Frente al caso Carrera hemos visto todas las reacciones que encuadran en el fenómeno de la judicialización de la política que, por estar a un mes de las elecciones, llamo campañización de la Justicia
El fenómeno no es nuevo. Desde que comenzaron las indagatorias a funcionarios de los gobiernos por hechos de corrupción desde finales de la década de 1990, se empezó a hablar de la judicialización de la política y de su contracara, la politización de la Justicia.
Y si bien en Uruguay vivimos en una eterna campaña, en períodos electorales arrecian los intentos por politizarlo todo, incluida la Fiscalía.
En estos días se conoció la noticia del pedido de desafuero del ahora senador frenteamplista renunciante Charles Carrera por parte de la fiscal Silvia Porteiro con la intención de pedir su imputación por el delito de abuso de funciones por haber dado internación durante cuatro años en el Hospital Policial a un vecino de La Paloma supuestamente herido por un policía que actuó con mala praxis y a su hermano cuando no les correspondía. Este miércoles el Senado aprobó su renuncia.
Este caso, los cuestionamientos al delito que se suele imputar en estos casos y la incidencia que pueden tener en la campaña esta judicialización serán tema de esta newsletter EnClave.
Se judicializa la política cuando se terminan dirimiendo en los tribunales asuntos que son netamente políticos.
En una columna publicada en El Observador en marzo de 2022, el director de Factum, Oscar Botinelli, ahondaba en las implicancias de uno y otro término. Así planteaba que la judicialización de la política ocurre cuando se plantean investigaciones parlamentarias o administrativas que terminan con el pase del caso a la Justicia; cuando se presentan denuncias penales contra jerarcas con cargo político y se utiliza ese proceso judicial como caballito de batalla político; cuando se exalta o critican los fallos judiciales según sea la coincidencia con los intereses políticos propios; y la combinación de varios de estos elementos, acompañados de campañas más o menos orquestadas en los medios de comunicación, hoy podríamos sumar y en redes sociales, “como forma de erosionar a adversarios políticos”.
Por su parte, la politización del sistema judicial opera, decía Botinelli, cuando en la actuación del sistema judicial “se cuelan elementos políticos”. En ese sentido se han podido ver fallos con componentes ideológicos, procesamientos o imputaciones que cuentan con alto apoyo en sectores de alto activismo o militancia, la iniciación de causas con bases muy débiles contra figuras políticas, donde lo que aparece más claro es la búsqueda de protagonismos y aplausos fáciles.
Esto no implica que los delitos denominados de cuello blanco o de corrupción, no deban ser juzgados por quedar teñidos de intencionalidad política. Al contrario, las propias normas nacionales y los tratados internacionales a los que Uruguay suscribió le imponen una mayor carga a los funcionarios públicos con respecto al resto de los ciudadanos al obligarlos a ejercer su cargo con “la debida probidad” y “el cabal cumplimiento de sus funciones”.
Frente al caso Carrera hemos visto todas las reacciones que encuadran en el fenómeno de la judicialización de la política que, por estar a un mes de las elecciones, llamo campañización de la Justicia, ya que son notorios y evidentes los intentos de un lado y otro de hacer campaña con el tema en el afán de llevarse réditos políticos.
Lo primero que hay que decir es que cuando un fiscal pide el desafuero de un legislador es porque tiene el convencimiento de que existen indicios de que cometió un delito.
En el caso concreto, la fiscal Porteiro fundó su escrito de 42 páginas en los siguientes puntos:
En el documento enviado al Parlamento, Porteiro señaló que en principio aplicará al delito de abuso innominado de funciones porque se dan los tres supuestos de esa figura: abuso del cargo, arbitrariedad y finalidad perjudicial y además no encuadra en ningún otro delito, argumentó citando al penalista Miguel Langón. Luego citando a Cairoli explicó que el bien jurídico tutelado es “el normal funcionamiento de la administración” y que con este tipo de conductas “se compromete la buena imagen de la administración”.
El delito de abuso de funciones, que es muy cuestionado por la academia, establece que "el funcionario público que, con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 3.000 UR (tres mil unidades reajustables)".
La academia en forma casi unánime considera que es un delito que debería ser derogado por ser un “tipo penal abierto” o una carta de crédito en blanco, como argumentan los juristas. Así se planteó cuando una comisión de expertos propuso la llamada reforma del Código Penal luego de 2005 y en 2017 cuando el Parlamento llegó a tratar un proyecto para derogarlo, presentado por el Frente Amplio.
En ese momento el caso Sendic (por el que el entonces vicepresidente era indagado por su gestión al frente de Ancap) hizo que desde la oposición se planteara la falta de oportunidad y el proyecto no contó con los votos para ser aprobado ni siquiera en la bancada del entonces oficialismo.
Desde que se conoció la noticia de que la fiscal Porteiro pretende imputar a Carrera, empezó el afán por politizar el tema.
Vimos a Carrera victimizarse, a sus compañeros aplaudirlo y defenderlo a capa y espada (Carrera dijo que el apoyo del FA le dio “fortaleza para soportar la salvajada” que le hicieron), escuchamos a sus correligionarios asegurar que no cometió delito sino “un acto humanitario”, en la sesión del Senado de este miércoles destacaron su “valentía” por renunciar a los fueros y comparecer ante la Justicia, sin que ninguno dijera ni media palabra sobre el respeto por las normas y la probidad en la función, omitiendo que no quiso comparecer ante la comisión parlamentaria que investigó estos hechos y que nadie del FA quiso integrar.
Pero también vimos a senadores del oficialismo como Javier García negarse a votar la renuncia porque no era “una renuncia sino una fuga” o a Luis Alberto Heber decir que el FA sentía vergüenza por un hecho de “esta magnitud”, como si Carrera se hubiera llevado para la casa los US$ 260 mil.
Otro claro síntoma de la campañización fue el intento por sembrar dudas sobre la fiscal. Fernado Pereira dijo que la resolución de la fiscal era “rara” que en Uruguay esas cosas no suceden en medio de una campaña "pero lo cierto es que sucedió".
El periodista Eduardo Preve informó en estos días que Porteiro es “del riñón de Ferrero” y que también era cercana a Juan Gómez. Y recordó que fue la misma fiscal que archivó, luego de reexaminar el caso, la concesión del puerto a Katoen Natie. En ese caso Porteiro coincidió con su colega Gilberto Rodríguez en que pudo haber un manejo irregular desde lo administrativo pero no la existencia de delito.
Porteiro también estuvo entre las fiscales que pidió a Ferrero ser tenida en cuenta para ocupar la cuarta fiscalía de Homicidios en mayo pasado y argumentó querer un cambio de materia, pero Ferrero designó a su colega Silvia Naupp. Y tiene desde que asumió en la fiscalía de Delitos Económicos la famosa causa de la fuga de Morabito que heredó de su colega Lackner. En ese caso es indagado el exdirector de la Policía Mario Layera, hoy asesor de Orsi. También investiga filtraciones en el uso de El Guardián por parte de policías de Inteligencia, y tiene en su poder la revisión por la denuncia archivada de Gas Sayago.
No conozco en persona a Porteiro. Sé que fue jueza en el interior y hace unos años pasó a la Fiscalía. Pero si se puede afirmar que los tiempos de la Justicia no son los políticos. Prueba de ello es que poco después de las internas se condenó a dirigentes oficialistas por casos de corrupción como ocurrió con el exintendente Caram y la exdiputada Valentina Dos Santos. Otro claro caso de corrupción del que ya te hablé en una columna anterior.
También suele ocurrir que algunas causas avanzan más rápido que otras, y aunque esto pueda generar suspicacias -siempre las habrá- hay pruebas que se consiguen fácilmente y otras que se intentan ocultar. En el caso de Carrera le evidencia fue relativamente accesible, además de que existe una grabación -divulgada por el programa Santo y Seña- en la que Carrera le pedía a Hernández no divulgar su situación y admitía que no era “ajustado a derecho”.
Por ultimo queda analizar qué efecto puede tener en la campaña la imputación de Carrera, si se concreta.
No se puede soslayar que el caso hizo ruido en el Frente Amplio que había elegido como uno de sus eslóganes de campaña –hay cartelería con la frase- “que gobierne la honestidad” y dejó al sector sin uno de sus principales senadores (iba de tres en la lista 609 y anunció que se bajará) pero por algo optaron por cortar con el problema de raíz rápidamente. Esa acción efectiva fue coronada por las palabras del líder del MPP, José Mujica, quien hizo una especie de mea culpa al lamentar la “actitud pusilánime” de sus compañeros al utilizar el Hospital Policial pese a ser civiles.
Más allá de esas consideraciones, en un país dividido por mitades resulta difícil que tenga incidencia en los convencidos, que lo único que harán es reafirmar sus convicciones sobre que estos son mejores y aquellos peores.
La duda puede estar en los indecisos, los que tienen la llave de la elección. Es difícil saberlo pero al no tratarse de una figura de primera línea, de una figura conocida, tampoco parece que vaya a haber ahí una gran afectación que mueva la aguja de los resultados.