actuación luego de la denuncia de noviembre realizada por la UTU de Flor de Maroñas en la que estudiaba el adolescente; y la Suprema Corte de Justicia pidió información en 72 horas al juzgado de familia especializada que intervino.

Desde el Ministerio del Interior afirman que en el Sistema de Gestión Policial sólo figura, con Jonathan como víctima, la denuncia de noviembre de 2025 presentada por UTU y luego otras dos contra el padre, por amenazas y violencia doméstica, una presentada por la madre de Jonathan y otra en representación de la hermana de 9 años, que esta semana fue entregada a un centro de protección de INAU.

Asimismo del informe inicial del juzgado de familia surgió que existieron dos intervenciones recientes pero como se informó de la existencia de 14 denuncias los ministros de la Suprema Corte dispusieron que se ampliara la investigación administrativa.

La directora general de Primaria, Gabriela Salsamendi, citada por Telenoche, indicó que existieron denuncias realizadas por centros educativos, mientras que en INAU dijeron tener un único registro de una denuncia realizada por un centro CAIF en 2013.

Ello evidencia que desde los dos años se denunció que Jonathan era víctima de violencia, las instituciones no actuaron y terminó asesinado y tirado en una zanja por su padre para disimular su brutal crimen.

Para entender donde pueden estar las fallas hay dos ámbitos. Primero a nivel estatal propiamente hay un grave problema en la compartimentación de información que cada organismo tiene en sus registros y no comparte: Mides, BPS, ASSE, ANEP, Ministerio del Interior. Y no es nuevo. Ya lo decía el actual director de Inteligencia estatal y ex director nacional de la policía, Mario Layera en 2018. En una entrevista que le hizo Gabriel Pereyra se refería a las dificultades para combatir el delito y decía: “La Policía no accede a determinada información que tiene el Mides porque dicen que es reservada. No accedemos a información del BPS ni a la de Secundaria o Primaria, que nos permitiría contextualizar y ver el perfil de la gente con la que estamos tratando. Saber cuántos estudian, cuántos están registrados en el BPS y podemos saber cuántos están afuera del sistema…”

Una vez que se concreta la denuncia e interviene el sistema de Justicia, también existen compartimentos estancos ya que cada organismo lleva sus propios registros y no siempre la información fluye como debería.

En los casos de violencia intrafamiliar, el policía llama al juzgado de Familia Especializada que atiende las denuncias de violencia de género y de menores con derechos vulnerados. En Montevideo, hay 12 juzgados, dos de turno cada semana, que se dividen la atención de las seccionales pares e impares.

En la gran mayoría de los casos, los jueces toman medidas urgentes telefónicamente, y le piden a la policía “ubicar, indagar y volver a enterar”, que implica que el policía vaya al lugar e interrogue a los protagonistas del hecho. También suele pedir algún informe al INAU.

Si la policía se encuentra con delitos se ordena dar cuenta a Fiscalía y ahí se derivará a alguno de los cuatro fiscales de violencia doméstica.

El Código de la Niñez prevé que se tomen las mismas medidas urgentes de protección de la ley de violencia basada en género (ley 19.580) para los menores vulnerables, entre las que existen sacar del hogar al agresor, prohibirle que se acerque a las víctimas, darles atención en salud… Además el juez tendrá que realizar una audiencia dentro de las 72 horas, algo que no siempre se cumple. Cuando las víctimas llegan al juzgado antes de la audiencia son entrevistadas por el equipo técnico que en unos 15 minutos escucha a la víctima y eleva un informe al juez (actualmente hay tres psiquiatras, 12 piscólogos y 13 asistentes sociales).

¿Cómo se evita que haya otros Jonathan?

Una vez que concluyan las investigaciones en curso por este caso se sabrá dónde estuvieron las fallas y es de esperar que rueden las cabezas de los funcionarios que no hicieron su trabajo y contribuyeron a dejar más vulnerable aun a Jonathan.

Pero este tristísimo caso debería servir para entender que el sistema de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes requiere cambios drásticos, como planteó esta semana la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), el organismo parlamentario encargado de monitorear los derechos vulnerados de la infancia y la adolescencia.

Mucho se viene poniendo el foco en el INAU y es necesario hacerlo porque el organismo ha demostrado que no cumple con los mínimos estándares de protección a la infancia, desde el momento en que semanalmente se reportan casos de niños que están bajo el amparo del organismo y mueren o que ven seriamente afectados sus derechos.

Pero como señalaba la INDDHH, las culpas no recaen en un único organismo, “sino que se trata de una red institucional que involucra a múltiples oficinas estatales y que requiere articulación efectiva, coordinación y respuestas inmediatas".

En ese sentido la INDDHH le pidió al Gabinete creado por la Ley de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia que asuma con premura la conducción de una reforma del sistema de protección en su conjunto.

Casualmente ese gabinete creado por la llamada “ley Lustemberg” de protección a la infancia, impulsada por la actual ministra de Salud y que fue votada en el período pasado por todos los partidos políticos, se reunió este jueves por primera vez.

¿Qué resultó de esa reunión? Muy buenas intenciones pero lamentablemente, por lo que trascendió, pocas concreciones.

Gabinete infancia

El ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila declaró que el mensaje que dejó el presidente Yamandú Orsi a los presentes fue que “ningún gurí o ninguna gurisa del Uruguay” quede “por fuera de la respuesta” del Estado. “Vamos en la dirección de quebrar la fragmentación que existe en las políticas de infancia en Uruguay”, dijo Civila y afirmó que van a comunicar un plan de trabajo “dentro de pocos días”.

Si bien recordó que el INAU tiene a disposición de la población la Línea Azul para denuncias anónimas (0800 5050), sostuvo que este nuevo ámbito dará respuesta a través de atenciones transitorios, a urgencias que impliquen riesgo de vida para niños y adolescentes.

Por ahora solo titulares para un tema que requiere decisiones urgentes y que con el trasfondo del caso Jonathan ameritaba que al menos se hubiera podido hacer algún anuncio.

Además, nadie de la Fiscalía ni del Poder Judicial estuvo presente en esa reunión. No fueron invitados. ¿Cómo se va a reformar el sistema y cómo se va a erradicar al Estado de los compartimentos estancos inoperantes si no se invita a dos actores fundamentales y responsables como son los jueces y los fiscales? Asi como se informó que se invitó al ministro del Interior Carlos Negro pese a que no estaba en la lista inicial de participantes, está en la tapa del libro que la fiscalía y la Justicia deberían haber estado.

Si la policía, y luego el juez y el fiscal con solo ingresar la cédula del niño a un sistema supieran que ese niño venía siendo víctima de violencia desde los dos años, o que fue atendido en una policlínica por haber recibido una golpiza, seguramente tomarían mejores decisiones. Sin embargo, no tienen esa información. Información básica, a la que podrían acceder en escasos minutos, le podía haber salvado la vida a Jonathan Correa. Hay por delante muchos Jonathan que esperan que el Estado los salve.