La fiscal Sabrina Flores quiere mandar a la cárcel a un oficial por decir que nunca torturaría

Leí entonces con atención el dictamen de la fiscal Sabrina Flores, seguro de que allí encontraría las explicaciones para la aparente contradicción.

Flores es fiscal de flagrancia. Actúa en este caso, que pretende hacer justicia con las torturas que se practicaron durante la dictadura en el Fusna (Fusileros Navales) y la Prefectura Nacional Naval, porque el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, se excusó por tener un conocido implicado.

El juicio, que se sustancia según el viejo código del proceso, lleva ya una década de litigio y un expediente de más de 2.000 folios. A Corbo le tomaron declaración una única vez, en 2016. Entonces no se mencionó, ni le preguntaron nada, por el asesinato de María de los Ángeles, como si fuera un detalle que se pudiera pasar por alto. Como si no hubiera tenido la más mínima importancia en su vida y su carrera.

Corbo era apenas un alférez de fragata cuando su hermana fue asesinada por el Ejército. El trámite para que le entregaran el cuerpo se prolongó durante 30 horas. Al velorio llegaron agentes de la policía a pedirles documentos a todos los presentes. Corbo llamó al Fusna y algunos de sus colegas llegaron y echaron a los policías. En Gavazzo. Sin Piedad relata que, tras la masacre, el comandante en jefe de la Armada, Víctor González Ibargoyen, lo mandó llamar junto a su padre. Les dijo que lo ocurrido había sido una “barbaridad” producto de que “había algunos mandos intermedios que estaban fuera de control”.

Corbo siempre pensó que los asesinos habían sido los integrantes del Servicio de Información y Defensa (SID) del Ejército. Por eso se negaba a saludarlos cuando visitaban el Fusna, lo que comenzó a generarle problemas.

Los problemas se agravaron. Una vez el comandante de la unidad, el capitán de navío Carlos Guianze, reunió a todos los oficiales y les preguntó si estarían dispuestos a torturar a los prisioneros si recibieran esa orden.

Carbo dijo que no, que no lo haría. No fue el único.

Otra vez vio al capitán Néstor Tróccoli torturando a un prisionero y se quejó ante sus superiores: “Tenía a un muchacho ahí colgado, crucificado, y lo estaba apremiando. Fue la única vez que vi torturar a alguien allí. Y me quejé, porque era en mi guardia”.

Esas actitudes le valieron el recelo, la desconfianza y la animosidad de los mandos.

Corbo declaró en “Gavazzo. Sin Piedad”: “Hubo muchos oficiales que nunca metieron mano. Muchos de mis compañeros eran súper correctos, cumplían con las misiones, pero jamás se excedieron en nada. La mala fama del Fusna se la ganaron un par de tipos como Tróccoli y Larcebeau, que eran unas bestias”.

En 1976 un oficial superior se apiadó de la situación de Corbo dentro del Fusna y logró trasladarlo a la Dirección de Hidrografía. Así pudo sobrevivir dentro de la Armada el resto de la dictadura.

Oficiales retirados me han confirmado la veracidad del relato de Corbo.

En 1985, Corbo, junto con su familia, presentó una denuncia penal por el asesinato de María de los Ángeles. En la Armada, le exigieron que presentara un escrito explicando qué había declarado en el juzgado. La ley de caducidad suspendió el juicio.

En 2006 volvió a presentarse ante la justicia, junto con otros familiares.

En 2008, firmó una carta pública reclamando la extradición del coronel retirado Manuel Cordero, uno de los integrantes del SID, que estaba detenido en Brasil.

En 2020 presentó en recurso de acceso a la información pública ante el Ministerio de Defensa para obtener toda la información que pudiera haber sobre la masacre de Soca.

Son hechos públicos. No queda claro si la fiscal Sabrina Flores los conoce.

En el escrito en el cual pide el procesamiento y la prisión de Corbo por reiterados delitos de abuso de autoridad, lesiones graves y delitos de privación de libertad, la fiscal Flores se vale de dos argumentos.

El primero es el testimonio de una de las víctimas que declara, textualmente, en referencia al Fusna: “Estaba un oficial Corbo”.

O sea, es una persona que sostiene que Corbo ESTABA en el Fusna.

¡Qué hallazgo! ¡La fiscal descubrió que Corbo revistaba en los Fusileros Navales!

Queda la duda de cuál es el criterio y cuál es el delito. ¿El mero hecho de haber integrado el Fusna lo hace responsable de delitos tan específicos y dañosos como lesiones graves? Y si es así, ¿por qué la fiscal Sabrina Flores pide la prisión de solo nueve oficiales y no de todos los que también ESTUVIERON allí y en la Prefectura?

No queda claro. Pero si el mero hecho de haber ESTADO en una unidad de las Fuerzas Armadas en la dictadura, por integrarlas, es delito, bien podrían suspenderse los juicios, pedir las nóminas de oficiales y enviarlos presos a todos.

Aunque parezca imposible, el segundo argumento en el pedido de procesamiento de la fiscal Flores es todavía más desconcertante.

En el juzgado, Corbo y también el oficial Federico Lebel relataron aquella reunión en la cual el comandante Guianze les preguntó qué harían ante la orden de torturar a los prisioneros.

Los dos estuvieron entre los que tres que se negaron (Fueron Lebel, Raúl Martín y él mismo, declaró Corbo).

Aquel acto de coraje y dignidad de aquellos jóvenes oficiales es para la fiscal Flores… ¡un motivo para enviarlos a la cárcel!

Dice textualmente, en referencia a Lebel: “Aquí hay una manifestación expresa de su conocimiento y encubrimiento de los hechos”. Y sobre la actitud de Corbo ante Guianze: “Dicha declaración lo colocaría en conocimiento de la situación de maltrato físico a los detenidos”.

O sea, que un alférez de veintipocos años tuviera la valentía y el honor de cuadrarse ante su comandante y otros superiores, en plena dictadura, y le dejara en claro, a viva voz y en público, que nunca a torturaría a un prisionero ni aún recibiendo una orden superior expresa, es para la señora fiscal la prueba de un delito.

Es una lectura tan invertida, tan obtusa, tan alejada de la realidad, tan ajena al contexto en el cual ocurrieron los hechos, que tengo el papel delante de mí y me cuesta creerlo.

Lo menos que se puede decir es que la fiscal Sabrina Flores desconoce la realidad del momento que está juzgando. Alcanza con leer los párrafos dedicados al “contexto histórico” del caso, plagados de sesgos, omisiones y errores, en los hechos y en la cronología. Basta decir, por ejemplo, que cataloga el golpe de Estado del 9 de febrero como un mero “ensayo” del golpe de junio.

No fue un ensayo, señora. Fue un golpe de Estado.

Flores debería saber que muchos oficiales que se negaron a torturar fueron perseguidos en la dictadura. Se los radió, se los marginó y en muchos casos se les inventaron tribunales de honor por causas forzadas o falsas, para poder echarlos. En “Caraguatá. Una tatucera dos vidas” publiqué recientemente los detalles de un caso de ese tipo: el del capitán del Ejército Dyver Núñez, quien fue echado por no torturar. También aquellos que tenían parientes izquierdistas vivieron situaciones complejas. Corbo tuvo que cargar con ambas cruces. Pero la dignidad de haberse parado frente a su comandante y decirle claramente y con todas las letras que nunca torturaría no se la quitará nadie.

La fiscal pidió también el procesamiento y la prisión de otros ocho oficiales. No conozco al detalle sus casos. Tampoco he tenido acceso a todo el expediente. Pero si las pruebas que Flores tiene para pedir la prisión de Corbo son solo las que ha exhibido en su extenso pedido de procesamiento y prisión, quedan planteadas muy serias dudas sobre todo el resto del caso.