En días de campaña, en año de elecciones y de planes y programas genéricos por demás, el comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit, presentó un nuevo informe sobre cárceles y reafirmó la necesidad de por fin tener y cumplir con un plan estratégico, para el cual hizo varias propuestas. En días en que se discute la seguridad como tema de campaña, aunque desde hace casi dos décadas ningún color político logra bajar sustancialmente el delito y, en particular, los asesinatos, es más fundamental que nunca prestar atención al diagnóstico y las propuestas de Petit. Podemos seguir llorando por los delitos y las muertes, o podemos ir al fondo del asunto que, en buena parte, también tiene que ver con las cárceles y no solo desde lo represivo.
Desde hace 20 años la cantidad de presos va en ascenso constante. Unos mil nuevos reclusos entran a las cárceles por año cada año desde 2019. La cifra oficial marca que ya son 16.000 personas encarceladas, lo que convierte a Uruguay en el primer país en América del Sur con más presos por habitante, y entre los 10 primeros en el mundo.
¿Y qué importa, si ya están presos?, podría decir usted. Ese suele ser el primer pensamiento del ciudadano preocupado razonablemente por la seguridad. También ha sido la expresión de más de un político facilista. El problema detrás de esta mirada sesgada de la seguridad, es que nos olvidamos que los que entran en la cárcel, suelen salir más peligrosos, y reinciden en un 70% o más. Muchos, demasiados, son “entrenados” por otros con más experiencia para que vuelvan a delinquir.
El 40% de todos los presos están encarcelados con penas menores a dos años, lo que significa que no cometieron delitos graves pero igual se codean de tú a tú con expertos narcos, expertos asesinos y expertos rapiñeros. El 10% son presos con condenas de un año o menos.
Es imposible siquiera intentar mejorar la seguridad si de una vez por todas no hacemos lo que propone Petit: reorientar el debate y trabajar en base a un plan estratégico a partir de 2025, gane quien gane y pierda quien pierda. El punto de partida es crítico: las cárceles están hacinadas, porque cada vez entran más personas pero no se crean plazas al mismo ritmo. Lo anterior de por sí es terrible desde el punto de vista humanitario, pero también lo es desde un punto de vista tan práctico y directo como lo es la seguridad. Si los presos son analfabetos (casi la mitad lo son), si comen mal, muy mal (se gastan 88 pesos por día por preso en alimentación), si un gran porcentaje son adictos, si viven en la violencia y el descontrol, como señala Petit, la rehabilitación sin dudas es una “desafío complejo”. Parece ser casi una misión imposible.
Sin rehabilitación, que es mucho más que enseñarles un trabajo sino más bien una nueva forma de vida y, sobre todo, generar oportunidades reales de inserción laboral, la seguridad tan deseada no llegará. “Las muy malas condiciones carcelarias de hoy son la fuente de muchos de los delitos de mañana. No habrá seguridad pública sólida sin un sistema penitenciario técnico, rehabilitador y con recursos”, dice el Informe Anual de 2023 sobre la situación del sistema carcelario.
Esto no es novedad y Petit lo viene repitiendo informe tras informe; esta vez, en este contexto electoral, sus advertencias y sugerencias deberían calar más hondo tanto entre los candidatos como en la ciudadanía. Por ahora esto no ha sucedido. El comisionado vuelve a plantear que el proyecto estratégico sobre cárceles y personas privadas de libertad debe ser a largo plazo y debe tener apoyo político y recursos que le permitan ejecutar las acciones a lo largo de un período largo de tiempo.
No hay soluciones mágicas que mejoren la inseguridad en un período de gobierno y no las hay tampoco para intentar mejorar la situación carcelaria y así reducir la cantidad de personas que salen y reinciden. Petit ya lo ha dicho hasta el cansancio; esta vez propone que el Instituto Nacional de Rehabilitación se convierta en un organismo descentralizado, que se cree un programa nacional de atención al consumo problemático de sustancias y que se genere un fondo concursable para financiar proyectos de organizaciones sociales que puedan educar, dar servicios de salud y capacitar para el trabajo, entre otros puntos. También plantea que se creen centros de Inserción social, para que esas persona que cumplen penas cortas (casi la mitad de todos los presos) o están cerca de su fecha de liberación, puedan ser capacitadas y acompañados de cerca para que efectivamente se reinserten en la sociedad, y no en el delito.
El sistema carcelario está tan destruido que ya no se puede seguir transitando el mismo camino de a más represión más presos y más plazas carcelarias (que no las hay). Se necesitan otras soluciones y entre las que propone Petit están las medidas alternativas sólidas para delitos con penas cortas y la reducción de la reincidencia con programas y trabajo post penitenciario.
En el actual sistemas carcelario, el 43% de los presos están en cárceles “rojas”, según un sistema de calificación de “semáforo” que se describe en el informe y que determina qué lugares tienen mejores y peores oportunidades de rehabilitación, acceso a la salud y educación, entre otros derechos humanos básicos. 2023 fue el primer año en que las rojas superaron a las amarillas.
Varias organizaciones de la sociedad civil ya han comprendido que si no se apunta a las cárceles y se mejoran tanto las condiciones de vida como las de salida y acompañamiento de las personas privadas de libertad, seguir remando contra la inseguridad será una tarea inútil. La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), por ejemplo, está trabajando junto a organismos públicos y más de 30 empresas en “Liberados”, un programa que busca la reintegración a la sociedad y la restauración de la dignidad de quienes terminaron su condena. Se generan nexos con empresarios dispuestos a contratar personas liberadas, realizando seguimientos, mentorías y asesoramiento jurídico. En el Comcar, por ejemplo, cuentan con una sala a la que concurren dirigentes de empresa al menos una vez por semana.
A las personas liberadas “las contrata una empresa o las contrata un narco”, dijo este año el director ejecutivo de ACDE, Paulo Olascoaga. Su planteo es tan sencillo como contundente. Como el de Petit. Es hora de que lo entendamos y actuemos.
