De hecho, grabó un video hace unos días desde los pasillos de Cerro Norte en el que lamentó el hacinamiento en el que se vive en las viviendas de menos de 25 metros cuadrados. “Por eso el Más Barrio va a intervenir acá. Y tomamos la decisión, con el esfuerzo que significa, con la responsabilidad, con el riesgo de gobierno, de entrar acá, de entrar a resolver los problemas que este barrio tiene. No parches, no tapar: hacer. Aunque esto ponga en riesgo un montón de cosas, arriesgarnos a resolver”, decía.
El plan anunciado para febrero, que también se implementará en los barrios San Antonio, en Maldonado, Corfrisa-Talca en Las Piedras, y en las ciudades de Durazno y Rivera, se hizo esperar dos meses y desembarcó el jueves en Cerro Norte con la presencia del secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, como delegado de la Torre Ejecutiva para jerarquizarlo y demostrar que esta es la apuesta del gobierno en seguridad y convivencia.
Por sus características y cometidos, este plan es la continuidad del Siete Zonas que se ejecutó entre 2013 y 2017.
Se inició en Marconi, donde en octubre de 2012 un robo a una panadería había desencadenado una persecución policial que terminó con un joven muerto y el barrio prendido fuego. Desde allí se extendió a Chacarita de los Padres, Santa Teresa, Tres Ombúes, Cantera del Zorro, Ituzaingó (Montevideo), Vista Linda, Obelisco y Cinco Villas (Canelones).
Casualidad, o no, al inicio se llamó “Más barrio, más vida”, y luego pasó a ser el “Plan 7 Zonas”, que incluía a varios ministerios e intendencias, en procura de mejorar tres aspectos centrales: el rediseño de la infraestructura, programas sociales concretos y mejor seguridad, lo que no implicaba más policías sino efectivos más comprometidos con la sociedad, un nuevo sistema de patrullaje y unidades de combate al crimen organizado.
A través del BID se consiguió financiamiento de US$ 34 millones, 12 de los cuales se destinaron a los realojos en el barrio Ituzaingó. El resto se invirtió en la creación de espacios públicos —como plazas y centros cívicos— y en la instalación de luminarias, al tiempo que se aumentó la presencia policial y de los programas del Ministerio de Desarrollo Social en estas zonas.
Al llegar el segundo gobierno de Vázquez —con la continuidad de Eduardo Bonomi al frente del Ministerio del Interior—, se anunció con bríos que se seguiría adelante con el proyecto. Pero en agosto de 2017 el gobierno decidió ponerle fin por falta de presupuesto.
Para la continuación y extensión del plan, que hubiese abarcado barrios como 40 semanas, Lavalleja, Cerro Norte, Conciliación, Malvin Norte y Casabó, se necesitaban US$ 40 millones anuales o US$ 200 para período entero.
Los resultados que el propio Ministerio del Interior daba seis meses después, de modo un tanto apresurado y poco técnico, indicaban que en esas zonas se habían reducido en 75% los homicidios ya que en seis meses había habido solo un homicidio. Informaba, además, que las rapiñas habían bajado 43%, las lesiones graves 33% y las denuncias por violencia doméstica un 28%.
La realidad mostró que la reincidencia siguió en 60% y en 2018 se registró el aumento récord de homicidios, tras los operativos Mirador que mostraron un cambio de enfoque con una acción policial enfocada más en el “policialismo”.
Diego Sanjurjo, el actual gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior (AECA), también fue asesor en el Ministerio del Interior en el anterior gobierno y había solicitado información sobre el Plan Siete Zonas. En ese sentido dijo a El País que esas mediciones eran una “vergüenza metodológica” y que el programa fue “un fracaso” desde el punto de vista de su impacto en los delitos.
Según los datos que manejó, entre los años 2013 y 2015 no hubo una reducción significativa de homicidios, rapiñas o hurtos en ninguno de los barrios ni en zonas aledañas. Al tomar todas las zonas en conjunto, los homicidios fueron siete en 2013, seis en 2014 y siete en 2015. Los hurtos fueron 1.161, 1.731 y 1.515 respectivamente, mientras que las rapiñas pasaron de 245 a 326 y luego a 301.
Además, la evaluación que hizo el BID del plan señalaba que “su concepción e implementación fueron débiles y resultó una amalgama de intervenciones a la que los recortes hicieron naufragar”. También apuntó al fracaso por no tener programas focalizados en la prevención social del delito.
¿Aprendimos del Siete Zonas?
Este viernes en el segundo día de ejecución en Cerro Norte, el ministro del Interior Carlos Negro habló del trabajo previo que se viene haciendo en el barrio y del policiamiento inteligente que lleva más de un año de “control”, donde se han hecho decenas de operativos. Además, se refirió a la captura de criminales que controlaban la zona, como Luis Fernández Albin.
Consultado sobre cuándo se empezarán a ver los cambios en el barrio, Negro dijo que primero se hará un estudio de la zona, y se recogerá la información para empezar a implementar cambios…
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), habilitó una línea de crédito de US$ 250 millones para el quinquenio, donde la meta es actuar en 21 zonas, y se destinó un primer desembolso de US$ 50 millones para estas primeras cinco intervenciones.
Es un dato importante saber que existe financiamiento, aunque también quedan algunas dudas que los intendentes le trasladaron al Ejecutivo sobre cuánto de los US$ 250 millones de la línea de crédito de CAF estará a disposición, y qué tipo de intervención se espera de la intendencia, dado que ya comienza a ejecutar su presupuesto para el quinquenio, como contó Ramiro Pisabarro en esta nota.
Por lo que se ha visto y se ha dicho, la llegada del Más Barrio ha sido más amigable, “no a lo Bukele", según han destacado algunos funcionarios que intervienen en el Más Barrio, aunque aun existe incertidumbre.
Si bien el ministro Negro habló del trabajo que vienen realizando hace un año, los concejales le dijeron a Ramiro en esta otra nota, que están molestos con el trabajo del MPP en la alcaldía del Municipio A. Afirmaron que “no están enterados de nada” de lo que se hará y que esperan que esto no sea una “pantalla” para el gobierno.
Con el antecedente del plan Siete Zonas, su abrupto final y el tirón de orejas del BID, es de esperar que las autoridades demuestren que han aprendido.
